Mineras
canadienses: Ejemplares en su país, corruptas en México
Por Arturo Rodríguez
García,
Proceso
19 diciembre, 2013
Hacen aquí todo lo que no pueden
hacer en su nación: tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y
envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las
leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos
indígenas. Son las mineras canadienses, a las cuales sucesivos gobiernos
mexicanos han otorgado concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio
nacional.
México, D.F. (Proceso).- Un estudio gubernamental elaborado
este año llegó a la siguiente conclusión: las empresas canadienses que asumen
conductas ejemplares y responsables en su nación son “a ciencia cierta las empresas más corruptas cuando invierten en el
sector minero en México”.
El documento destaca que
el país ha cedido irremisiblemente millones de toneladas de recursos no
renovables y alerta sobre la pérdida de soberanía nacional por la entrega de la
mitad del territorio en concesiones mineras –en su mayoría a firmas
canadienses– por “los errores derivados
de la sobreapertura comercial”.
Elaborado por la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de
Gobernación, el Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con
Canadá –que Proceso pudo consultar– desglosa en sus 200 páginas desde los
aspectos elementales de comprensión del sector minero hasta los casos
ejemplares de los excesos extranjeros.
Entre las revelaciones del
documento se observa que el gobierno mexicano ha ocultado información desde el
sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se incrementó el otorgamiento de concesiones
mineras.
Y previene:
“Durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de
que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, por
lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, puesto que las
cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas
autoridades”.
Con base en cuadros y
estadísticas propios, la CDPIM demuestra que las mineras canadienses no pagan
impuestos, no tienen restricciones ambientales suficientes y despojan a
comunidades indígenas y campesinas por medio de la corrupción de sus líderes y
autoridades… todo lo que no podrían hacer en su país.
México es el primer
productor de plata del mundo, tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en
oro y undécimo en cobre, por lo que la inversión extranjera en el sector minero
ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años.
Según el documento, del
total de mineras que operan en México, 70% son extranjeras. De éstas, 74%
tienen participación canadiense y 15%, estadunidense.
Con base en un estudio
realizado en 2012 por el Instituto Fraser de Canadá acerca de los países con
potencial minero, el texto de la CDPIM destaca que México aparece en quinto
lugar debajo de Estados Unidos, Chile, Canadá y Burkina Faso.
Pero el mismo estudio
revela que en cuanto a los indicadores políticos, económicos y sociales México
ocupa el lugar 53 de los 94 países evaluados, superado incluso por naciones
poco desarrolladas como Botsuana, Namibia, Tanzania, Vietnam, Perú y Guatemala.
El análisis de la CDPIM
resume con una expresión la contradicción de ese resultado con respecto al
incremento de las inversiones canadienses: “México
es el paraíso fiscal de Canadá en materia minera”.
GOLDCORP
La trasnacional canadiense Goldcorp, con sede en Vancouver,
tiene varios proyectos en México, donde es la principal productora de oro (411
mil onzas en 2012). En su país se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la
Columbia Británica (Mineral Tax Act).
De acuerdo con esa ley,
por la operación de una mina tendría que pagar 2% de su ingreso operativo más
13% de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR),
uno provincial de 10% y otro federal de 15%; tendría que haber tramitado una
licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; no
disfrutaría una concesión de 50 años como en México y estaría obligada a seguir
reglas y protocolos ambientales estrictos.
Además tendría que
someterse a la iniciativa Hacia una
Minería Sustentable, elaborada por el gobierno federal y organizaciones
civiles, lo cual la obliga a aplicar programas de protección ambiental, armonía
y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena, entre otros aspectos.
En México, Goldcorp sólo
tiene que pagar el ISR, que además es acreditable gracias al Convenio de
Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o
exenciones fiscales.
Aquí el pago de su
concesión es irrisorio. Por ejemplo, tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas
en Sonora, donde explota una mina de oro. En 2012 sólo esa operación le produjo
una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos. Pagó 5.70 pesos
semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el
año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades netas.
La información, expuesta
ampliamente por el estudio de la CDPIM, establece que la legislación vigente
sólo exige el pago de derechos conforme a la fracción II del artículo 27 de la
Ley Minera y al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, que marcan de 5.70
a 124.74 pesos semestrales por hectárea.
Para el estudio se elaboró
una tabla donde se muestran las contribuciones fiscales por proyectos mineros
en Canadá con base en los resultados de operaciones de varias empresas. Ahí,
por ejemplo, se puede observar lo que pagó (convertido a pesos) Agnico Eagle
Mines en una mina registrada en Quebec, que en 2012 tuvo una utilidad bruta
similar a la de Goldcorp en Sonora.
Agnico Eagle debió pagar
por ISR provincial 262 millones 206 mil pesos, y por impuesto minero 352
millones 618 mil pesos, sin contar el ISR federal, que es acreditable, es
decir, deducible o sujeto a exenciones.
El estudio de la CDPIM
menciona que el gravamen de 7.5% a la minería, propuesto en la reforma fiscal
de octubre pasado, es un avance pero aún insuficiente. Entre diferentes
aspectos a mejorar destaca que, conforme a parámetros internacionales, en vez
de catalogarse como derecho especial debe ser “impuesto a la minería”, debe aplicarse a los ingresos brutos y no
a los netos, establecer ajustes para proteger y estimular a los capitalistas
nacionales y dar facultades recaudatorias a los estados y municipios.
