martes, 7 de marzo de 2017

SAN QUINTÍN, BC: JORNALEROS AGRÍCOLAS, ESCLAVITUD SIN CADENAS EN MÉXICO.

 
Cada que se coman una fresa piensen en el esfuerzo, en el sufrimiento de los jornaleros
Juliana Fregoso
03 abril, 2015
El caso de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, nos remite al “México profundo”, aquel que nunca se ha ido porque en el país se sigue practicando la esclavitud en distintas formas. Esta esclavitud sin cadenas poco refleja del país moderno que se intenta vender en los discursos oficiales; sólo nos muestra que, simple y sencillamente, seguimos siendo una nación subdesarrollada.
“Cada que se coman una fresa piensen en el esfuerzo, en el sufrimiento de los jornaleros”. Con esta frase, Fidel, un jornalero de los campos de San Quintín, en Baja California, lanzó un mensaje sobre cómo en un México que se precia de ser moderno y una de las economías más avanzadas del mundo, se sigue practicando la esclavitud. Tal vez no en la misma forma que en siglos pasados, pero sí en otras figuras como la trata o la de los trabajadores del campo.
San Quintín no destapó la cloaca porque simple y sencillamente la figura del jornalero siempre ha estado ahí, pero es uno de esos casos en los que todos quieren hacer como que no los ven y no los oyen o incluso habrá quien diga que los 100 o 120 pesos que reciben por jornadas de 12 horas en los campos de fresa son más que un salario mínimo.
En este caso no sólo es la paga sino también las condiciones de explotación, inseguridad e insalubridad en las que viven estos trabajadores agrícolas y sus familias. Permitir que en el país aún se sigan dando casos como éstos es remitirnos al “México profundo” que realmente nunca se ha ido, a ese México en el que los trabajadores henequeneros eran azotados a latigazos, a ese México en el que los trabajadores cañeros viven en barracas, sin baños y a merced de una serie de enfermedades. En pocas palabras, un México que no se refleja en el discurso oficial de reformas estructurales, progreso y la búsqueda de acceso a las mejores tecnologías.
El más reciente Informe Global sobre Esclavitud en el Mundo ubica a México como el cuarto país de la región con el mayor número de personas que viven en esta situación, con aproximadamente 267,000.
La esclavitud en territorio azteca es más alta que en países como Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, por mencionar algunos. El mismo documento detalla que la población más vulnerable a esta condición son los niños, quienes no sólo son usados para trabajos domésticos o tráfico de drogas, sino también para las labores en el campo.
Para la UNICEF, los hijos de los jornaleros son un grupo especialmente vulnerable. Cifras del organismo revelan que 44% de los hogares de trabajadores agrícolas tenían al menos un niño o niña, quienes aportaban en promedio 41% del ingreso familiar.
Un elemento que hace más vulnerable a este segmento de la población es que 44.9% de las familias jornaleras, en las que el trabajo infantil es una constante, son indígenas que poco conocen sobre la entidad a la que van a viajar.
Antes de San Quintín, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a 200 jornaleros de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero que trabajaban en condiciones “inhumanas” en el municipio de Comondú, en Baja California Sur.
Los trabajadores y sus familias vivían en chozas provisionales elaboradas con ramas, hules y costales, en medio de basura y lodo, con poca agua y baños sucios.
En 2013, gracias a una denuncia anónima, la misma STPS rescató en los municipios de Atenguillo y Mascota, Jalisco, a 15 adultos y 30 niños que vivían en chozas construidas con palos y plásticos negros sobre la tierra, sin drenaje ni letrinas, sin agua potable ni luz eléctrica. Todos trabajaban en la pizca de chile.

Ahora que los movimientos de la sociedad civil están de moda, tal vez no sería mala idea que los consumidores empezaran a boicotear los productos de aquellas empresas que explotan, humillan y, en no pocos casos, abusan sexualmente de los trabajadores del campo. Tal vez cuando el efecto llegue a los bolsillos de las compañías, el tratar mejor a los jornaleros no les parecerá tan mala idea.

