lunes, 28 de marzo de 2016

¡EN MÉXICO LA EDUCACIÓN YA NO ES PÚBLICA NI GRATUITA!

Escuela Primaria “Dr. Gustavo Baz Prada” Turno Vespertino, en la Colonia Metropolitana Tercera Sección del municipio de Nezahualcóyotl estado de México.
(Colaboración de Las Katyushas
para La Voz del Anáhuac)
No es necesario viajar a Chiapas, Guerrero, Michoacán o Oaxaca, de Norte a Sur, en todos los estados de la República la “Reforma Educativa” tiene el mismo impacto, cuyo objetivo es concluir el proceso de privatización de la educación a través de la implementación de cuotas y de asignar a los padres de familia la organización y gestión escolar bajo el supuesto de la “autogestión” y la “participación social”.
En las calles del Municipio de Nezahualcóyotl,  en una zona conurbada dónde se ubican cuatro escuelas con dos turnos, en una de ellas hay pegado un cartel en la entrada principal cuyo mensaje es el siguiente: “Padre de familia pedimos su apoyo, para aportar la cooperación escolar de $250 pesos por familia al núm. de cuenta: 4697-1366-3167-78 al nombre de la señora: Nancy A. Resendíz Lara de Banco Azteca. Muchas Gracias”.
Este mensaje, en concreto, es un ejemplo de los resultados de todas las políticas educativas encaminadas hacia la privatización de los servicios educativos, que se han implementado en nuestro país desde 1992 hasta el 2013 con la actual “Reforma Educativa”, en la que se hicieron severas modificaciones a los artículos 3º y 73º de la Constitución Mexicana, afectando principalmente los derechos laborales de los trabajadores de la educación y a la educación en su carácter público, gratuito y laico. Todo ello con el objetivo de desmantelar al Sistema Educativo Nacional, dando un gigantesco paso a la privatización total de la Educación.
La “Reforma Educativa 2013” es el resultado de las políticas neoliberales implementadas en México, cuyo objetivo es el de reducir el gasto público y consolidar un programa riguroso de privatizaciones, no sólo de las empresas productivas del Estado, sino también del sistema de seguridad y bienestar social, y de una progresiva transferencia al pueblo (trabajadores, jornaleros, campesinos, etcétera) de los costos vinculados a su financiamiento, como el ejemplo mencionado anteriormente dónde se evidencia el cobro injustificado de cuotas, que viola lo estipulado en el artículo 3º de la Constitución que dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación obligatoria; y esta, será pública, laica y gratuita. Esto significa que el Estado está obligado a brindar y asegurar a todas y todos los mexicanos una educación integral: pública, gratuita y laica.
Dicho artículo es letra muerta. La mayoría de la población no tiene acceso a una educación pública, gratuita, equitativa y justa, acorde con las necesidades de la vida social y adecuada a las condiciones existentes. Ejemplo de ello, son los resultados que muestra el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial (CEMABE), realizado por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde señalan que de 228 mil planteles públicos el 48% carecen de drenaje, 31% no tienen agua directa, 20% no tienen energía eléctrica, 12.8% no tienen servicio de baño y cerca de 100 mil escuelas están hechas de materiales precarios como láminas de cartón y varas, o tienen que ser adaptados vagones de trenes o incluso carpas de circo como salones de clase. 
Niños en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en los ejidos de Santa María Chimalhuacán, estado de México, a unos kilómetros al oriente del Distrito Federal, el 24 de enero de 2013. Foto José Carlo González, La Jornada.
Ante esta situación, son los padres de familia quienes tienen que aportar cuotas para mejorar la infraestructura escolar, en la escuela Rufino Tamayo mejor conocida como “la escuelita del Guayacán” en el municipio de Ixtepec del estado de Oaxaca, los padres de familia y los estudiantes tienen que acarrear el agua que no hay en la escuela y hasta tienen que comprar pipas de agua para que los niños puedan tener agua limpia, pero eso no es todo, el terreno de la escuela construida de cartón y lámina es prestado a la Secretaria de Educación Pública (SEP) y los padres de familia tienen que gestionar y administrar los pocos recursos que destina el ayuntamiento para pagar los gastos de los servicios de agua, luz y renta del predio. Como este ejemplo podemos encontrar muchos más, como la escuela “Josefa Ortiz de Domínguez” en los ejidos de Santa María Chimalhuacán en el estado de México; la escuela “Arroyo Prieto” del municipio de Cochoapa el Grande en el estado de Guerrero;  o la escuela “José Romero” ubicada en la delegación Iztapalapa de la ahora llamada Ciudad de México y así podemos mencionar miles de escuelas más, cuya infraestructura está deteriorada, y en las que los padres de familia tienen que aportar cuotas involuntarias, esto a causa de la negativa del Estado a intervenir e invertir en la educación. Esto no es un “error” del sistema, esto muestra una intencionalidad muy clara de exclusión y de que la educación ya no sea pública ni gratuita.
Los términos público, gratuito y obligatorio no se aplican: ¿cómo van a mandar a sus hijos los indígenas y los campesinos de los lugares más olvidados y marginados del país cuando ni cobertura educativa hay en esos lugares?, ¿qué pasa con los niños jornaleros que trabajan?, ¿el Estado cómo asegura la educación de estos miles de niños? La respuesta a estas preguntas es clara: existe una tendencia por reducir el gasto público en educación, ejemplo de esto es el recorte presupuestal, en este año 2016 se recortó 3 mil 660.2 millones de pesos afectando principalmente los programas de becas, infraestructura y de capacitación docente.
La privatización en el sector educativo es evidente y de nueva cuenta pone en desventaja a la población más pobre del país, pues son las comunidades indígenas, rurales y campesinas las que menos posibilidades de acceso tendrán a la educación.
Con todo esto concluimos que las reformas estructurales implementadas por Enrique Peña Nieto, son políticas que responden a los intereses políticos y económicos de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, que tienen como objetivo consolidar la privatización de: la educación, de la salud, de los energéticos e inclusive de la tierra y del agua,  despojando al pueblo de México de sus derechos históricamente ganados y hasta de sus tierras; orillándonos a la pobreza y a la miseria.
Todo esto es maquillado por la república democrática, la mejor envoltura para disfrazar el capitalismo, y el sufragio universal es la mejor arma de dominación de los gobiernos empresariales y corruptos, de esta forma se le inculca al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, en el Estado actual, un medio capaz de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores.
La educación es un derecho de todos, por el cual hoy en día hay que luchar. La educación hace libre al hombre en sus ideas. Y todos como mexicanos, estudiantes, obreros, campesinos y asalariados no debemos de olvidar las luchas que lograron el primer programa de educación pública, gratuita y laica en el país como resultado de la Revolución Mexicana. Un pueblo sin educación está condenado a vivir en la pobreza, sin conciencia ni capacidad para defender sus derechos y las causas populares. Por ello debemos de organizarnos para dar la lucha contra quienes pretender despojarnos de este derecho. Esta lucha deberá darse fuera de todos los partidos políticos corruptos que tan sólo sirven a los intereses de los “ricos” empresarios, banqueros, narcotraficantes, etc. que sólo buscan el enriquecimiento a través de un cargo público y de múltiples fraudes. 
Alumnos de la primaria conocida como la escuelita de Guayacán, en la colonia Doctores de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, sonríen a pesar de las precarias condiciones en que estudian. Foto Diana Manzo, La Jornada

No hay comentarios: