Por Aline Hernández
Fotografías: Sari Dennise*
Agencia SubVersiones
04 febrero, 2016
[*] Fotografías: Sari Dennise. De
la megamarcha realizada en Berlín (Alemania) el 10 de octubre de 2015 en contra
del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP).
Según las organizaciones convocantes, la participación fue de alrededor de
250,000 personas. De manera simultánea se realizaron demostraciones contra el
TTIP en Ámsterdam, Múnich, Bruselas, París, Madrid y Helsinki. El llamado «por un comercio mundial justo» se
extiende a otros tratados de libre comercio como el Acuerdo Económico y
Comercial Global (CETA, Unión Europea con Canadá) y el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TTP, Estados Unidos con América Latina).
En octubre de 2015, tras lo que se estima fueron seis años de
negociaciones, los doce países involucrados en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés) anunciaron que finalmente daban por
concluido el primer proceso y con ello, una nueva etapa del tratado entra en
vigor. El 4 de febrero de aquel año, en una cumbre que tuvo lugar en Nueva
Zelanda donde participaron presidentes y jefes de Estado de los 12 países que
integran la alianza comercial, el tratado fue aprobado, por lo que ahora sólo
resta, en el caso de México, el envío del documento al Senado de la República
para su ratificación final.
Los antecedentes del
esquema del TPP se remontan a un acuerdo de libre comercio (el P-3) integrado
inicialmente por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, cuyas metas, estipuladas bajo
la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)
consistían en liberalizar el comercio e inversiones; posteriormente se
transformó en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE) debido a
que Chile mostró inconformidades en materia agrícola. Bajo ese nombre, se optó
por dar mayor prioridad a aspectos tecnológicos y de cooperación comercial. En
2005, con la culminación de la quinta ronda de discusiones, los aspectos
fundamentales del tratado fueron firmados bajo el nombre de Acuerdo Cerrado de
Asociación Económica entre Tres (P-3); fue en ese momento que se invitó a
Brunei Darussalam a participar en las negociaciones, conformando entonces el
P-4.
El acuerdo buscaba
impulsar la liberación progresiva de áreas comerciales, financieras,
científicas, tecnológicas, entre otras, entre aquellos países que lo integraban.
Luego, en 2008, se inició lo que ellos denominaron «el proceso de ampliación del tratado»; fue entonces cuando EUA,
Australia, Perú, Vietnam y Malasia se integraron. Posteriormente, en 2010,
inició el proceso de negociación formal del TPP, durante el cual se han
realizado periódicamente rondas de discusión.[1]
En 2011, México expresó de
forma abierta su interés por unirse al tratado en el marco de la Cumbre de
Líderes de APEC que tuvo lugar en Honolulu, Hawái, siendo oficialmente invitado
a participar en 2012. Hoy los suscritos son: Estados Unidos, Japón, Australia,
Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y
Chile; además, hay países que se han integrado como «observadores» entre los que se encuentran Panamá, Costa Rica,
Colombia, Guatemala, Uruguay, España y Paraguay.
La versión oficial explica
que se trata de un acuerdo de cooperación económica y comercial de proporciones
globales que modificará el panorama de integración entre los participantes, a
través de una estrategia de integración de la región comercial Asia-Pacífico
que ha experimentado, en la última década, un notable crecimiento y que,
además, viene acompañado de un acuerdo de Cooperación Ambiental y un Memorando
de Entendimiento sobre Cooperación Laboral. El tratado impulsará además el
relevo del modelo unilateral que caracterizaba a la OMC por un modelo
multilateral que tiene por objetivo no sólo la liberación comercial de estas
economías en la región del Pacífico, sino también el aislamiento o imposición
de reglas de comercio e inversión a los países aglutinados en el bloque BRICS
que incluye a China, India, Brasil y Rusia y Sudáfrica.[2]
Lo cierto es que el
Tratado Transpacífico representa una nueva generación de tratados. Como muchos
críticos han apuntado, se trata del acuerdo de mayor dimensión negociado desde
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en
1994. Si bien los representantes de cada país han explicado que se trata de un
tratado comercial, en realidad trasciende por mucho el aspecto comercial. Se
trata de la nueva generación de tratados corporativos de «amplia envergadura» y a través de éste, se buscan trascender las
viejas políticas de comercio formal para consolidar, lo que se estima,
representa un nuevo sistema de protección y derechos del capital privado y de
las corporaciones transnacionales.
