jueves, 11 de junio de 2015

10-06-1971: ¡POR NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS, NO UN MINUTO DE SILENCIO, SINO TODA UNA VIDA DE LUCHA!


10 DE JUNIO DE 1971: ¡GANAR LA CALLE! ¿A CUALQUIER PRECIO?
Comentario de La Voz del Anáhuac
Después de 1968, se desató dentro de las escuelas del IPN una ofensiva de represión académica y resurgimiento del porrismo alentado por las autoridades del IPN, del DDF, gobernación y el PRI.
         Los comités de lucha de algunas escuelas del IPN (ESIME, Ciencias Biológicas, Física y Matemáticas, Vocacional 3 y grupos activistas de las Vocacionales 6 y 8, Enfermería y otras) veían con preocupación este panorama y vieron necesario cambiar los métodos de organización, y el estilo de trabajo. Después del análisis y con una orientación de la conocida como “línea de masas”, la conclusión a la que se llegó fue: “organizar a los estudiantes en torno a sus demandas concretas, de manera independiente del control estatal-priísta, para estar en condiciones de apoyar de manera real y efectiva las luchas populares”.
         Se había generado una dependencia de los comités de lucha respecto a los presos políticos  de 1968. Se había convertido en eje central de toda la actividad la lucha por su liberación, de manera que el Estado tuvo un gran margen de maniobra para chantajear al movimiento, mientras recuperaba terreno en el medio estudiantil a través de los porros, dedicados entonces a promover tocadas de rock y a introducir drogas en las escuelas.
Surgieron desde entonces dos grupos que buscaban renacer a la vieja FNET, repudiada en 1968. Estos grupos eran (¿son aún?) la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos) ODET y la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP), ambas ligadas al PRI, unos financiados por el DDF, los otros por Gobernación, alguna de estas vinculada a los “presos políticos” Sócrates Campos Lemus y Marco Antonio Ávila Cadena, quienes durante el movimiento se mostraron muy “radicales”, pero en cuanto fueron detenidos el 2 de octubre, se pusieron abiertamente al servicio del gobierno, ya lo estaban, pero fingían ser otra cosa.
En abril de 1971 estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Nuevo León en contra la imposición de una Ley Orgánica que pretendía poner la Universidad en manos de patronatos empresariales, es decir, privatizarla. Los comités de huelga de la UNAM y el IPN acordaron realizar una manifestación solidaria en el DF. Sería en mayo…, no, mejor en junio, pues se pretendía hacerla coincidir con el regreso a México de un grupo de presos políticos del 68 que habían sido condicionados a salir del país para recuperar su libertad. Entre quienes aceptaron esa condición estaban los líderes más conocidos del CNH. Se denunció que esta forma de excarcelación no era sino un destierro encubierto. Entonces el gobierno “aperturista” y “tercermundista” de Echeverría tuvo que declarar que no estaban desterrados, que podían regresar cuando así lo decidieran.
Por fin estarían aquí el 10 de junio y para esa fecha se decidió hacer la manifestación. Pero para entonces ya se había levantado la huelga en la UANL, pues la pretendida Ley Orgánica privatizadora se derogó.
En este contexto es en el que se discute si debe o no realizarse la manifestación. Unos opinaban que ya no, pues el conflicto en Nuevo León se había resuelto y, en esas condiciones, realizar la manifestación sería una provocación. Muchos insistían en sí realizara, pues además de “ganar la calle” (desde la masacre del 2 de octubre no se había podido volver a salir a la calle en una manifestación), había más motivos para convocarla: en las universidades se luchaba por la democratización de la enseñanza, y había luchas obreras con las que se había establecido una relación de solidaridad: el movimiento ferrocarrilero que Demetrio Vallejo reorganizaba, la lucha de la Tendencia Democrática del SUTERM, las huelgas de Ayotla Textil, Chiclet’s Adams y otras.
