Agencia
Autónoma de Comunicación SubVersiones
En
México los derechos fundamentales individuales y colectivos se violentan de
manera cotidiana e institucional. No es una afirmación panfletaria ni mucho
menos una difamación. Las y los opositores a los planes gubernamentales son «castigados» con amenazas y
criminalización.
Para muestra, la lucha de la Tribu Yaqui, quienes se han opuesto –con argumentos y a través de un camino que legalmente les ha otorgado la
razón– a la construcción del acueducto Independencia, el cual
desviaría el agua del río Yaqui para abastecer, presuntamente, a la población
de Hermosillo, capital del estado de Sonora.
Para esta población indígena, la lucha no intercambia por puestos políticos
o beneficios individuales. Para los yaquis la lucha contra el acueducto es la
lucha por la defensa del agua y del medio ambiente que asegurará la permanencia
de su pueblo y del resto de habitantes en toda esta región del norte de México.
Mario Luna, uno de los dos voceros de la tribu –elegido por usos y
costumbres, junto con Tomás Rojo– ha explicado muchas veces y en distintos
foros el sentido de la lucha yaqui y el porqué de su resistencia contra el
acueducto, ha denunciado a las empresas que están sosteniendo lo insostenible:
la cervecera Heineken, Ford, Coca-Cola, CEMEX, y algunas más; ha denunciado a
la familia Coppel y a los Beltrones como grupos de poder locales que se
beneficiarán con este proyecto mal hecho. En este video Mario Luna explica, en
breves 10 minutos, lo absurdo que sería desviar el cauce de un río para
abastecer a un sector muy reducido de la población de Hermosillo y dejar a la
gran mayoría sin agua. Y todo a un alto costo:
Detenido un vocero
de la Tribu Yaqui
Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones
Publicado el 11/09/2014
En México es casi una institución el que se violenten los derechos
fundamentales de los ciudadanos, de manera individual y de manera colectiva. No
se trata de un panfleto o una difamación en contra de funcionarios, para
muestra, la lucha de la Tribu Yaqui, quienes se han opuesto –con argumentos y a
través de un camino legal– a la construcción del acueducto Independencia, el
cual desviaría el agua del río Yaqui para abastecer –presuntamente– a la
población de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Para esta población
indígena, la lucha no se traduce en puestos políticos, en beneficios exclusivos
o en daños a la naturaleza y el territorio, para los yanquis la lucha contra el
Acueducto es la lucha por la defensa del agua y del medio ambiente que
asegurará la permanencia de su pueblo y del resto de habitantes en toda esta
región del norte de México.
Desde 1940, a través de un decreto presidencial emitido antes de terminar
su periodo Lázaro Cárdenas, los yaquis fueron designados como protectores del
50% del río. Con la construcción del acueducto Independencia, no sólo no se les
preguntó sino que tampoco se les permitió expresar su opinión al respecto y
mucho menos han sido escuchados por las instituciones estatales o federales. El
gobierno de Guillermo Padrés decidió ignorar este decreto y además violar el
derecho a la libre expresión que en este caso, relacionado a los derechos de
agua y saneamiento, tienen los yaquis.
Además, Mario Luna fue detenido el día de hoy a partir de que se activó una
orden de aprehensión en su contra y poco después de que se le negara un amparo
que mantendría desactivada esta orden. La Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, a través de su titular, Carlos Navarro Sugich, anunció
en conferencia de prensa que el vocero yaqui está ya al interior del CERESO de
Hermosillo y que enfrentará el cargo de privación de la libertad (con una pena
de 4 a 10 años) y el cargo de robo de vehículo (con una pena de 2 a 10 años).
Estos delitos imputados no se han comprobado y su detención tiene ya, tintes
políticos, tal y como acontece en el resto del país en donde son los luchadores
sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas, mujeres y
hombres, quienes están siendo criminalizados parte de las instituciones.
