lunes, 14 de noviembre de 2016

OSTULA: LA SEGURIDAD COMUNITARIA NO ES TEMA DE NEGOCIACIÓN

Por Rafael Camacho
Agencia SubVersiones
13 de noviembre de 2016/
Hace ya varios meses que a través de diversos comunicados, autoridades de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, así como habitantes, Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, han denunciado una escalada de violencia en la región costa-sierra del estado de Michoacán.
Dicha escalada, señalan, se debe principalmente a la reagrupación de células del crimen organizado vinculadas con los Caballeros Templarios, cártel que después de la retirada provocada por el surgimiento de los Grupos de Autodefensa en 2013 y 2014 se ha visto nuevamente fortalecido desde la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura del estado. El plan de seguridad pública, cuya primera medida había sido la implementación del Mando Único en el estado hace poco más de un año, se ha revelado de hecho un rotundo fracaso.
A la par del aumento de la violencia, se ha registrado también un alza en el hostigamiento que realizan la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía de Michoacán en contra de la comunidad de Ostula y las comunidades aledañas. El evidente reacomodo de fuerzas y las órdenes de aprehensión contra el comandante comunitario y Director de Seguridad en el municipio de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, y del Director de Seguridad en el municipio de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, han encendido las alertas en las comunidades y en la región.
Imágenes de los bloqueos realizados por la comunidad de Ostula durante diciembre de 2015 para exigir justicia por el asesinato de un menor en manos del ejército mexicano, y la liberación del comandante Cemeí Verdía, quien fue liberado el 24 de ese mes. Fotografías por Regina López.
Pobladores, Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila, así como de Coahuayana y Chinicuila, han iniciado desde el 2 de noviembre pasado una serie de acciones, entre las que destacan la toma de las alcaldías de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, así como un bloqueo permanente en la carretera federal 200.
No está en negociación nuestra seguridad comunitaria, pues son los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción, los que hablan por nuestra determinación irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y comunidades. No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine.
Con estas palabras –extraídas de uno de los comunicados recientes firmado por las Comunidades Indígenas de Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla– el Consejo Ciudadano de Seguridad de Coahuayana y las Autodefensas del municipio de Aquila, no dejan dudas sobre cuál es la intención y firmeza de los firmantes. Y continúa:
Exigimos una señal de que el gobierno del estado de Michoacán y el gobierno federal tienen disposición de abonar a la paz y la seguridad y no por el contrario abonar a que los templarios regresen y se apoderen de la vida de todos nosotros.
Ante esto y después de varias reuniones con comisiones sin carácter resolutivo enviadas por el gobierno de Michoacán, el día 11 de noviembre se llevó a cabo una mesa de negociación, donde acudió el Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien lejos de buscar soluciones reales a las demandas establecidas en un pliego petitorio de seis puntos, amenazó con usar la fuerza pública si no se retiraba el bloqueo en la carretera federal 200.
Imágenes de los bloqueos y la toma de casas de gobierno realizados por las comunidades Indígenas de Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Coahuayana y las Autodefensas del municipio de Aquila. Noviembre 2016.
Es importante señalar que al mismo tiempo que se llevaba a cabo la mesa de negociaciones en Aquila, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, declaró ante diversos medios de comunicación que detrás de los bloqueos de Aquila y Coahuayana podrían estar implicadas «células delincuenciales que tratan de revivir y operar movilizando gente».
Las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán demuestran, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia del conflicto y sus actores, y en el peor, un claro intento de confundir a la población y justificar el uso de la fuerza pública; una estrategia de gobierno que busca culpar a las víctimas y denunciantes, a la vez que hace caso omiso ante el fortalecimiento y avance de los agresores.
Ya sea por ignorancia, malicia, estrategia o todas estas condiciones juntas, tachar de criminales a los pueblos organizados es una muestra de la nula capacidad que tiene el gobierno para resolver sus demandas, a la vez que manda una señal peligrosa sobre la forma en que puede intervenir en un conflicto social en el que hay comunidades armadas de por medio.
LOS VERDADEROS CRIMINALES
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Templarios, policía, ejército, marina: en alianza criminal para someter a los pueblos de la Costa-Sierra de Michoacán
Germán Ramírez, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y Director de la Policía del municipio de Aquila, señala en entrevista telefónica que «los Templarios no se reorganizaron, ellos ya estaban organizados desde antes, son una organización criminal que aún cuenta con mucho poder en varias regiones y sólo estaban esperando las condiciones para salir de nuevo con mayor presencia».
Estos son los nombres y apodos de algunos de los criminales señalados como los principales responsables de la reorganización de los Templarios en la región:
Federico González, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias el Chacal, son señalados como los autores intelectuales de los 34 asesinatos y las seis desapariciones ocurridas en la comunidad de Ostula entre los años 2010 y 2015. Lico también es señalado como el autor intelectual de la emboscada contra Cemeí Verdía el pasado 25 de mayo del 2015, que derivó en un enfrentamiento entre comunitarios y miembros del crimen organizado, en el que perdieron la vida Reginaldo Rodríguez, comandante de la Policía de Ostula, y Miguel Sandoval, comandante de la Policía Comunitaria de la cabecera municipal de Aquila, además de seis miembros del crimen organizado.
A Jesús Cruz Virrueta, alias el Chuy Playas, se le vincula con el atentado del pasado domingo 16 de octubre en contra de policías y autodefensas de San Pedro Naranjestil, donde siete elementos resultaron heridos. También es señalado como el responsable del asesinato de los policías auxiliares Juan Cruz y Luis Olazcon, quienes fueron «levantados» el pasado 24 de octubre en la encargatura de San Juan de las Palmeras y encontrados horas después calcinados y con impactos de balas en el paraje de La Parota.
Fernando Cruz Mendoza, alias el Tena, es un reconocido lugarteniente del cártel en la región de Tierra Caliente; fue considerado en su tiempo mano derecha de Nazario Moreno, alias el Chayo, líder fundador de los Caballeros Templarios. José María Cruz, alias el Tunco, otrora jefe de plaza en el poblado de Tizupan, junto con Sergio Mendoza Ontiveros, alias el Ñao, están vinculados con el incremento de la violencia en la zona de Huahua y Caleta de Campos.
Juan Hernández Ramírez, originario de Maruata y ex presidente municipal de Aquila, y José Antioco Calvillo García, alias el Profe, originario de Cachán, fueron detenidos por estar vinculados al atentado del 25 de mayo de 2015. Después de la detención, Antioco Calvillo confesó haber participado en varias reuniones donde planearon el asesinato de Cemeí Verdía y el usufructo de concesiones mineras en la región de Aquila. Entre los participantes de dichas reuniones destacan Juan Hernández, los Viagras (célula del crimen organizado en la región) y Adolfo Eloy Peralta Mora, alias el Yanki, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán y gente de confianza del entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo.
CONFESIÓN DE ANTIOCO CALVILLO
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Los Tejemedios
Publicado el 8 de junio de 2015
Antioco Calvillo ex-líder de las autodefensas en Huahua confiesa haber participado en reuniones con el expresidente municipal de Aquila y con el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Adolfo Eloy Peralta Mora alias el "yanki" y Los Viagras donde planearon el asesinato de Semeí Verdía y el usufructo de concesiones mineras en la región de Aquila.

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