martes, 19 de abril de 2016

#Ayotzinapa: El papel del ejército como instrumento del monopolio de la violencia "legítima" de Estado

El papel del ejército como instrumento del monopolio de la violencia
(La Voz del Anáhuac)
Medios oficialistas desataron por consigna del Estado mexicano una furibunda campaña de desprestigio en contra de expert@s independientes integrantes del GIEI. Está claro que esto se debe a que en su informe, el GIEI puso en evidencia las mentiras en que se sustentaba de “verdad histórica” con la que la PGR pretendía dar carpetazo al “caso Ayotzinapa”: la demostración científica de la imposibilidad de que los 43 normalistas desaparecidos pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula; la necesidad de investigar a las fuerzas federales (ejército, marina, policía federal) y no limitar la investigación a los policías municipales de Iguala y Cocula.
         Aunque el Estado mexicano haya sido quien originalmente gestionara ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay que recordar que ésta participación de la CIDH fue a exigencia de las madres, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y esta exigencia es producto de la desconfianza que hay respecto a las autoridades mexicanas. Esta desconfianza tiene origen histórico. Centenares de guerrerenses fueron detenidos, torturados, desaparecidos, asesinados a lo largo de más de una década (desde fines de los años 60s hasta parte de los años 80s) durante esa negra etapa conocida como “guerra sucia”, que tuvo por objetivo aniquilar los movimientos guerrilleros que encabezaron los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos.
Esta fue una guerra de exterminio, en la que se aplicaron estrategias y tácticas contrainsurgentes: tierra arrasada, es decir desplazamiento forzado de pueblos enteros, donde se detenía, torturaba, desaparecía o ejecutaba extrajudicialmente a todos los campesinos e indígenas sospechosos de simpatizar con la guerrilla de la ACNR y/o del Partido de los Pobres. “Quitarle el agua al pez”, nombraban a esta táctica de guerra contrainsurgente los mandos militares. La aprendieron en la Escuela de las Américas, institución del Pentágono encargada de adiestrar a militares y policías latinoamericanos en la contrainsurgencia.
“Los comunistas deben moverse en el pueblo como un pez en el agua”, fue una de las enseñanzas militares de Mao Tse-tung. Era un principio fundamental para quienes se comprometían con la lucha de liberación. Así triunfó la revolución popular en China en 1949. 
Así logró el pueblo de Vietnam derrotar a los colonialistas franceses en 1945. Así resistió y derrotó a los intervencionistas japoneses. Así mismo derrotó al imperialismo norteamericano en 1972.
Así derrotó el pueblo de Argelia al colonialismo francés en 1962. 
En 1959 había triunfado la revolución cubana. Luego vendrían la revolución sandinista y los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala. “No permitiremos otra Cuba en América Latina” juró el imperialismo.
El imperialismo sintetizó las experiencias de las derrotas en Argelia y Vietnam y desarrolló su propia teoría de guerra contrainsurgente, guerra de baja intensidad la llaman también. Y armaron fuerzas contrainsurgentes, entrenadas por ellos, ideologizadas por ellos en un anticomunismo recalcitrante, fanático, paranoico. Cualquier brote de descontento popular era adjudicado a una “conjura comunista internacional”. Ese era el fantasma que les quitaba el sueño entonces.
Bajo esa lógica combatieron a muerte las guerrillas de Genaro y Lucio. Y en las años 70s y parte de los 80s su pesadilla en México fue la proliferación de los movimientos guerrilleros que se extendieron por buena parte del territorio nacional, más específicamente la Liga Comunista 23 de Septiembre, que logró aglutinar a grupos surgidos en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, el DF, Estado de México, Oaxaca, Jalisco.
Desde entonces el ejército se ha especializado en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Todo el tiempo transcurrido desde entonces han permanecido activos grupos civiles de defensa de los derechos humanos pues, aunque en algunas etapas haya sido con menor intensidad, todo el tiempo ha existido el clima de guerra contra el pueblo. Así en los años 90s  con el resurgimiento de la guerrilla, así desde que se desató la llamada guerra contra el narco, así desde la desaparición de los 43.
Este mismo ambiente también ha estado presente en momentos críticos en torno a la Normal Rural de Ayotzinapa, siempre vigilada, siempre hostigada. El Estado nunca ha olvidado que ahí surgieron dos luchadores sociales que se convirtieron en una pesadilla para el poder. De por sí Ayotzinapa representa un modelo educativo diametralmente opuesto al que pretende imponer con su “reforma educativa”.
Respecto a la mal llamada guerra contra el narco, igual que en el resto del país, ha sido la complicidad, el imbricamiento, la colusión con los grupos criminales de parte del ejército y del Estado en su conjunto.
Esto explica el por qué el GIEI ha resultado tan molesto para el Estado: ha insistido en que debe investigarse la participación del ejército en la desaparición forzada de los 43 compañeros.