Más allá de la crisis en San Quintín

Juliana Fregoso

28 abril, 2015
El paro de jornaleros en el Valle de Baja California es una señal de alerta que puede tener consecuencias más allá de lo que significa un conflicto laboral. Se trata de una crisis que involucra desde el respeto a las garantías de los trabajadores del campo hasta el derecho constitucional de los mexicanos a la alimentación. Si las autoridades correspondientes dejan que esto crezca, el precio lo pagarán millones de mexicanos.
El fin de semana los jornaleros de San Quintín, en Baja California, anunciaron un paro indefinido de labores, luego que sus patrones se negaran a pagarles 200 pesos diarios, es decir, alrededor de 1,000 pesos a la semana o 4,000 pesos por mes, lo que los dejaría por debajo del ingreso ideal de 6,000 pesos mensuales que alguna vez describió el ex secretario de Hacienda y Crédito Público Ernesto Cordero como una media perfecta para que una familia viviera con comodidades.
Pero lo que no se ha visto o analizado es que este problema va más allá de lo que pasa en el valle bajacaliforniano o en las historias de terror detrás de los jornaleros que son explotados en 19 estados del país.
La ecuación es muy sencilla: si no se mejoran las condiciones de la gente que trabaja en el campo, pronto no habrá quien haga esas labores, lo que podría agudizar la insuficiente producción de alimentos que se requiere para darle de comer a los 122.3 millones de personas que habitamos este país –según el último conteo del Banco Mundial (BM).
La consecuencia inmediata de una falta generalizada de productos agrícolas sería un alza generalizada de precios, un lujo que no nos podemos dar en un México en el que 53.3% de la población no tiene acceso a la canasta básica y en el que un kilo de uva blanca alcanzó este fin de semana un precio de 113 pesos en algunos supermercados de la capital del país.
La autosuficiencia alimentaria para un país no sólo es una cuestión de economía sino también de justicia social, ya que el derecho a la comida lo establece la Constitución; sin embargo, desde hace más de tres décadas la Carta Magna se convirtió en letra muerta, en lo que a este punto se refiere.
Habrá quien le eche la culpa a la falta de tecnología, otros a la globalización y, por supuesto, también al clima y la mala suerte, pero lo cierto es que México está muy por encima de la línea de importación de alimentos que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es de 25%.
Actualmente compramos al exterior 45% de los que se consume, es decir, casi la mitad de lo que comemos los mexicanos viene de otras naciones.
A mediados de los noventa, cuando apenas entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México importaba algo así como 1,800 millones de dólares en alimentos, alrededor del 10% de lo que se consumía entonces. Para 2013 la cifra había crecido hasta 24,000 millones de dólares anuales. Y de continuar a este ritmo, distintos estudios prospectivos alertan que en 19 años podríamos llegar a los 250,000 millones de dólares.
Los números hacen que a cualquiera se le pongan los ojos cuadrados, sobre todo si se toma en cuenta que en 2013 la bolsa del BM para dar ayuda sanitaria era de 8,700 millones de dólares para 65 países.
Tan sólo en el caso del maíz, un grano del que México es lugar de origen y que sirve para medio alimentar a las familias pobres del país, el gobierno compra 30% de lo que se consume cada año, y aunque en los mercados de futuros el precio ha ido a la baja, en el 2030 un kilo de tortilla tal vez podría costarnos lo mismo que un kilo de pollo.

El tema de San Quintín abre muchos frentes para las distintas autoridades, y ya hace tiempo que nos dimos cuenta que la importación no es la solución para calmar el hambre. El tema de este valle en Baja California, si no se atiende como debe ser, puede convertir en una bola de nieve que crezca y al caer se lleve a su paso a funcionarios de todos los niveles.
En San Quintín quieren cambiar el modelo sindical agrícola
Juliana Fregoso
06 marzo, 2017
El nuevo Sindicato de Jornaleros Agrícolas de San Quintín abre la discusión sobre el tipo de gremio que es necesario en México para sacar a los trabajadores del surco de su ancestral pobreza e historia de violaciones a sus derechos fundamentales.
El cambio va más allá de agruparse; también tiene que ver con el modelo de campo que tenemos y el tipo de empresario que encabeza las empresas del sector agrícola.
Hace unas semanas, en un conversatorio junto con el líder sindical de los jornaleros agrícolas de San Quintín, en Baja California, en la Fundación Friedrich Ebert México, analizábamos el rumbo que debe tomar el movimiento campesino para solucionar las condiciones de pobreza, marginación y explotación que históricamente han vivido los 3.5 millones de jornaleros agrícolas que hasta 2013 estaban contabilizados en el país, según un diagnóstico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El modelo de sindicato, tal y como existe ahora, tal vez no sea lo más adecuado para darles certeza y mejores condiciones de trabajo al 90% de los jornaleros que desarrollan sus actividades sin un contrato formal, al 72.3% que gana por jornal o día de trabajo, y al 23.8% que recibe su pago a destajo.
Se necesita un modelo que no solamente recupere el respeto a sus derechos humanos sino que les garantice el acceso a la seguridad social, principalmente por la exposición que continuamente tienen a los químicos.
Pero también un modelo que no permita el trabajo infantil en el campo. Para muchas familias de jornaleros, el hecho de que los niños, en lugar de trabajar, tengan que ir a la escuela para terminar al menos la educación básica, seguramente representará una gran pérdida en el ingreso familiar, pero sólo de esta manera puede romperse con un ciclo de explotación y marginación que, en algunos casos, ha derivado en situaciones de esclavitud como se vio en Jalisco y Guanajuato.
Muchos dirán que si los niños siguen estudiando, ya cumplida la mayoría de edad no querrán trabajar en los campos; efectivamente, la posibilidad existe, lo que lleva a plantear un modelo que va más allá de la sindicalización.
Se trata de un modelo que no sólo garantice el respeto a los derechos laborales del jornalero, sino también su profesionalización y el acceso a la tecnología por parte de las empresas para las que trabajan.
Eso nos lleva a un nuevo modelo de campo, que sea casi equiparable a las famosas “farmers unions” de Estados Unidos o las grandes empresas del sector agropecuario.
Llegar a esos niveles, tanto de un lado como del otro puede llevar décadas, y aunque en el caso de San Quintín su afiliación es la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) –que agrupa a sindicatos independientes–, esta organización también necesita una revisión exhaustiva en cuanto a las condiciones de trabajo que negocia con sus agremiados.
Lograr una transformación de los sindicatos y del sector agropecuario en general, al menos en el mediano plazo, es como entrar a un laberinto en el que siempre saldremos al mismo lugar, simple y sencillamente porque esta búsqueda lleva sexenios enteros sin que se llegue a una salida distinta.
Según su líder, Lorenzo Rodríguez, el Sindicato de Trabajadores Jornaleros de San Quintín no se dejará comprar por el mejor postor, ha puesto una serie de candados para que sus representantes no se eternicen en los puestos y están haciendo una serie de alianzas con organizaciones similares de Estados Unidos, a fin de conseguir mejores condiciones laborales para sus agremiados.
Se les reconoce, primero, el hecho de que estén unidos y hayan llegado a un consenso; segundo, que se salgan de la caja y tengan la inquietud de conocer otros modelos de sindicatos de jornaleros, también el que busquen cambiar la mentalidad de la gente que trabaja en el surco. La pregunta es: ¿quién va a cambiar el modelo de campo mexicano que los mantiene en la situación de vulnerabilidad que los llevó a iniciar todo un movimiento en 2015?
Por otra parte subrayó que en México se estima que 405,712 familias están en permanente movimiento entre sus zonas de origen y las zonas a las que migran.
La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO), realizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2009 en el país, señala que cerca de 2 millones 40,414 personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República Mexicana.

La encuesta también señala que tres de cada cinco, es decir, 58.5% de jornaleros agrícolas que migran, provienen de municipios de muy alta o alta marginación, que se encuentran principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y en menor proporción en Chihuahua, Durango, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit.

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