sábado, 5 de noviembre de 2016

LA DERIVA ‘ORTEGUISTA’ DEL FSLN: autoritarismo y neocolonialismo en el simulacro electoral

Por Valentina Valle y Michelle Carrère
Colaboración
Agencia SubVersiones
04 noviembre, 2016
Jackson Javier Montiel es un joven nicaragüense que salió de Somotillo, en el departamento de Chinandega, en noviembre de 2010. Después de un mes llegó a la frontera entre México y Estados Unidos y allí pidió por teléfono dinero a sus padres, para «pagar el coyote y pasar del otro lado». Tras esta última llamada, su familia nunca volvió a escuchar de él. En 2015, Gonzalo Montiel Matuguadalupe-21te, su padre, se sumó a la caravana que el Movimiento Migrante Mesoamericano organiza cada fin de año para buscar migrantes desaparecidos. En aquella ocasión le preguntamos sobre la situación en Nicaragua, Gonzalo respondió seguro que «la obra del presidente actual ha sido muy buena, el pueblo está consciente, que ha sido beneficiado con muchos proyectos, en el trabajo, en el campo, en la educación y para los jubilados que ahora tienen una pensión, aunque reducida». El Canal Interoceánico, según Gonzalo, es una «oportunidad para emplear bastante mano de obra y avanzar en el desarrollo y si hay personas que se han resistido son pocos, y el gobierno está haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento, pagándoles las tierras a un precio justo o permutándolas».
«Vamos por buen camino», concluye Gonzalo con la mirada fija, como si estuviera leyendo uno de los carteles multicolores que plagan las calles de su país. La pregunta: ¿entonces por qué Jackson Javier se fue, si en Nicaragua el futuro es tan prometedor?, queda en el aire.
A pesar de los datos positivos del Banco Mundial (BM) al destacar el país «por mantener niveles de crecimiento superiores al promedio de América Latina y el Caribe» y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que declara el cierre de sus oficinas debido al «éxito que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento», en el Panorama Social de América Latina 2014 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Nicaragua sigue figurando como el segundo país con más pobres de América Latina, con un porcentaje del 58.3% de pobres y un 29.5% de indigentes; datos nefastos superados sólo por Honduras.
Además, el país presenta los peores porcentajes de pobreza multidimensional con un 74% en la medición de este índice que, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conjunto con la Universidad de Oxford, permite identificar las personas más vulnerables, los aspectos en los cuales se ven privados y las interconexiones entre estas privaciones. Si se desglosan los datos según la zona de residencia (rural o urbana), resulta que el 94% de los pobladores de áreas rurales están en situación de pobreza multidimensional, contra un 59% en las áreas urbanas.
Para enfrentar esta situación, en el mismo reporte se lee que la inversión nicaragüense en gasto público social está por debajo del 15% del PIB, muy insuficiente si se compara con el 40% de Cuba y el 25% de Brasil y Argentina. Esto, a pesar de la retórica asistencial-populista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que insiste en los valores cristianos y solidarios de la República. De la misma manera, el 30.2% de jóvenes, que constituyen el grueso del electorado y hacen de Nicaragua el país con más jóvenes de América Latina junto con El Salvador, se ve beneficiado con una inversión social sólo del 1.4% del PIB, muy por debajo del 2.6% de la media latinoamericana.
En este contexto, resulta bastante claro como el espejismo de un Canal Interoceánico capaz de duplicar el PIB nacional y generar alrededor de 250 mil empleos haya sido utilizado para distraer la atención nacional de las reales problemáticas del país. Además de ser una excelente cortina de humo para encubrir el enésimo proyecto de neoextractivismo progresista, que se suma a las miles de iniciativas de semejante índole diseminadas por toda América Latina.
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El neoextractivismo progresista
Según Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) en Montevideo, Uruguay, el neoextractivismo progresista es «un modelo diferente de los propuestos por los gobiernos conservadores, pero de todos modos basado en la misma explotación masiva de la naturaleza, en las economías de enclave y en una inserción global subordinada». En su texto Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo, el investigador analiza el cambio en la nueva izquierda latinoamericana que, después de alcanzar el poder gracias a los movimientos sociales con los cuales pretendía compartir demandas de equidad y justicia, ha regresado a un modelo exportador y explotador, aunque con una presencia más activa del Estado y tal vez renegociando contratos, regalías o tributos.