GÉNESIS DE CONFLICTOS
La opacidad en las cifras y datos oficiales son evidenciadas
en el estudio. Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE) expone que hay 26
mil 7 concesiones mineras vigentes y que éstas ocupan 13.8% del territorio
nacional.
Pero con las mismas
estadísticas de la SE se demuestra que de 1993 a 2012 se otorgaron 43 mil 675
concesiones que amparan una superficie de 95 millones 765 mil 800 hectáreas.
Prácticamente la mitad del país.
En los últimos tres
sexenios la cantidad de tierra concesionada aumentó: con Ernesto Zedillo fueron
34.5 millones de hectáreas; con Fox, 25.1 millones, y con Calderón, 34.3
millones. En la administración de Zedillo se concesionó más tierra pero fue
Calderón quien otorgó más títulos de concesión.
Otra contradicción: de
acuerdo con el Fideicomiso de Fomento Minero se ha explorado 30% del país,
dejando 70% apto para desarrollar proyectos. El estudio subraya que si se ha
concesionado 50% del país y sólo 30% está explorado, queda 20% del territorio
que se concesionó y no se sabe para qué, lo cual se considera un ejemplo más de
cesiones sin controles.
Las concesiones han
impactado ya al mundo indígena. Según el estudio de la CDPIM, 97.1% del
territorio de los paipai, etnia de Baja California, fue cedido para operaciones
mineras; también 85% del territorio kiliwa, 65% del kikapú, 50% de las tierras
pames y 33% de los territorios coras.
La lista incluye 42
pueblos indígenas que resienten la ocupación minera. Entre los más afectados
están los chatinos, coras, mixtecos, rarámuris, tepehuanes y zapotecos.
El estudio refiere que la
explotación minera “es génesis de
múltiples conflictos sociales, que en algunos casos han derivado en
enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de
violencia”.
Luego de esa descripción,
alerta sobre “una grave amenaza a la
integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas”, pues para
ellos “el territorio va más allá del
concepto de espacio; más bien define su estructura social como resultado de la
unidad hombre-tierra-naturaleza”.
Los impactos de la
actividad extractiva en esos territorios se relacionan con la minería llamada “a cielo abierto”, que es altamente
contaminante y destructiva. Más que concentrarse en la descripción de los
impactos, el estudio hace una serie de observaciones por la laxitud del marco
jurídico y normativo ambiental y por las omisiones de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
El documento señala que
además de los daños ambientales, los desarrollos mineros se han realizado “sin respetar los derechos que
tienen los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce
de sus recursos y a la consulta, consagrados en la Constitución y tratados
internacionales”, por lo cual dedica un amplio apartado a la revisión de
dichos instrumentos jurídicos y sus complementos, como el de la consulta, para
evitar mayores tensiones sociales.
El nivel de conflicto es
alto, según la CDPIM. Con base en informes de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe y la ONU, México es uno de los países con más
conflictos en la región por motivos socioambientales provocados por las
empresas mineras, en particular por la falta de respeto a los territorios de
pueblos originarios y la exclusión de sus habitantes.
En contraste, el estudio
de la CDPIM refiere que cuando operan en su país, las mineras canadienses,
además de sujetarse a estrictos planes ambientales, están obligadas a suscribir
agendas de inclusión y armonización con los pueblos aborígenes.
Por otra parte, el estudio
dedica un apartado a las condiciones laborales contrastantes entre México y
Canadá en el sector. Su análisis se sustenta en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo 2012, la cual mostró que alrededor de 231 mil personas
trabajaban en la minería. Sin embargo, el IMSS tuvo registro ese mismo año sólo
de 110 mil mineros. De manera que 52% de los trabajadores de minas no cotizan en
el Seguro Social.
La ausencia de seguridad
social –algo impensable en Canadá– se suma a la disparidad salarial, según el
estudio; asimismo, establece que 69% de los mineros ganan menos de cinco
salarios mínimos.
La conversión a dólares
canadienses es reveladora: un minero en México gana en promedio 3.26 dólares
por hora y en una jornada de ocho horas sumaría 26.08 dólares. Un minero en
Canadá gana 26 dólares por hora o 208 a lo largo de una jornada. Es decir que
un minero canadiense gana por una hora de trabajo lo que un mexicano gana en un
día.
“Si se toma en cuenta que el precio de los minerales es
internacional y que los costos de producción son similares en México y Canadá,
con la ventaja de que aquí no pagan impuestos, el bajo salario es injustificable,
pues no compensa el riesgo y con frecuencia viola los derechos laborales”.
Por esos motivos el
estudio establece que en el país hay 26 conflictos sociales activos derivados
de la explotación minera en distintos estados, la mayoría por la operación de empresas
de origen canadiense.
Y si bien destaca el papel
de “potencia minera” global que tiene
México, en sus conclusiones expone: “Debe
hacerse valer el papel de potencia bajo reglas justas que impacten
positivamente a todos los actores de esta ecuación”.
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