jueves, 7 de julio de 2016

EL CONFLICTO MAGISTERIAL Y EL PROBLEMA DE LA REFORMA “EDUCATIVA”

Tinta Incógnita es un colaborador de la sección de Artículos de Opinión de Rompeviento TV.
El anonimato es un juego y una pregunta:
¿Vale más lo que escribe la pluma o la pluma que lo escribe?
07 de julio de 2016
El magisterio ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas. La oposición a la reforma “educativa” se ha intensificado y los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Tabasco han sido testigos de intensos enfrentamientos entre los maestros y los varios miles de policías que han sido enviados a “resguardar” dichas entidades.
Por más que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha intentado aplicar la reforma “educativa”, no ha logrado más que agudizar la oposición magisterial. Las manifestaciones son cada vez más frecuentes y en este ambiente de tensión, la represión del Estado ha desatado aún más violencia.
El problema de la reforma educativa
Enrique Peña Nieto mencionó la reforma educativa desde su primer mensaje a la nación como presidente de la República, en diciembre de 2012. No pasaría ni un año para que fuera aprobada en el Congreso y el Senado, junto con las leyes secundarias que la acompañan.
Fundamentalmente, la reforma se puede resumir en tres puntos:
1.- La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa con el objetivo de conocer el estado real de la educación en México y establecer una comunicación más directa con las escuelas. Esto también hará más transparente la asignación de recursos.
2.- El establecimiento constitucional del Servicio Profesional Docente, que la obtención, promoción, reconocimiento y permanencia en una plaza se base en el mérito del docente y se rija por reglas claras. Además, pretende apoyar el desarrollo profesional de cada maestro.
3.- La creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa con el objetivo de valorar la calidad de los planes, programas, métodos y materiales educativos. Además, se encargará de medir la calidad y el desempeño de maestros, directores y supervisores a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Cabe señalar que ninguna de las leyes y medidas que integran la reforma “educativa” aborda aspectos educativos. La reforma se limita a enmendar aspectos administrativos y de índole laboral dentro del Sistema Nacional de Educación. No se modifica ningún contenido ni material educativo, por lo que no debería considerarse como “educativa” sino más bien “administrativa”.
Esta evaluación docente fue siempre polémica, y es todavía el aspecto que recibe mayor oposición de parte del magisterio. Razones sobran para dudar de esta medida, ¿puede un examen estandarizado medir la dedicación de un docente y su desempeño en la enseñanza?
La aplicación de exámenes estandarizados para medir el aprendizaje de los alumnos siempre ha sido tema de debate.
Por lo pronto, el mismo instituto ha detectado “una serie de defectos que deberá corregir”: errores en la formulación de las preguntas, que no se adecuaban a los diferentes contextos en los que laboran los docentes; y errores en la logística de aplicación, sometiendo a los evaluados a más ocho de horas corridas frente a una computadora para responder dos tipos de exámenes.
Ante tantas inconsistencias y dudas en relación con este proceso, resulta ridículo que más de 3 mil docentes hayan sido despedidos en marzo de este año por no querer presentarse a esta controvertida evaluación que se ha utilizado más bien como método punitivo.
La educación es un tema de suma importancia, y de su buena o mala calidad depende el futuro del país. Es necesario que los encargados de esta noble tarea, los docentes, estén al nivel de las circunstancias -en eso estamos todos de acuerdo-, pero la evaluación propuesta por la reforma no parece ser el método más adecuado para determinar esto.
Es necesario buscar otra manera de calificar al magisterio, y para ello será necesario escuchar a los maestros, pero también a los alumnos y a los padres de familia. La Secretaría de Educación Pública necesita abrirse al diálogo, y ambas partes deben dejar de antagonizarse si es que realmente quieren que la educación mejore. Echar culpas no soluciona nada.
Es muy fácil para Aurelio Nuño y el gobierno de Enrique Peña Nieto atacar al magisterio con “mano firme” y querer imponerle una muy cuestionable evaluación a fuerza de granaderos y detenciones de líderes. Pero, ¿y si la “mano firme” y la evaluación se les aplicara a ellos?
La política también es un tema de vital importancia para México y los mexicanos, de su buena o mala calidad dependen no solo el futuro sino también el presente del país. Es necesario que los encargados de esta solemne tarea, los políticos, estén al nivel de las circunstancias, y, como en el caso de los docentes, sería apropiado desarrollar un método para evaluarlos y empujarlos a hacer mejor su trabajo.
Si esta evaluación incluyera un examen, se me ocurren preguntas como ¿Cuánto vale el kilo de tortilla? o incisos en los que se solicite mencionar tres libros que hayan marcado tu vida. Y si se les pagara con la misma moneda que al magisterio, deberían ser despedidos quienes no pasen la evaluación política o se nieguen a ser evaluados.
Un paso importante para medir a los políticos y obligarlos a hacer bien su trabajo es el Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien la Ley General para éste ya fue aprobada por el Senado de la República, el documento final no es más que una versión light de la propuesta original, y poco se retomó de las recomendaciones ciudadanas que formaban la Ley 3 de 3.
Todo parece indicar que este gobierno no entiende por las buenas, no se ha prestado para un diálogo justo con el magisterio, ni escucha realmente las propuestas de la ciudadanía. ¿Qué hará falta para que el gobierno de Peña Nieto escuche lo que debe escuchar? ¿Qué hará falta para que se haga lo que se debe hacer?

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