Así, en la Nicaragua neoextractivista de Ortega, el Canal Interoceánico se configuraría como el enésimo proyecto propuesto por una izquierda progresista y presentado como motor del crecimiento económico y contribución clave para impulsar el desarrollo. Un desarrollo que, además, no llevaría el sello de Estados Unidos sino de China y que, en línea con el discurso bolivariano, pondría un alto a la injerencia del “gigante del Norte” en los asuntos internos del país. Sin embargo, según Adrián Uriarte, coordinador de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas de la Universidad de Ciencias Comerciales de Managua, se trataría solamente de una fachada, puesto que «[los Estados Unidos] no van a permitir que desplacen su hegemonía, lo más seguro es que el canal ni se haga, porque sólo se sabe que hay una ley, un montón de reglamentos y normas que afectarían a mucha gente, pero, en concreto, no hay nada». El “gigante del Norte” mantendría así un perfil bajo, buscando un diálogo con este gobierno que, en público, ostenta un modelo de populismo responsable y un discurso antineoliberal, mientras, en privado, no cambia sus redes de negocio.
Desde un punto de vista político, Uriarte enlaza esta estrategia con el «neocolonialismo del ALBA» –la Alianza Bolivariana para América Latina– con una participación extraordinaria de Venezuela, Cuba y Rusia. El ex presidente Chávez habría sido un actor clave para proporcionar el capital necesario para desarrollar «una política asistencialista que sin este dinero nunca se habría podido cumplir». Los casi dos mil millones de dólares que Venezuela ha invertido en Nicaragua desde 2008 hasta el primer semestre de 2015, serían la fuente de las fiestas barriales, de las procesiones religiosas y las celebraciones de santos patronos organizadas en conjunto con la Iglesia y financiadas por el Partido; de las piñatas para los niños y del Internet para los adolescentes.
Entonces, si por un lado, los petrodólares bolivarianos permitieron «ganar los corazones y las mentes de los nicas», por el otro, Cuba habría proporcionado la herramienta para hacerlo de la mejor manera, exportando su organización de control barrial, municipal y departamental; mientras Rusia habría constituido el referente del poder militar. Una hipótesis confirmada por la compra de cincuenta vehículos blindados a un costo aproximado de 80 millones de dólares, ocurrida el pasado mes de abril. La noticia causó mucha sensación, aunque en realidad se trataba sólo de la última tanda de un arsenal militar constituido por sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, helicópteros Mi-17V-5 y lanchas patrulleras.
Desde un punto de vista emotivo, los puntos fuertes habrían sido, en cambio, un discurso enfocado en los valores cristianos que guían esta Nicaragua segura, distanciada de la violencia extrema del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) y una serie de metodologías lúdicas que incluyen música, conciertos, entretenimientos y deportes, en su mayoría dirigidos a grupos jóvenes de áreas marginales donde «no se resuelve el tema del empleo, de la educación, de la salud pero en cada parque hay Internet Wi-Fi para conectarse a Facebook», concluye Uriarte.
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El «súper poder» del Frente
En la «Nicaragua cristiana, socialista y solidaria» anunciada por los afiches de Daniel Ortega, la separación de los poderes del Estado, principio fundamental de la democracia, es cuento de otra nación. Periodistas, políticos y activistas de derechos humanos nicaragüenses han denunciado un régimen autoritario donde la excesiva concentración de poderes en el ejecutivo es su primera evidencia.
El pasado 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia invalidó la candidatura de la coalición opositora, para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, dejando a Ortega como único candidato. Días antes, el presidente había señalado tajante que no habrá observadores internacionales durante el proceso: «observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países»
La negación a la posibilidad de realizar elecciones transparentes, libres y competitivas ha conmocionado al país. Ya no hay dudas sobre la ambición de Daniel Ortega de perpetuarse en el poder; y el mal recuerdo de la dictadura de Somoza merodea como un verdugo en la frágil democracia nicaragüense.
Estos acontecimientos son el jaque mate de una partida de ajedrez hace tiempo controlada por el presidente. La dominación ejercida sobre el Consejo Electoral fue demostrada en 2008, cuando a través del fraude electoral municipal, el orteguismo logró posicionarse como un proyecto hegemónico. De igual manera, el control sobre el poder judicial ya había sido de conocimiento público, en repetidas ocasiones, a través de escándalos de corrupción.