Por suspender la manifestación, pero no sólo, sino también por reorganizar al movimiento estudiantil estaban las escuelas del IPN citadas arriba, con su planteamiento de: “organizar a los estudiantes en torno a sus demandas concretas, de manera independiente del control estatal-priísta, para estar en condiciones de apoyar de manera real y efectiva las luchas populares…”
Esto no fue comprendido, fue rechazado, se acusó a quienes lo plantearon de “rebajar el nivel de lucha”, de “economicistas”, de “reformistas”. Si no es que hasta de “traidores”. La propuesta fue rechazada sin escucharla cabalmente, sin discutirla.
Se impuso el criterio de “ganar la calle”. Y así nos fue. No ganamos la calle, pero sí perdimos a muchos compañeros, asesinados por los Halcones. Este golpe volvió a sumir en el desconcierto a buena parte de las bases estudiantiles que difícilmente volverían a movilizarse. Y de entre los activistas, la certidumbre de que en México estaban cerradas las vías pacíficas y civiles de lucha, en consecuencia la radicalización.
“Armarse o dejarse matar” era la disyuntiva. Entonces, si ya de por sí después de la masacre del 2 de octubre esta idea había germinado, ahora florecería con la aparición de diversas organizaciones político-militares revolucionarias urbanas: Comando Armado Lacandones, Comandos Armados del Pueblo, Frente Urbano Zapatista y más, muchos más, en el DF, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Y aunque simultáneamente se desató la guerra contrainsurgente desmantelando, golpeando, encarcelando, torturando, desapareciendo, asesinando a muchos de quienes se atrevieron a tomar el camino de las armas, dos años después, en marzo de 1973 surgió una organización que intentó coordinar a nivel nacional a los grupos guerrilleros urbanos y rurales. De por sí desde los años 60’s habían surgido en el estado de Guerrero dos frentes guerrilleros, encabezados respectivamente por Genaro Vázquez Rojas (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) y Lucio Cabañas Barrientos (Partido de los Pobres y Brigada Campesina de Ajusticiamiento).
Por otra parte, un buen número de activistas que compartían la idea de que es necesaria la revolución y acabar con el sistema capitalista, pero que diferían en el método, pues desde su punto de vista la revolución no puede ser realizada por un puñado de valientes, sino por el pueblo consciente y organizado, decidieron integrarse al pueblo, como obreros, campesinos o desde las colonias proletarias, para desde ahí, integrándose a las luchas populares, realizar un trabajo de acumulación de fuerzas, de formación de bases sociales de apoyo…
Pero unos y otros fueron perseguidos, apresados, torturados secuestrados, desaparecidos, asesinados.
Si el 10 de junio el Estado utilizó a los “Halcones” para reprimir, como el 2 de octubre del 68 ocupó al “Batallón Olimpia”, durante el tiempo que desencadenó la llamada “guerra sucia” (década de los 70’s y parte de la de los 80’s), empleó a la llamada “Brigada Blanca”, grupo élite de contrainsurgencia formado por militares y policías de todas las corporaciones, asesorados por profesionales de la tortura, de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial formados exprofeso por la Escuela de las Américas.

