jueves, 6 de octubre de 2016

GUATEMALA: MÁS DE 60 MIL PERSONAS PUEDEN SER DESALOJADAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

 Somos campesinos que sólo queremos que se nos reconozcan nuestras tierras para trabajar y sostener a nuestras familias de una forma digna.
Colaboración
05 de octubre de 2016
Laguna del Tigre
avispa midia
Publicado el 4 oct. 2016
Por lo menos 40 comunidades de descendencia Maya pluriculturales, que se formaron antes de la década de 1980 al norte de Guatemala, frontera con México, hoy no cuentan con un estatuto jurídico que les asegure su estancia en dichas tierras y son considerados como núcleos ilegales. Estas comunidades quedaron vulnerables cuando el gobierno guatemalteco decretó, a finales de los años 80s, el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra Lacandona como Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Esta nota es un avance de un proyecto de investigación que Avispa Midia publicará en próximas fechas como una cobertura especial de Centroamérica.
Por lo menos 40 comunidades de descendencia Maya pluriculturales, que se formaron antes de la década de 1980 al norte de Guatemala, frontera con México, hoy no cuentan con un estatuto jurídico que les asegure su estancia en dichas tierras y son considerados como núcleos ilegales. Estas comunidades quedaron vulnerables cuando el gobierno guatemalteco decretó, a finales de los años 80s, el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra Lacandona como Áreas Naturales Protegidas (ANP).
«Ellos pasaron a ser poblaciones ilegales y han sufrido una serie de desalojos. Según la ley, el gobierno tiene el derecho de desalojarlos y no importa si la vía es legal o violenta», afirma el investigador Luis Solano.
Las comunidades se movilizaron el 28 de septiembre de este año 2016 para entregar al Congreso de la República de Guatemala una propuesta de desarrollo que incluye la exigencia de su reconocimiento permanente. «Es una propuesta de solución al problema que está dentro del marco legal. También es una respuesta a las intenciones del gobierno de querer desalojarnos por otros mecanismos jurídicos como los Convenios de Cooperación promovidos por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)», afirma uno de los habitantes de las comunidades que por motivos de seguridad prefirió identificarse solo como Gerónimo.

De no ser aprobada dicha propuesta, cientos de comunidades que habitan estas áreas podrían desaparecer, ya que, por lo menos en el Parque del Tigre, la empresa Perenco de capital francés, actualmente explota más de 40 pozos petroleros en una franja dentro de este parque. La concesión para esta empresa, que busca expandir la explotación de sus pozos petroleros, vence en el año 2025 y quiere renovar su concesión por cualquier medio posible. «Esto ya no es un parque protegido porque hay cientos de terratenientes que han desarrollado sus proyectos de ganadería y a esto se suman la explotación del petróleo. Nosotros somos pequeños campesinos que solo queremos que se nos reconozcan nuestras tierras para trabajar y sostener a nuestras familias de una forma digna. Aquí no hay presencia del Estado y los servicios más básicos como la salud y la educación, por lo que hemos tenidos que crear alternativas», afirma Gerónimo.
«Hay cientos de familias habitando esa zona y la población sigue creciendo y los hijos necesitan seguir sobreviviendo de esa tierra. El espacio territorial que se les otorga es cada vez menor y es insuficiente. Entonces las comunidades están planteando que se regule esta situación y buscan ser partícipes de la protección de las Áreas Protegidas, porque ellos reconocen la importancia de estas áreas, pero igual exigen que haya una política real de protección por parte del Estado, incluyendo a las comunidades. Porque hay una amenaza constante de los monocultivos y de las empresas transnacionales», señala Solano.
Entre otros puntos, la Propuesta de desarrollo integral y sostenible en Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, municipio de San Andrés, la Libertad y las Cruces, Petén, sostiene que «las comunidades se comprometen a cuidar, proteger y asegurar para las generaciones futuras los recursos naturales del área, en coordinación con otras comunidades aledañas y organizaciones ambientales interesadas».
Así mismo, las comunidades determinaron poner un plazo hasta el 30 de octubre para que el Estado guatemalteco de una respuesta concreta. Hasta el día del cierre de este texto, 4 de octubre, el gobierno no ha emitido ningún tipo de respuesta hacia a las comunidades.

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