Frente a esto y a más de
20 años del TLC debiera existir una memoria que arroje luz sobre la realidad de
este tratado y sobre sus corrosivos efectos. Esta memoria nos dice que
precisamente estos proyectos y tratados que de antaño han augurado mayor
bienestar social a través del desarrollo, se han traducido en brutales
proyectos de muerte impuestos para el beneficio de unos pocos. Hoy, una nueva
ofensiva de la clase corporativa está entrando en vigor y supondrá una nueva
fase de acumulación por despojo y exterminio. Mientras esto ocurre, los de
arriba, igual que hicieron con el TLCAN y otros tratados, vuelven a vociferar
historias prometeicas que vinculan su noción de progreso con bienestar. Sin
embargo, debemos de reactivar esa memoria histórica y no sólo desenmascarar los
mitos del progreso, sino negarnos a su idea de que la inserción en los
circuitos internacionales del capital va a traer una forma de superación y en
este sentido, las luchas de los pueblos son uno de los mayores testimonios que
tenemos hoy de este mito.
La lógica que fundamenta
el TPP y su esquema de integración está profundamente enraizado en el
desarrollo del sistema neoliberal y por tanto en la creación de un nuevo orden
económico global que, entre otras características, busca debilitar lo que
quedaba del modelo de estado-nación posicionando los intereses de corporaciones
y transnacionales por sobre éste. Además, dicho modelo ha implicado la
imposición de lo que muchos han denominado como la dictadura financiera que
conlleva, entre otros aspectos, la liberación de las corporaciones de cualquier
control estatal, la apertura de fronteras únicamente al comercio e
inversionistas y por tanto al flujo del capital así como la desregularización
del mercado para promover el máximo crecimiento económico, la desaparición de
bienes comunes en favor del modelo que otorga prioridad a la privatización de
sectores y que promueve su destrucción, la flexibilización del sistema laboral,
el sistema de la deuda como pilar, la desaparición de derechos y un largo
etcétera.
La imposición de este
nuevo orden mundial no podría, sin embargo, tener lugar si no fuera gracias a
una serie de cambios estructurales que se han gestado a través de instituciones
y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM),
la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), etc., además de la presión que ejercen las corporaciones
trasnacionales. El TPP en este sentido da continuidad a ese proyecto que lleva
gestándose desde finales de los años 60. Decir «tratado», como muchos han apuntado, no es más que un eufemismo
para decir que se trata de un acuerdo mediante el cual se están creando o «afinando» medidas altamente
proteccionistas, diseñadas para maximizar las ganancias de las corporaciones.
Las áreas donde mayor
preocupación se ha expresado involucran a derechos de autor y propiedad
intelectual, patentes, derechos medioambientales y sectores como el campo, así
como temas concernientes a inversión y derechos de las trasnacionales:
En cuanto a derechos de autor, se está buscando
implementar un nuevo modelo de economía digital, fantasma de la ley
antipiratería mejor conocida como SOPA y con esto la homologación con el
sistema de derechos de autor de EUA; la implementación y legalización de
sistemas de vigilancia digital mucho más restrictivos impulsados por los
intermediarios del servicio de internet; penas mayores para aquellos que violen
sus leyes, además del control y bloqueo automático de cualquier contenido que
viole sus marcos legales.
En cuanto a la industria farmacéutica y patentes, la industria
farmacéutica norteamericana junto con a Organización de Industrias
Biotecnológicas (BIO) buscan implementar períodos de protección de las patentes
mucho más extensos. Además, de acuerdo con artículos publicados, la asociación
de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA, por sus siglas
en inglés) que representa a los corporativos dedicados a la investigación y
fabricación farmacéutica y biotecnológica están buscando establecer un sistema
de compensación por el tiempo que se demoren los países en poner los
medicamentos en el mercado, lo que afecta directamente todo el período de
pruebas que se realizan y el proceso de registro sanitario. Finalmente, el
sistema de control de violación de patentes se volvería mucho más restrictivo,
además de que se está buscando patentar otras áreas como aquellas que
conciernen a procedimientos y tratamientos quirúrgicos y de diagnóstico. Todo
ello lograría una vez más, beneficiar a la industria farmacéutica privada e
impactaría negativamente en la disponibilidad de medicamentos y accesibilidad
para la población.
En cuanto a materia del campo, recursos naturales y derechos
medioambientales,
se busca garantizar el desarrollo de grandes monopolios trasnacionales como
Monsanto, Cargill o Gruma (protección de derechos de los fitomejorados) que
amenazan con destruir la soberanía alimentaria del campo (incrementando los
niveles de pobreza y afectando aún más la producción) y comunidades y que
tendría además, implicaciones en el sistema de intercambio de semillas ya que
busca impedirlo además de que reforzaría la dependencia alimentaria con EUA. De
acuerdo con Lucía Sepúlveda, de la campaña «Yo
no quiero transgénicos en Chile», países como Chile y México serán
obligados a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), lo que supone echar a andar un
proyecto de propiedad intelectual de las semillas, derogar la actual ley de
semillas además de abrir camino para las transnacionales. En cuanto a recursos
naturales, el tratado da prioridad a intereses de inversionistas extranjeros
que busquen entrar en el territorio para explotar recursos, aumentando los
procesos de despojo, desposesión y destrucción del territorio a manos de las
transnacionales.
