sábado, 27 de junio de 2015

CFE realiza hostigamiento extrajudicial a usuarios en resistencia civil en Tonalá, Chiapas.

Tonalá, Chiapas a 19 de Junio de 2015
 Boletín 07
Publicado por  Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Amenaza la CFE con embargar y denunciar penalmente en un plazo de 48 horas a través de un despacho particular.
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado y recabo información proporcionada por el Sr. Elías Palacios Ovando integrante del Frente Cívico Tonalteco AC y del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas de la ciudad de Tonalá, Chiapas, a quien le requieren el pago de su adeudo de manera extrajudicial mediante un despacho jurídico particular.
El día 11 de Junio aproximadamente a las 18:30 hrs., en el domicilio del Sr. Elías Palacios Ovando ubicado en la Av. Galeana, Esquina Callejón Mayorga; se presentó la Lic. Maritza Torres manifestando ser empleada de la CFE y requería que de manera inmediata acudiera a la Agencia Comercial de Tonalá para pagar su adeudo, caso contrario lo demandarían ante las autoridades correspondientes, así mismo le hizo entrega de una dictaminación extrajudicial  del despacho jurídico REDCORD con domicilio en la ciudad de Monterey, Nuevo León con fecha 09 de Junio de 2015.
El documento signado por el Lic. Juan Jesús Salazar Cordero en calidad de Representante Legal especifica que se constituirá a su domicilio un actuario judicial del Tribunal Superior de Justicia, posteriormente requiere que en un término de 48 horas realice el pago de su adeudo que asciende a un total de $178, 379.00, caso contrario señalará bienes de su domicilio para que estos sean embargados, y en caso de oponerse refiere el documento se empleará el uso de la fuerza pública, rompiendo cerraduras y será arrestado por 72 horas.
En el último párrafo de dicho documento hace mención que de acuerdo al artículo 368º se procederá a denunciar ante el Agente del Ministerio Publico por el delito de robo o fraude.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación debido a que este tipo de actos solo  abonan a incrementar la criminalización y judicializar la lucha civil y pacífica de miles de usuarios que exigen al Estado Mexicano una tarifa justa de energía eléctrica y su reconocimiento constitucional como un derecho humano. Así también agudiza la situación de pobreza de los usuarios de energía eléctrica que se han declarado en resistencia civil en contra de los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad.
La energía eléctrica es parte del derecho humano a una vivienda adecuada. La ONU, a través del Comité de Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”[1]
La lucha por el acceso a la energía eléctrica y a una tarifa justa es una lucha legítima que se inscribe en la lucha por los derechos humanos. El gobierno tiene la obligación de escuchar, atender y respetar esa lucha. La Declaración de los Derechos de los Defensores de la ONU[2] dice:
Artículo 12
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa exige al Gobierno de Federal, Gobierno de Chiapas y a la Comisión Federal de Electricidad:
Se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los usuarios en resistencia civil, particularmente a los integrantes del Frente Cívico Tonalteco.
Se tomen las medidas necesarias para frenar estos actos de hostigamiento y en todo momento se priorice el dialogo entre los usuarios en resistencia civil y la paraestatal.
Se respete la lucha civil y pacífica de los usuarios en resistencia civil en contra de los altos cobros de energía eléctrica de la CFE.
[1] Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 [2] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU 53/144