Órgano informativo de discusión y análisis del Frente Cultural Revolucionario

Hoy como en 1971, las masacres contra estudiantes y contra el pueblo continúan, por eso este año recordar el 10 de junio tiene más significado que nunca, tenemos que denunciar, luchar, organizarnos y defendernos contra los crímenes que las fuerzas más retrógradas dentro y fuera del gobierno siguen cometiendo.
¡43 DE AYOTZINAPA: VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡POR LOS CAIDOS, NO UN MINUTO DE SILENCIO, SINO TODA UNA VIDA DE LUCHA!
¡POR LA LIBERACIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y POLÍTICA DE NUESTROS PUEBLOS!
EL HALCONAZO  Y EL SENTIDO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Simón Hernández,
Centro Defensa Pro Derechos Humanos

El 10 de junio de 1971 el grupo paramilitar llamado Halcones reprimió una manifestación de estudiantes en la que murieron y desaparecieron decenas de jóvenes que exigían un México más democrático, la respuesta fue la llamada Masacre del Jueves de Corpus o la Masacre de Corpus Christi, porque ese día fue el día de las mulas.

En medio de la efervescencia social que ha causado la reciente irrupción del estudiantado en la arena pública, resulta necesaria la reflexión y un ejercicio de memoria histórica sobre las movilizaciones estudiantiles, su presencia en la historia del país y su rol como partícipes en la incipiente construcción de la democracia en México.

La irrupción de los estudiantes en las calles genera una reminiscencia al año 1956 y la lucha de los alumnos del Politécnico, la ocupación de distintas Universidades por el Ejército en década de los sesenta hasta culminar con el año de 1968, y la llamada “revolución cultural” que sacudió al mundo, y que en México tuvo su expresión en la movilización de universidades públicas y privadas articuladas en el CNH (Consejo Nacional de Huelga), luchando contra el autoritarismo de ese tiempo.

A 44 años del Halconazo, el estudiantado mantiene una condición de sujeto político. El 10 de junio de 1971 las heridas por la represión al movimiento del 68 seguían abiertas. Los estudiantes Politécnicos y de la UNAM salían nuevamente a las plazas, después de tres años de ausencia en las calles, a una marcha para respaldar a las y los estudiantes que enfrentaban la imposición de una Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León y demandaban mayor inclusión de maestros y estudiantes.

Quienes marcharon el 10 de junio de 1971 exigían la democratización la enseñanza, la inclusión de sectores históricamente marginados en el acceso a la educación como campesinos y trabajadores, aumento del presupuesto y libertades políticas y democráticas a un régimen cerrado, monolítico y autoritario. Por ello, la represión que existió como respuesta no fue sino la expresión y consecuencia de la configuración del sistema político de ese tiempo.

En el Halconazo existió una operación coordinada y la colusión de distintas instancias de gobierno tendientes a generar terror y reprimir a los estudiantes. El grupo de corte paramilitar conocido como “los halcones” realizó actos que afectaron el derecho a la vida, libertad e integridad personal, reunión pacífica y libertad de expresión de los manifestantes; cometieron asesinatos, detenciones, encarcelamiento y desaparición forzada de personas en hechos que hasta la fecha no han sido esclarecidos ni establecidas las responsabilidades de los autores.

Hasta la fecha existe una responsabilidad de Estado en la creación, entrenamiento y utilización de este grupo, en la falta de investigación y su correlato de encubrimiento, en el aliento a la impunidad y en la falta de verdad sobre el número e identidad de las víctimas.

Los hechos del 10 de junio de 1971 son una afrenta presente y viva para la sociedad mexicana. Tanto en las administraciones del PRI  y del PAN, ha existido una determinación de Estado tendiente a deformar la historia y obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia. El derecho fundamental a la verdad sigue siendo una deuda política e histórica del Estado mexicano con las víctimas.

El Halconazo es historia del tiempo presente. Existe una memoria viva que reclama su derecho a saber qué pasó. No hay hasta la fecha ni verdad, ni justicia, menos aún reparación; no se ha logrado en un ejercicio mínimo de restauración de la dignidad, al identificar a todas las víctimas de estos hechos.

Apenas comenzamos a conocer los pormenores del diseño de estrategias de Estado creadas para castigar a grupos sociales. Los aparatos represivos como la “Brigada Blanca”, el “Batallón Olimpia”, o los “Halcones” y sus secretos siguen siendo celosamente guardados por la clase política y son apenas conocidos, no por la acción del Estado, sino por la lucha de las víctimas, la participación de la academia y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Articular históricamente el pasado y el presente permite observar que las recientes movilizaciones de estudiantes del Politécnico y de Normales Rurales, tienen una continuidad histórica con las generaciones precedentes que también se han movilizado. Como afirma Walter Benjamín: “la tradición de los oprimidos nos enseña que ‘el Estado de excepción’ en el que vivimos es la regla”. Los estudiantes del México del año 2015, al igual que los de 1971, no son partes seccionadas de una cadena de acontecimientos, sino actores de la misma calamidad y de una historia común.

