PUEBLOS DEL ISTMO: LA CREACIÓN DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES ES LA VALIDACIÓN DE POLÍTICA DE DESPOJO
Comunicado
de prensa de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en
Defensa del Territorio
Fuente: Articulación en Defensa del Territorio
Centro de Medios Libres
18 marzo, 2017
Juchitán de Zaragoza, 17 de
marzo de 2017.- A manera de presentación se compartió lo que es la
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del
Territorio APOYO, “se trata de diversos
pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques
del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros
territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal,
decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la
vida, la tierra y el territorio”.
Se informó también que el
día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el
Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “mas de 1800 personas de los municipios de Chahuites,
Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco
Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.
Seguidamente el abogado
explicó “el amparo colectivo regional
interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los
pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que
se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su
consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de
instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este
megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la
región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar
garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en
materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción
constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos
de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre
determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.
Un integrante de la
Articulación recordó que “desde hace
varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques
eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales
vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para
una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683
MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica
actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900
aerogeneradores en 22 parques eólicos.
También se afirmó que la
segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la
primera fase “con promesas de desarrollo
y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”;
sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de
presencia son: “acaparamiento de miles de
hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y
marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción
agrícola e incremento del crimen organizado”.
En cuanto a los beneficios,
se precisó que han sido mínimos, “nada de
la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que
es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras.
Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si
quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos
indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos tan
sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos.
En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al
ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el
CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de
la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.
Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la
población campesina de comunidad es como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre
otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha
decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”. También
se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que
riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el
ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se
encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.
Otro integrantes agregó que
existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad
con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de
confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos
pobladores. Esto ha sido mas visible en comunidades como San Francisco del Mar,
Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd.
Ixtepec”.
Se concluyó que la segunda
fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas
Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos
que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo
benefician las empresas privadas. “La ZEE
busca impactar su ‘estrategia de desarrollo’ justo donde la presencia de los
pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca
tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la
región del Istmo es la validación de una política económica de despojo”.
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