Sobre la inversión privada, se establecerá un sistema de protección
para los inversores a través de la creación de un tribunal internacional
(extrajudicial) que se ocupará de las sanciones en caso de que se incurra en
ellas. Ante cualquier conflicto de intereses que surja entre un país y la
transnacional, el acuerdo obliga al gobierno a plegarse a los intereses de
la transnacional, esto es, de ahora en
adelante, el país tendrá que resolver cualquier conflicto en beneficio de la
empresa, ya sea en materia medioambiental, de seguridad, económica, de salud,
etc. El economista y académico norteamericano Joseph Stiglitz, explicó que «En particular, el capítulo -específico-
da a los inversionistas extranjeros el
derecho de demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados
cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del
TPP», además de que cualquier modificación o medida gubernamental que
atente contra sus intereses, será considerada como «expropiación» y deberán ser
compensadas en cuanto tal.
En relación a Europa, Estados Unidos ha estado negociando la
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas
en inglés) que tiene como función implementar los principios de «cooperación», en los países localizados
en la zona del atlántico norte, lo que también conllevaría la aplicación del
mismo sistema de derechos y protección de corporativos en esta zona.
El TPP se ha estado
negociando durante años en completo secreto y no es sino hasta hace poco que el
tratado fue publicado. Muchos han alertado sobre las terribles consecuencias
que éste va a acarrear consigo. Hasta ahora, se sabe que han estado
involucradas más de 500 representantes de corporaciones quienes se han
integrado al diseño y procesos de negociación. En México, el secretario de
economía, Idelfonso Guajardo Gil, fue bastante claro al respecto de la
integración de grandes corporaciones al diseño y negociación del tratado en una
entrevista que aparece en la Revista Expansión. En ella, menciona que ningún
país contaba con un modelo de cooperación entre empresarios y Estado «tan efectivo como el de México»: «Desde el principio, decidieron [el
Estado] acompañarse del sector privado
para conocer sus posturas y recibir sus consejos. “Yo creo que México es el
país que mayor empresarios cargaba en las negociaciones”, dice Guajardo. “Lo que hicimos fue rescatar
que los voceros fueran voceros de nivel, que tuvieran empresas importantes y
que pudieran hablar con autoridad moral […]”».
Las declaraciones evidencian de lo que se trata. Mientras que la información que se ofreció a la
población fue más bien escasa y se caracterizó por un lenguaje confuso y mientras los pueblos originarios no fueron
si quiera consultados y por derecho se estipula que en medida que se verán
fuertemente afectados debieron hacerlo, el estado decidió integrar a representantes
de las corporaciones para velar por el interés común. Esto no llega tampoco
como sorpresa, de antaño las corporaciones junto con su estado, se han dedicado
a obrar de tal modo, sin embargo deja entrever la lucha que se avecina.
Es importante destacar que
gran parte de lo que implicará este tratado ha sido anunciado sin cesar en
muchas de las inquietudes y reflexiones que los compañeros zapatistas han
expresado en muchos de sus comunicados durante más de diez años. Ante la nueva
etapa de ofensiva, son muchos los colectivos y organizaciones que se han
manifestado en oposición, así como muchas movilizaciones que han tenido lugar.
Desde redes como Detengamos el TPP: Acción Ciudadana en Japón, Flush the TPP,
TPP abierto, etc., hasta megamovilizaciones como la que tuvo lugar en Berlín el
pasado noviembre y cuyos materiales compartimos aquí, o la más reciente
convocatoria a acción que se hizo en México desde Rancho Electrónico y la Red
Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (http://www.rmalc.org).
Los anarquistas Stuart
Christie y Albert Meltzer escribieron que «el
Estado fue construido bajo el culto a la esclavitud y sobrevive bajo el culto a
la muerte», este culto a la muerte es materializado hoy precisamente por el
sistema neoliberal y el TPP está por ser el pilar estratégico a través del cual
avanzará esta nueva ofensiva contra los pueblos y nosotros. A través del TPP
las corporaciones están creando las reglas globales que van a regir la
economía, estableciendo las normas para controlar las zonas económicas así como
para ampliar el espectro de influencia y beneficio. Se trata entonces
básicamente de un asunto de poder, de quién detenta este poder, y es por eso
que las negociaciones se han realizado de forma bilateral entre los países más
influyentes, dejando al resto de los países sólo con la posibilidad de
adaptarse a sus normas y al resto de la población mundial que no forma parte de
ese 1%, sometidos a los mandatos de la clase corporativa.
[1] En conjunto, los países que integran el TPP
representan el 30% del PIB mundial, el 19% de las exportaciones mundiales, el
22% de las importaciones globales y concentran al 10% de la población mundial.
[2] TPP: ¿por qué quieren ampliar las patentes?
(Gustavo Leal F. en La Jornada)
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