DOS AÑOS DE
AYOTZINAPA: LA JUSTICIA NO VENDRÁ DE LOS CULPABLES
Por Romeo LopCam
Agencia SubVersiones
27 septiembre, 2016
Este 26 de septiembre se cumplieron dos años de los trágicos
sucesos acontecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, en los que según los
informes publicados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resultaron
heridas cerca de 40 personas, al menos 6 más fueron asesinadas y 43 se
mantienen desparecidas, todas estas últimas estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, con sede en Ayotzinapa.
Fueron más de 180 las
víctimas directas, la mayoría jóvenes y varias de ellas menores de edad.
Mientras que el cálculo de las víctimas indirectas asciende a más de 700,
considerando solamente a los familiares más cercanos. Destaca también el nivel
de agresión desplegado en contra de las primeras, ya que en todo momento fueron
perseguidas y hostigadas tanto por miembros del crimen organizado, como por los
cuerpos policíacos y castrenses que supuestamente están ahí para brindar
seguridad.
La «masividad» del ataque, como la denominó el propio GIEI, sorprendió
a mucha gente dentro y fuera de nuestras fronteras, dando pie a que surgiera
una ola de indignación en contra del Estado mexicano, que se ha visto
continuamente rebasado en su capacidad de atender los reclamos de justicia que
han lanzado las familias de las víctimas. No ha habido hasta ahora una sola
respuesta satisfactoria para estas en las conclusiones a las que ha llegado la
Procuraduría General de la República (PGR), cuyos funcionarios antes que
esclarecer han ensuciado el caso, con hipótesis destinadas a ocultar el hecho
de que como dijera el ex titular de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, «Ayotzinapa
sí fue un crimen de Estado».
Consulta los informes
del GIEI sobre el caso Ayotzinapa:
Resumen
Ejecutivo, Informe Ayotzinapa. (PDF)
Informe
Ayotzinapa:
Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los
normalistas de Ayotzinapa. (PDF)
Informe
Ayotzinapa II:
Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las
víctimas. (PDF)
Son muchas las dudas que
aún se mantienen abiertas luego de que el riguroso trabajo de los expertos
independientes cuestionara la «verdad
histórica» esgrimida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en
aquella tristemente célebre conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014.
La mayoría de sus afirmaciones hoy se han derrumbado y la actual procuradora,
Arely Gómez González, solo atina a contestar generalidades cuando se le
cuestiona sobre el caso, mientras los estrategas del gobierno federal se
limitan a acotarlo al ámbito municipal, minimizando y a la vez justificando la
actuación del ejército y la policía federal dentro del mismo.
La mayor incertidumbre por
supuesto sigue siendo: ¿dónde están los 43 normalistas
desaparecidos? Recientemente la PGR anunciaba que, siguiendo una de las
recomendaciones del GIEI, se iniciaría su búsqueda en 40 fosas clandestinas.
Considerando que se sabe de la existencia de muchas de éstas desde los primeros
meses posteriores al ataque, que esto suceda casi dos años después de que los
estudiantes fueran entregados a miembros del crimen organizado por policías
municipales de Cocula (y aparentemente también de Huitzuco), denota un grado de
indolencia atroz.
Por todo ello no es
extraño que tanto los familiares como todas aquellas personas que se han
solidarizado con su dolor, no confíen en el gobierno para encontrarlos, pues su
conclusión es que éste sólo ha atinado a montar simulaciones en las que se
elude la responsabilidad de la mayoría de los funcionarios involucrados, a la
vez que se intenta criminalizar a las víctimas para culparlas de su propia
desgracia. Las principales respuestas
sobre el caso no han venido —ni vendrán— del Estado mexicano.
La vocación
represiva del sistema político mexicano
El nivel de aprobación del actual gobierno está por los
suelos, incluso las encuestas levantadas por medios normalmente
condescendientes con este así lo indican. Opinócratas
de todos los colores explican el hecho haciendo referencia a: la subida del
precio del dólar; el pésimo desempeño del gabinete económico; la constante
subida en los precios del gas, la gasolina y la luz; los escándalos de
corrupción como el de la Casa Blanca, o el plagio en la tesis de licenciatura
del hoy presidente; y la torpe invitación que se le hizo al candidato
republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.
No muchos de ellos abundan
sin embargo, en el hecho de que por lo menos aquellas situaciones que competen
al tema económico son consecuencia directa de una serie de reformas
estructurales de carácter regresivo, tales como: la laboral, la energética, la
hacendaria o la educativa; que se han venido fraguando desde varios sexenios
atrás, en gobiernos encabezados tanto por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), como por el Partido Acción Nacional (PAN), en tanto el
resto de los partidos jugaban a la oposición, cuando en realidad eran poco más
que comparsas.
Consulta el informe de
la CIDH: Situación de derechos humanos
en México. (PDF)
Y todavía menos son los
que aluden a la grave crisis en materia de derechos humanos en la que está
sumido el país como fuente directa del descrédito que afecta al actual
gobierno. Lejos de aminorar con la mal llamada «transición democrática», la vocación represiva del sistema
político mexicano se agudizó, al tiempo que entró en una etapa de cierto
descontrol. Hay más continuidad que ruptura entre las presidencias de Gustavo
Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Partillo, Miguel de la Madrid, Carlos
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Prueba de ello es que la
historia del México contemporáneo puede muy bien reconstruirse a partir de sus
represiones y masacres. Desde la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco en
1968, pasando por las de Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997, El Charco en
1998, Atenco en 2006, Oaxaca en 2006, Ayotzinapa en 2014 y Nochixtlán en 2016;
los métodos utilizados por el Estado mexicano para acallar a sus voces
disidentes y controlar a la población, no han dejado de recrudecerse. Y es que
el proceso de «modernización económica»
ha requerido de un aparato represivo brutal e implacable.
La justicia
no vendrá del Estado represor, sino del pueblo
A cuatro años del regreso del PRI, los malos augurios se han
cumplido. El 28 de mayo de 2012, Trinidad Ramírez, luchadora de San Salvador
Atenco, confrontó a Enrique Peña Nieto en el marco de las reuniones con los
candidatos que organizara el Movimiento por la Paz. Ahí, sin tapujos le dijo:
Esto es lo que el PRI representa. Ustedes tratan al pueblo y
sus líderes como delincuentes. Lo hicieron en 1968 y en 1971, en las masacres
de Aguas Blancas y Acteal. No importa cuánto quieras deslindar, ese es tu
partido.
Lo que tú representas es un gobierno prepotente y
violento, incapaz de aceptar la crítica y acostumbrado a imponerse por la
fuerza y la manipulación. Tu campaña es un peligro para esta nación, sobre todo
para los pueblos y para cualquier espíritu crítico y honesto.
No venimos a pactar, sino a señalarte y decirte
que sabemos que la justicia no vendrá de ustedes, los represores, sino del
pueblo.
Y es esta certidumbre
presente hace mucho tiempo en los movimientos sociales, la que poco a poco ha
empezado a extenderse hacia el común de la población, sobre todo a partir de lo
sucedido a los normalistas de Ayotzinapa, lo cual para muchas personas
significó un punto de no retorno. Pero todavía está por verse si toda esa
indignación va a encontrar los caminos para acceder a una justicia verdadera,
en donde se expongan todos los engranes y resortes que mueven a este Estado
criminal.