Como factor político el estudiantado siempre ha tenido un signo político en sus movilizaciones. El 10 de junio del 71, al frente de la marcha, existía una manta que consignaba “por la unidad obrero-campesino-estudiantil”. La histórica politización y vocación libertaria de las y los estudiantes no es casual. En primer término, porque no están escindidos de la vida social y padecen las misma problemáticas que aquejan a la población. Además, su condición les facilita el acercamiento analítico a las causas de la desigualdad e injusticia prevalecientes, así como a una postura crítica hacía el poder político que las genera.

Por ello, aunque las movilizaciones estudiantiles se presentan en términos de coyunturas y demandas específicas, su capacidad de acción no es azarosa, ni contingente. Por el contrario, su emergencia y reivindicación de otras problemáticas y apoyo a otras luchas, obedece no sólo a su capacidad crítica, sino a que permanecen, en la historia, las condiciones de estructura que lesionan los derechos humanos y generan una situación de agravio y reclamos al Estado. Hoy, como hace 44 años, seguimos padeciendo un Estado de excepción y los estudiantes buscan comprometidamente su trasformación.

Hoy, como hace 44 años, se descalifica y asesina a quienes cuestionan al poder al tiempo que el autoritarismo sigue siendo un componente del poder en México. Ayotzinapa es el ejemplo más dramático.
TESTIMONIO DE IVÁN JAIME URANGA MIEMBRO DEL COMITÉ DE LUCHA DE LA ESIME EN 71

En una reunión del día 9 de junio de 1971 el Comité Coordinador de Comités de Lucha del Politécnico, se decidió que la Marcha del 10 de junio (el día siguiente) era una provocación y que lo más probable es que hubiera represión. Ningún líder verdadero debe arriesgar a sus bases de apoyo a ser reprimidas o asesinadas. Al mínimo signo de represión se debe salvar la poca organización que se tiene, aunque eso signifique "perder".

Esa reunión resolvió que el 10 de junio de 1971 una comisión encabezada por los Comités de Lucha de la ESIME y la ESFM llegaría temprano a convencer a los que convocaron la marcha, a no salir a la calle. Lo hicieron, pero fueron abucheados, la consigna era "hay que volver a ganar la calle".

Así se fraguan los errores históricos, así se fabrican los mártires que después lloramos y les hacemos homenaje. Así es la irresponsabilidad de los líderes acelerados, los que piensan que ganar es tener el mayor número de mártires posible. O, tal vez, por su ceguera política, ni siquiera lo piensen.

En el colmo de la estupidez, los que fueron a convencer a la marcha de no salir a la calle, marcharon al frente de la marcha. ¿Quienes creen que fueron los primeros heridos de bala? Adivinaron, la comisión de disuasión. Un compañero de ESFM lucharía por su vida en las siguientes horas, otros no tuvieron tanta suerte.

Los francotiradores apostados en los techos de los edificios frente al costado oriente de la Normal de Maestros, causaron bajas inmediatamente, decenas corrimos para salvar la vida, aunque algunos corrieron en dirección de los Halcones y fueron golpeados con varas de bambú. Otros, fueron directo a los granaderos y fueron golpeados con tolete, en el caos, algunos pocos la libramos, sobre todo los que de alguna manera no entramos en pánico.

¿Cuántos muertos hubo? Difícil saberlo, sobre la plancha del pavimento había muchos caídos, difícil determinar quiénes estaban muertos y quiénes heridos.

En la izquierda no acostumbramos mucho hablar de nuestros errores históricos, cada vez que he expresado este relato soy visto con malos ojos y, en el colmo, he sido acusado de gobiernista (defensor del gobierno represivo).

Sin auto-crítica jamás avanzaremos. Se enoje quien se enoje.
 

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