martes, 27 de octubre de 2015

Criminalización a ejidatarios afectados por proyecto hidroeléctrico de la presa Chicoasén II.

“Aunque el gobierno de Velasco se comprometió a no levantar averiguaciones previas, existen 11 órdenes de aprehensión contra indígenas zoques, por reivindicar derechos agrarios”, Frayba.
Publicado por: POZOL COLECTIVO
octubre 27, 2015
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Boletín de Prensa Nº 26
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha recibido información del Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén (Comité Ejidal de Chicoasén) de la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión, bajo la averiguación previa número 217/2015, en contra de los abogados y ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la presa Chicoasén II. Esta criminalización se da a pesar de existir minutas de acuerdo, firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del 2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coello se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios.
El Comité Ejidal de Chicoasén ha informado públicamente las violaciones a sus derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica. Específicamente denuncian que el proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal.
Como indígenas zoques los ejidatarios afectados por la presa Chicoasén han realizado diversas acciones pacíficas y legítimas para evitar que continúe el avance en la construcción del proyecto hidrológico que afectaría su territorio. El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que les otorgó la suspensión de plano provisional de la obra ejecutada por el Consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAABSA Infraestructura y Sinohydro Costa Rica.
A pesar de contar con un amparo a su favor, los ejidatarios manifiestan que los trabajos no se han detenido; y en respuesta la criminalización a su lucha en defensa de la tierra ha aumentado: se sienten intimidados y hostigados judicialmente, temen ser detenidos, tal como se realizó con su abogado Arturo Ortega Luna, quien se encuentra en el Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) Nº 14, El Amate; acusado de motín en espera de la sentencia del juez.1 
Testimonios con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos indican: 
“La Comisión Federal de Electricidad es la que interpuso la denuncia, porque ganamos el amparo a favor de nosotros, y porque en cualquier momento pararíamos la obra; y la otra es porque estamos avanzando en cuanto a presentar los peritajes para que nos paguen los daños. Por eso pensamos que se dio la detención de nuestro abogado y la liberación de otras órdenes de aprehensión, con la finalidad de oprimir nuestro movimiento y callarnos de esa manera, meternos miedo. Por esta razón nosotros ya desconfiamos totalmente del gobierno, porque primero nos hacen firmar documentos, minutas de acuerdo y a la mera hora ellos no respetan y nos detienen”.
Este Centro de Derechos Humanos reitera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que:
“Los Estados tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.2
La CIDH ha recomendado a los Estados:
“Asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipularán el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como es el caso de las defensoras y defensoras de derechos humano”.
Es importante señalar que los proyectos hidroeléctricos afectan sobre todo a las comunidades indígenas y campesinas. Cuando estos pueblos se organizan son frecuentemente criminalizados en especial cuando se movilizan en rechazo a proyectos que afectan sus tierras y territorios y sus derechos a la vida y la integridad.
Este Centro de Derechos Humanos exige la liberación inmediata del abogado Arturo Ortega Luna; cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios afectados por la presa Chicoasén II, personas en su mayoría de la tercera edad quienes están enfrentado hostigamientos en la defensa de sus derechos agrarios; cese a la criminalización de la lucha por la tierra. 

1Detienen a abogado del Comité Ejidal de afectados por la presa Chicoasen II. Acción Urgente. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. 23 de octubre de 2015. Disponible en:
2 Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2011. Disponible en: