viernes, 22 de abril de 2016

HORRORES COMETIDOS POR EL EJÉRCITO (una videograbación obligó a una “disculpa” a la Sedena)

J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Publicado por Rompeviento TV
Fecha: abril 20, 2016
Washington – Las disculpas ofrecidas por el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, por el caso brutal de tortura contra una mujer de 21 años de edad en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, hace un año, están siendo tomadas por algunos medios nacionales, columnistas y articulistas como un “acto de honestidad” que debe ser aplaudido.
La disculpa de un Secretario de la Defensa es inédita, sin duda. Pero en lugar de magnificarla, deberíamos aprovecharla para presionar al gobierno federal y pedir justicia por los miles y miles de casos de violaciones de derechos humanos que han cometido los militares. La disculpa de Cienfuegos es la aceptación de que el Ejército y la Marina torturan, desaparecen a personas, sin importar edad ni sexo, y que cometen ejecuciones extrajudiciales.
Como si fuera el credo de la impunidad –hasta que apareció el caso de Ajuchitlán del Progreso-, la Sedena y la presidencia de México negaban rotundamente que elementos marciales cometieran todo tipo de violaciones a los derechos humanos e inclusive las más horrendas. Necesitaría posiblemente millones de cuartillas para documentar con precisión todas las violaciones a los derechos humanos que históricamente se le achacan a la Sedena. Y otros millones de cuartillas para exponer las negativas y el rechazo a las acusaciones que tanto ciudadanos mexicanos comunes y corrientes como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales documentan, denuncian y exigen que se haga justicia castigando con todo el peso de la ley a los responsables.
La respuesta, claro, es y será la impunidad.
El acto de contrición de Cienfuegos es tan falso como las sanciones que impone la justicia militar a los pocos soldados o marinos que castiga por violaciones a los derechos humanos.
La disculpa se dio porque ante la evidencia irrevocable de la tortura a la joven de Ajuchitlán del Progreso, Cienfuegos no tenía alternativa. ¡Existe el video de tan deplorable crimen!
La famosa disculpa del Secretario General de la Sedena significa que para que se acepte que un militar o marino comete violaciones a los derechos humanos y sea castigado, se tiene que presentar una videograbación del acto. Lo cual tampoco es garantía de que al criminal se le castigue en el fuero civil, como a cualquier criminal.
Lo correcto, si existiera la justicia y la lógica en el gobierno federal, sería que a partir de la disculpa de Cienfuegos se abrieran y se investigaran correctamente todos los casos de denuncias contra militares, comenzando por la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, donde la impunidad militar imperó en el fallo de la justicia marcial que recientemente se dictó.
Sería incluso necesario y oportuno consultar a los expertos en materia constitucional, militar y judicial, para determinar si Felipe Calderón, titular del Sexenio del Muerte, pudiera ser acusado y procesado por delitos de lesa humanidad, por los más de cien mil mexicanos muertos por culpa de su lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado. La oportunidad que abrió Cienfuegos con su disculpa tendría que ser aprovechada por la justicia nacional para examinar el caso de Calderón, sin tener que recurrir a la justicia internacional para imponer un castigo.
Es aberrante, como el crimen cometido contra la joven guerrerense, que la Sedena admitiera culpabilidad solo por la existencia de una videograbación. Ante ello, quedó acorralada.
Los medios nacionales, los columnistas y editorialistas que aplaudieron la disculpa de Cienfuegos, olvidaron la histórica negativa de la Sedena a admitir que sus elementos cometen violaciones a los derechos humanos. En la disculpa, estos medios nacionales, columnistas y editorialistas vieron a un Cienfuegos redentor. Se les olvidó que hace apenas mes y medio el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedena y la Semar, rechazaron e incluso desacreditaron el informe sobre la situación de los derechos humanos en México emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A los militares, el informe del órgano jurídico interamericano los catalogó como los principales violadores de derechos humanos contra civiles mexicanos, protegidos por la impunidad gubernamental y la lucha militarizada contra el narcotráfico.
La Caja de Pandora la abrió Cienfuegos. Ahora, la población civil estará más lista para videograbar y documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, lo cual, por lo menos, es garantía de una disculpa por parte de la Sedena.