Un estudio realizado en 2012 por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) señala que «sólo un 2,5% de los 444 funcionarios judiciales han sido nombrados por concurso. Los demás han sido nombrados directamente» y agrega que «la existencia de bancadas partidarias dentro del órgano supremo del Poder Judicial ha sido un fenómeno negativo que ha afectado, y en algunas ocasiones paralizado, no sólo el quehacer de la Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial»[1].
Por otra parte, de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional de Nicaragua, órgano unicameral encargado de ejercer el poder legislativo, 69 son del FSLN; una mayoría absoluta, si se considera que 60 son los votos necesarios para aprobar una ley. En junio de 2013, la prensa nicaragüense dio a conocer la destitución de la diputada oficialista Xochilt Ocampo luego de que ella se negara a votar en favor de la concesión del canal. Una prueba contundente de lo que María Teresa Blandón llama Frente Sandinista monolítico: «hay un reducido grupo de gente que toma decisiones y todos los demás se callan».
Al control de los poderes del Estado, se suma el ejercido sobre los medios de comunicación a través de lo que Guillermo Rothschuh, fundador y director del Observatorio de Medios de Comunicación-CINCO, señala como «libertad condicionada». El término se traduce en «la creación de su proprio aparato mediático por la familia gobernante, en control y entrega parcializadas de licencias de radio, televisión y telefonía». La censura a la libertad de prensa en Nicaragua se maneja con sutileza ante los ojos de la comunidad internacional. Desde su regreso al poder, Daniel Ortega nunca ha concedido una entrevista y los medios de comunicación críticos del gobierno tienen acceso restringido a las conferencias de prensa en los Ministerios del Estado. Así, «el gobernante se mantiene a buen resguardo de quienes desean preguntarle sobre la ayuda venezolana, la política económica, la creación de un Estado corporativo, las razones para otorgar –en términos lesivos para la soberanía nacional– la concesión de la construcción del canal interoceánico a Wang Jing», asegura Rothschuh.
El sistema comunicacional oficialista, en cambio, enaltece los programas sociales llevados a cabo. El sociólogo Manuel Ortega, director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua y que en los años 80 fue asesor del gobierno sandinista, explica que todas las acciones del FSLN «entran en una maquinaria de propaganda que tiene un gran impacto en la población (…) y que provoca permanentemente ilusiones de que si no les ha llegado el beneficio en algún momento les va a llegar».
De esta manera, a pesar del creciente autoritarismo del Gobierno, el apoyo popular del presidente es innegable. Así lo demuestra la última encuesta de M&R Consultores, fechada enero 2016[2]: un presidente que cuenta con un 77.6% de apoyo y un partido político que lidera con un 89%.
El súper poder del Frente parece así actuar como una armadura que ha logrado proteger este Gobierno de la impopularidad, incluso ante grandes escándalos de corrupción como el probado enriquecimiento de la familia Ortega por medio de la cooperación venezolana. Sin embargo, Ortega no se da por satisfecho y, aunque en las últimas encuestas pre-electorales resultara el favorito, «quiere la seguridad y certeza de que no va a tener ninguna sorpresa», afirma el sociólogo Manuel Ortega. Según su análisis, la derrota del año 1990, cuando las urnas desmintieron las encuestas, es un recuerdo todavía muy vivo y la eventualidad de que algo análogo se repita representa una amenaza suficiente para la coacción de las elecciones libres, transparentes y competitivas.
La cita para confirmar o desmentir suposiciones e interpretaciones es para el domingo 6 de noviembre, cuando se abrirán oficialmente las elecciones en el país. Mientras a los y las nicaragüenses no queda otra opción que mirar las luces de los «arbolatas» iluminar las plumas postizas de Hugo Chávez en el centro de la capital. Y preguntarse qué pensaría Sandino cuando Ortega descaradamente afirma «estamos cumpliendo».
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NOTAS:
[1] Aportes a una justicia al Servicio del Desarrollo: la carrera judicial. Funides. Abril 2012.
[2] Voto 2016 Nicaragua Elige. Primera encuesta electoral. Febrero 2016. M&R Consultores.
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