Colaboración
Por Nadia Jiménez y José
Luis Santillán
Fotografías: Cristian
Leyva
Agencia SubVersiones
13 abril, 2016
A diez años de que el entonces gobernador del Estado de México,
el priísta Enrique Peña Nieto, avalara la brutal represión contra el poblado de
San Salvador Atenco y cediera la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan al
empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ahora, en abril del 2016, se desatan
violentas incursiones en Atenco y la comunidad indígena de San Francisco
Xochicuautla. Las ganancias multimillonarias tanto del nuevo aeropuerto, como
de la autopista, así como la operatividad de interconexión de vías de
comunicación para el traslado de mercancías son los objetivos relevantes tanto
para el gobierno como para las empresas y la lógica bajo la cual se entrelazan
tanto leyes a modo, como impunidad y manipulación mediática.
El 11 de Abril del 2016,
en Xochicuautla, municipio de Lerma, a las nueve de la mañana, más de 1000
policías de la CES (Comisión Estatal de Seguridad) y de las FAR (Fuerzas de
Acción y Reacción) del Estado de México, junto con personal de la empresa
Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (AUTOVAN), encargada de la construcción
de la autopista Toluca-Naucalpan y filial del grupo HIGA, ingresaron con
maquinaria a la comunidad desacatando impunemente el amparo emitido el pasado
18 de febrero del presente año a través del cual se emitía una suspensión
definitiva de la obra.
La policía ingresó por las
tres entradas principales, Lapondishi, Lampeni y la colonia Buenavista. Un
grupo sitió el campamento de la Digna Resistencia, ubicado en el paraje
Lapondishi y otro la casa del doctor Armando García Salazar, ubicada en el
paraje Lampeni, mientras un tercer grupo se instaló sobre la subida al bosque,
localizada en la colonia Buenavista. Tanto el campamento como la casa del
doctor, conocida como «El Castillo»,
eran las últimas construcciones en medio del trazo por el cual el gobierno
federal pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan para conectar la zona
residencial del municipio de Lerma con el aeropuerto internacional de Toluca y
la entrada a la ciudad de México por Naucalpan.
A las diez de la mañana,
el doctor Armando García Salazar, dueño de «El
Castillo», fue informado por un miembro de gobernación del Edomex, quien se
identificó como Luis Enrique García, de que iban a valuar su casa, utilizando
como pretexto el acuerdo firmado entre el comisariado ejidal, Ángel Valdez
Ramírez, de acuerdo con la información de los testimonios y la empresa AUTOVAN
y el decreto expropiatorio que dictó Enrique Peña Nieto en 2015. El primer
documento, no es reconocido por la comunidad por irregularidades en el proceso
y el segundo, inhabilitado por el amparo 771/2015 del cual se desprende la
suspensión definitiva. Al interior de la vivienda se encontraban, entre otras
personas, doña Toñita y doña Isabel –quien fue golpeada por una policía– y su
nieta de cuatro años. Luego de ser desalojadas con violencia, la policía sacó
algunos muebles solo del primer piso y sin dejar a la familia retirar todas sus
pertenencias y documentos, iniciaron la demolición del lugar.
Mientras esto ocurría en
el paraje Lampeni, del otro lado de la comunidad, iniciaba la destrucción del
campamento que bloqueaba el paso de maquinaria desde Lapondishi. Miembros de la
comunidad mostraron la resolución del amparo emitida por el Juez Quinto de
Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México a las
autoridades ahí presentes. La respuesta obtenida fue «…usted esto lo ve, dónde, ¿en el juzgado? Vaya al juzgado e
interponga su queja. Lo que usted guste dirimir en los juzgados, adelante,
nosotros tenemos una instrucción…».
A la una de la tarde,
tanto la casa como el campamento habían sido destruidos. Por esa hora arribó al
lugar Carlos Pulido, funcionario del Sistema de Protección a los Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de México y otras dos
personas. El acuerdo que resultó de este encuentro, fue que se realizaría una
mesa de negociación a través de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en
la Ciudad de México o en Xochicuautla, a la cual asistirían funcionarios del
Estado, miembros de organizaciones sociales, de derechos humanos y una comisión
conformada por integrantes de la comunidad. De forma unilateral las autoridades
estatales determinaron que la reunión solo podría llevarse a cabo en Toluca o
en el municipio de Lerma, por lo que la comisión de la comunidad se negó a
asistir.
A la reunión que
finalmente se realizó en la Secretaria General de Gobierno del Estado de
México, con sede en Toluca, asistieron la Subsecretaría de Derechos Humanos que
preside la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, SERAPAZ, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Secretaría de Infraestructura
del Estado de México, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos
y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y defensores de derechos humanos,
así como periodistas.
El abuso de poder cometido
en contra de la comunidad indígena de Xochicuautla no solo es un desacato a la
resolución federal. Nuevamente se visibiliza públicamente que las instituciones
gubernamentales, no respetan ni les interesa hacer cumplir las leyes, normas y
recursos que de ellas mismas emanan y que tanto le cuestan al pueblo de México
en términos económicos, políticos y sociales. El juzgado notificó la resolución
del incidente de suspensión a la mayoría de las autoridades gubernamentales el
día 23 de febrero, incluido SAASCAEM, que es la institución a la que se le
otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio. A pesar de
ello y en pleno conocimiento de la suspensión definitiva, AUTOVAN ingresó a la
comunidad protegida por cientos de policías estatales, única forma que tiene el
Estado de imponerse a los pueblos a falta de legitimidad en sus acciones y
proyectos.
De nueva cuenta, el 12 de
Abril, a las 9 de la mañana, ingresaron alrededor de 200 granaderos a la comunidad,
en esta nueva jornada de imposición gubernamental, las fuerzas de Seguridad
Pública volvieron a resguardar a los trabajadores de grupo HIGA para que
avanzaran en el trazo de la autopista. Frente al personal de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
enviados de la Organización de las Naciones Unidas, fueron derribados cientos
de árboles, patrimonio del pueblo de Xochicuautla.
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