¿Qué hizo 'El Cochiloco', el 26/09? VERSIÓN DE PGR
CONTRA LA DE AYOTZINAPA
Publicado el 28/01/2015
“Está tratándose de proyectar una cosa que no es cierta, no hay
elementos suficientes para concluir que el móvil fue ese, y que los compañeros
pertenecían a ‘Los Rojos’”, señaló Vidulfo Rosales, abogado
de los padres.
Bernardo
Flores Alcaraz, Miguel Ángel Hernández Martínez, respectivamente apodados “El Cochiloco” y “El Patilludo”, son señalados, según la versión de la PGR, como “infiltrados” del grupo delincuencial llamado
“Los Rojos”, rival de los “Guerreros Unidos”, afirmando que
presuntamente este fue el móvil para que los 43 compañeros de Ayotzinapa fueran
secuestrados, asesinados y calcinados por policías municipales coludidos con
sicarios.
El Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, acompaña jurídicamente la lucha de las madres, padres,
familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este
organismo independiente aclara que el hecho de tener apodos no hace de ninguna
manera que los estudiantes sean considerados delincuentes. Poner apodos y rapar
a los estudiantes de nuevo ingreso son costumbres que siempre han existido en
las Normales Rurales. Recuerdan que incluso Lucio Cabañas, uno de sus más
célebres egresados, tenía su apodo, le llamaban “El Chivo”, por la rala barba que tenía.
Estas aseveraciones de la PGR están basadas en las “confesiones” de los sicarios detenidos.
Los dos compañeros eran estudiantes regulares de la Normal e integrantes del
Comité Estudiantil, el cual es electo en Asamblea General de entre los mejores
alumnos.
Por otro lado, según la versión de la PGR, señala al
director de la Normal Rural como quien decide las movilizaciones de los
estudiantes, lo cual también es falso, pues estas se deciden en las asambleas
estudiantiles.
Esta retorcida versión de la PGR, presentada como “verdad histórica”, pretende difamar a
los normalistas secuestrados-desaparecidos, que ahora declara la PGR como asesinados y calcinados, al señalarlos como “infiltrados”
de un grupo criminal, esto es una perversión, pues se vincula a las víctimas con
grupos delincuenciales, es decir, se les re victimiza. ¿Recuerdan que tras el
asesinato de Digna Ochoa, se le tachó de paranoica,
desequilibrada mental, para inducir
la versión oficial de que se suicidó?
Otra mentira en que la PGR insiste es la de que el
ejército no tuvo ninguna participación en los hechos del 26 de septiembre, pues
hay testimonios que confirman que el 27 batallón de infantería, con sede en
Iguala, sí patrulló las calles de Iguala mientras los estudiantes normalistas
eran atacados y perseguidos por policías de municipales y sicarios, incluso hay
testimonios de que los militares sacaron a un grupo de normalistas de una
clínica privada en la que se habían refugiado solicitando atención médica para
un compañero herido, ahí los interrogaron, los fotografiaron, obligaron a poner
en altavoz los celulares al atender cualquier llamada y a decir que todo estaba bien. Cuando inquirieron sus
nombres a estos normalistas les dijeron que dieran sus nombres verdaderos
porque de lo contrario “nunca los van a
encontrar”, les advirtieron los militares. Como les fuera negada la
atención médica en esa clínica, los estudiantes pidieron a los militares ayuda
para conseguir una ambulancia, ésta también les fue negada. “Cállense, ustedes se lo buscaron…”, fue
la respuesta de los militares.
Al 27 batallón de infantería se le conoce por su negra
historia, desde tiempos de la denominada “guerra
sucia” por su especialización en detención, tortura, ejecución
extrajudicial y desaparición forzada. Muchos de los centenares de desaparecidos
desde tiempos de la guerrilla del Partido de los Pobres, en los años 70’s, estuvieron
secuestrados en esa sede del ejército federal. Los familiares de los normalistas
desaparecidos conocen esta historia, por eso insisten en que se investigue al
ejército. Negar la participación del ejército en estos acontecimientos, además
de ser un absurdo, pretende impunidad para el brazo armado del estado. Por
ahora están detenidas algunas decenas de policías y sicarios, para simular que
se está haciendo justicia. Según la costumbre oficial, muy probablemente ahí
los tendrán un tiempo y después los liberarán, argumentando irregularidades en
el proceso, como ocurrió con los paramilitares que perpetraron la masacre de
Acteal el 22 de diciembre de 1997. Como en ese caso, sólo el ex presidente
municipal de Iguala y su esposa están siendo procesados (aunque no por
desaparición forzada). En el caso de Acteal, el único funcionario procesado fue
el entonces presidente municipal de Chenalhó, ya liberado por irregularidades
en el proceso. En ambos casos, ningún funcionario estatal o federal es
investigado, tampoco el ejército. Esos son los “usos y costumbres” oficiales para garantizarse impunidad ante sus
crímenes.
El objetivo de la versión de la PGR es cerrar el caso y desmovilizar la lucha indeclinable de los padres, madres,
familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos.
Esto lo tienen muy claro los familiares y compañeros de
Ayotzinapa, pero por ello mismo insisten en continuar luchando por verdad y
justicia, rechazan tajantemente la versión oficial y están decididos a seguir
adelante. Si de las autoridades mexicanas no hay ninguna voluntad, lógicamente,
pues se trata de un crimen de estado, solicitan ya la intervención de
organismos internacionales. Finalmente, saben que los asesinos no se van a
castigar a sí mismos, saben que será la movilización y la solidaridad popular
lo único en que pueden confiar para lograr justicia. Eso lo debemos tener claro
todos, por eso es necesario acompañar, apoyar solidariamente la lucha de
Ayotzinapa, un crimen de estado como este nos golpea a todos. Igual puede
ocurrirnos a cualquiera. Si no se detiene la impunidad del estado ahora, la
cadena de crímenes de estado seguirá creciendo. No olvidemos nunca que quien
presencia un crimen en silencio se hace cómplice de los criminales.
(Comentario de La Voz del Anáhuac)
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