Conocer esta parte de la historia, no olvidarla, permite entender la saña con que el Estado reacciona tan furiosamente contra un organismo que proviene de una institución tradicionalmente al servicio de su amo: los Estados Unidos. Nadie debe olvidar cuál ha sido el papel de la OEA respecto al sometimiento de toda la región a los intereses norteamericanos, pero también hay que recordar que su Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en varias ocasiones se ha visto obligada a cumplir formalmente con su función de defender a las víctimas, en este caso las familias de los desaparecidos, sus compañeros, su pueblo, la sociedad que se ha movilizado por la verdad y la justicia. En última instancia esto ha sido lo que ha caracterizado al GIEI: su compromiso con la verdad y la justicia. Ello ha tocado fibras sensibles del Estado mexicano, ha evidenciado las mentiras oficiales (desmanteló la “verdad histórica”) y pone bajo la lupa al ejército, principal sustento del monopolio “legítimo” de la violencia estatal.
El solitario comunicado de la CIDH
J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Publicado por Rompeviento TV
Fecha: abril 06, 2016
Washington– Cuando comenzó de manera extraña e incomprensible la campaña para desacreditar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH buscó a las partes involucradas en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa para consensuar solidaridad, pero sólo encontró la indiferencia.
Para los comisionados que integran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es inconcebible la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México en contra del GIEI y de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin embargo, entre los comisionados de la CIDH, sin que esto lo justifique, es lógico entender que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté “molesto” con el GIEI por haber desmentido “la verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien intentó darle carpetazo a uno de los escándalos de violación a los derechos humanos más grotescos de la historia de México.
Los comisionados están consternados y sorprendidos por la aguda campaña de desprestigio en contra del GIEI.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, los expertos GIEI que coadyuvan junto a la PGR en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, fueron elegidos minuciosamente y gozan de una excelente reputación mundial en materia de peritos judiciales y de defensa de derechos humanos.
La CIDH los eligió en común acuerdo con el gobierno de Peña Nieto durante negociaciones difíciles y tensas en las que se impuso precisamente el prestigio de los integrantes del GIEI.
Cabe recordar que fue el gobierno de México el que acudió a la CIDH para pedir su apoyo en el caso Ayotzinapa. Fue el gobierno mexicano el que estuvo de acuerdo en la formación del GIEI y en financiar sus labores, por medio de fondos dados a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Nunca el dinero para financiar las labores del GIEI ha sido entregado a la CIDH, ni a su Secretario Ejecutivo y mucho menos a ninguno de los integrantes del GIEI.
Los articulistas y columnistas de medios nacionales mexicanos que han puesto en tela de juicio la integridad y experiencia de los integrantes del GIEI, llevan a cabo una campaña que “alguien” podría estar financiando y orquestando desde algún escritorio del gobierno de Peña Nieto, con la anuencia de algunos grupos que tienen interés en el caso Ayotzinapa.
Nadie se explica por qué de la noche a la mañana, estos “periodistas” y algunos medios de comunicación se lanzaron contra Buitrago y Paz y Paz, con descalificaciones infundadas y que de inmediato fueron rechazadas en Colombia y Guatemala, países de donde son originarias estas dos expertas, respectivamente.
En enero de este año, y de acuerdo a una fuente con amplio conocimiento del caso, la CIDH buscó a los representantes de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa y al gobierno de México.
“La CIDH quería emitir una posición de consenso para defender la integridad de los integrantes del GIEI y de Álvarez Icaza Longoria”, informó la fuente, quien para poder hablar sobre este asunto, exigió la irrevocable condición del anonimato.
En enero pasado, durante varios días, la CIDH abordó el caso de la defensa del GIEI, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C., y con Emilio Rabasa Gamboa, embajador de México ante la OEA. De acuerdo con la fuente familiarizada con las negociaciones para expresar el respaldo tripartita al GIEI, la CIDH fue incluso sujeta a amenazas por parte del gobierno mexicano.
Los comisionados no daban crédito a que el gobierno de Peña Nieto se negara a respaldar y defender de las críticas y de la campaña de desprestigio al GIEI. Públicamente el gobierno de México declaró que había sido “un extraordinario privilegio trabajar” con los expertos independientes en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Sin embargo, la negativa del gobierno mexicano para defender a los integrantes del GIEI no sorprendió tanto a algunos comisionados. La historia de la relación entre el Estado mexicano y la CIDH está llena de sucesos de mucha tensión y problemas, particularmente por las condenas que el órgano jurídico de la OEA ha vertido hacia las autoridades mexicanas por las constantes y crecientes violaciones a los derechos humanos cometidas en México. La estupefacción de la CIDH vino de la otra parte.
El 28 de enero de 2016 la CIDH sacó un comunicado de prensa que el gobierno de México y las dos organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos se negaron a suscribir en defensa del GIEI. “CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes miembros del GIEI”, se titula el comunicado, que en extraño acto solitario firmó la CIDH.