Los periodistas no guardan silencio
Miguel Badillo
Contralínea 540 / del 22 al
28 de Mayo 2017
21
mayo, 2017
Bla, bla, bla… Promesas, discursos
y mentiras oficiales se vuelven a escuchar sobre la cacareada libertad de
expresión que no existe en nuestro país si de periodismo se trata. En menos de
5 meses han asesinado a siete periodistas –entre otras muchas más agresiones y
violaciones–, entonces, ¿cómo pueden decir los funcionarios que el gobierno
defiende esa libertad y además la garantiza?
La libertad de expresión consiste no sólo en creer o decir que la
permiten, pues ésta es un derecho constitucional, sino en demostrar que el
gobierno instrumenta mecanismos legales, judiciales y laborales necesarios para
que se pueda ejercer plenamente y los periodistas tengan seguridad en su
trabajo diario.
En los 4 años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas
han sido asesinados, muchos más desaparecidos, secuestrados, levantados, golpeados, amenazados,
demandados, espiados y vejados en sus derechos laborales y humanos, pero en la
Presidencia de la República apenas consideran que van a tomar algunas medidas
para disminuir la violencia en contra de los comunicadores. ¿Quién puede creer
que en año y medio que les resta harán lo que no hicieron en los primeros 4
años?
La corrupción, impunidad y complicidad convierten al gobierno federal en
el principal responsable de estos crímenes. No vengan ahora a decirnos que sólo
es culpa de la delincuencia organizada y que los sicarios son los únicos
responsables y, por tanto, son ellos, y nadie más, quienes pagarán por las
agresiones en contra de los colegas de medios de comunicación.
Es esa corrupción y complicidad de los gobernantes las que dan impunidad
a políticos y a miembros del crimen organizado para cometer todo tipo de
crímenes contra la libertad de expresión, mientras que ministerios públicos y
jueces garantizan la libertad a quienes cometen esos delitos.
En 4 años y medio el gobierno peñista no ha hecho nada para respetar la
libertad de expresión y el derecho a la información, proteger a los periodistas
y prevenir las agresiones, mucho menos sancionar a quienes cometen los crímenes
contra la prensa. ¿Por qué creer entonces que en lo que resta del sexenio hará
el trabajo que no pudo o no quiso hacer hasta ahora?
O nos cuidamos los periodistas o nadie va a hacerlo por nosotros. Aunque
la verdad, por más protocolos de seguridad que apliquemos, el riesgo siempre
estará al acecho.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María
Aguilar, dice que está “conmocionado”
por lo sucedido a Javier Valdez; sin embargo, este impartidor de “justicia” nada hace para frenar la
corrupción de sus jueces y magistrados corruptos que se venden al mejor postor
y dejan indefensos a los periodistas en tribunales.
La inútil FEADLE
En una reunión con un
fiscal de la Procuraduría General de la República responsable de la protección
de periodistas, me confió que al tomar el cargo de la llamada Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
se dio cuenta de que ésta no servía para nada por varias razones: carecía de un
presupuesto suficiente para contratar equipo y personal; no había voluntad
política de Los Pinos y, aunque se había creado desde hacía varios años, no
existían expedientes ni archivos que permitieran continuar o darle seguimiento
a las investigaciones por agresiones a periodistas.
Reconocía que esa Fiscalía era una farsa, porque desde su creación en el
gobierno del panista Felipe Calderón respondía sólo a un problema de imagen y
percepción, para que la población creyera que había preocupación del gobierno
por respetar la libertad de prensa y luchar contra la violencia que padece el
gremio. La FEADLE también se creó para que los reporteros dejaran de molestar
exigiendo justicia ante tantas agresiones. Ese fiscal tiene cargo en el
gobierno.
Y si hablamos de agresiones contra periodistas, por razones obvias y
justas la preocupación se centra en los asesinatos; sin embargo, la violencia
se ha extendido a otras formas y modos de presionar a reporteros y medios de
comunicación, principalmente a los independientes y críticos, pues los otros,
los que viven alineados y responden obedientes a las llamadas del poder, para
ellos no sólo no hay violencia porque no investigan ni critican, sino que son
premiados al atascar sus páginas y espacios de publicidad gubernamental para
enriquecer a sus dueños hasta la opulencia.
Son esas otras formas de presión que también asfixian a los periodistas
que investigan al poder –sea del color que sea, como debe ser–, y cuyo
resultado ahora lo conocemos como uno de los peores momentos de descrédito
social que la prensa haya tenido en su historia, pues por lo menos antes el
control gubernamental sobre los medios era abierto y claro, pero ahora utilizan
la publicidad oficial –para premiar a sus aduladores– y las complicidades de
criminales y empresarios, para amenazar, intimidar y demandar a periodistas
críticos.
Pero la Fiscalía no es el único elefante blanco. También lo es el
Mecanismo de Protección a Periodistas, en donde burócratas sin experiencia
alguna hacen las “evaluaciones” de
los riesgos de los reporteros, cuando tienen un total desconocimiento del
ejercicio periodístico.
Ahora, el “presidente del
silencio” dispuso de tres medidas presupuestales que, dijo, servirán para
reducir el riesgo y dar protección a los periodistas, cuando lo que falta es
voluntad política para acabar con la corrupción y complicidad de los
funcionarios con el crimen organizado y castigar a todos los responsables de
las agresiones en contra de los comunicadores. Fin de la impunidad es lo que
necesitamos, señor presidente.
Puntos suspensivos… Las mujeres priístas reaccionaron con razón a las
declaraciones del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de
Coahuila, Guillermo Anaya, quien al calor de un discurso electoral dijo que “les vamos a dar puro chile a las
lideresas del PRI [Partido Revolucionario Institucional]”. Esto de inmediato provocó respuestas
y denuncias de las priístas ante autoridades electorales, a quienes exigen
sancionar a Anaya por violencia de género, calumnias y discriminación. Qué
opinaron estas mismas mujeres priístas cuando su líder máximo, Enrique Peña
Nieto, declaró hace varios meses que “no
hay chile que les
embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque
los agarramos”.
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