En entrevista para SubVersiones, Ana Cristina Ruelas, del programa de
derecho a la información de Artículo 19, afirmó que en el caso de la Tribu
Yaqui, el derecho a la libertad de expresión fue violentado:
No hubo
un proceso de consulta en la que se le garantizara al pueblo yaqui información
suficiente para tomar decisiones sobre el río Yaqui y sobre el uso del agua en
ese río. En este caso, los principios relativos a la libertad
de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento se violaron
uno a uno, a partir de tres áreas generales; primero, la propia libertad de
expresión en todo lo relativo al agua, lo que uno necesita saber sobre el uso
de los recursos naturales, en segundo lugar la posibilidad de emitir las
opiniones al respecto y buscar toda la información necesaria; en tercer lugar,
la toma de decisiones sobre los proyectos propuestos. La Tribu Yaqui no fue
consultada pese al decreto de 1940 en que se les otorgaba el uso del 50% de las
aguas del río. El propio Mario Luna nos comentó que no fueron consultados, que
no tenían conocimiento de la construcción del acueducto y por tanto se viola la
parte de la participación en los procesos de la toma de decisiones sobre los
recursos naturales.
En este sentido, la Tribu Yaqui inicia un proceso judicial para
garantizar el derecho a la consulta, se les concede el amparo y se detiene la
extracción de agua a través del acueducto Independencia así como la
construcción del mismo acueducto, sin embargo empieza una campaña de
desprestigio en contra de los yanquis dentro del estado de Sonora. Y esta
campaña de desprestigio va acompañada de amenazas en contra de los voceros de
la Tribu Yaqui. Hay que recordar que la Tribu Yaqui tiene un sistema de usos y
costumbres, entonces para efectos del problema del agua del río Yaqui, las
únicas dos personas que están autorizadas para hablar en nombre de la tribu son
Mario Luna y Tomás Rojo y estás dos personas son exactamente las dos personas
que el gobierno de Sonora está acusando de privación ilegal de la libertad y
robo.
Desde 1940, a través de un decreto presidencial emitido antes de terminar
su periodo Lázaro Cárdenas, los yaquis fueron designados como protectores del
50% del río. Con la construcción del acueducto Independencia, no sólo no se les
preguntó sino que tampoco se les permitió expresar su opinión al respecto y
mucho menos han sido escuchados por las instituciones estatales o federales. El
gobierno de Guillermo Padrés decidió ignorar este decreto y además violar el
derecho a la libre expresión que en este caso, relacionado a los derechos de
agua y saneamiento, tienen los yaquis.
Además, Mario Luna fue detenido el día de hoy a partir de que se activó una
orden de aprehensión en su contra y poco después de que se le negara un amparo
que mantendría desactivada esta orden. La Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, a través de su titular, Carlos Navarro Sugich, anunció
en conferencia de prensa que el vocero yaqui está ya al interior del CERESO de
Hermosillo y que enfrentará el cargo de privación de la libertad (con una pena
de 4 a 10 años) y el cargo de robo de vehículo (con una pena de 2 a 10 años).
Estos delitos imputados no se han comprobado y su detención tiene ya, tintes
políticos, tal y como acontece en el resto del país en donde son los luchadores
sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas, mujeres y
hombres, quienes están siendo criminalizados parte de las instituciones.
En entrevista para SubVersiones, Ana Cristina Ruelas, del programa de
derecho a la información de Artículo 19, afirmó que en el caso de la Tribu
Yaqui, el derecho a la libertad de expresión fue violentado:
No hubo
un proceso de consulta en la que se le garantizara al pueblo yaqui información
suficiente para tomar decisiones sobre el río Yaqui y sobre el uso del agua en
ese río. En este caso, los principios relativos a la libertad
de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento se violaron
uno a uno, a partir de tres áreas generales; primero, la propia libertad de
expresión en todo lo relativo al agua, lo que uno necesita saber sobre el uso
de los recursos naturales, en segundo lugar la posibilidad de emitir las
opiniones al respecto y buscar toda la información necesaria; en tercer lugar,
la toma de decisiones sobre los proyectos propuestos. La Tribu Yaqui no fue
consultada pese al decreto de 1940 en que se les otorgaba el uso del 50% de las
aguas del río. El propio Mario Luna nos comentó que no fueron consultados, que
no tenían conocimiento de la construcción del acueducto y por tanto se viola la
parte de la participación en los procesos de la toma de decisiones sobre los
recursos naturales.
En este sentido, la Tribu Yaqui inicia un proceso judicial para
garantizar el derecho a la consulta, se les concede el amparo y se detiene la
extracción de agua a través del acueducto Independencia así como la
construcción del mismo acueducto, sin embargo empieza una campaña de
desprestigio en contra de los yanquis dentro del estado de Sonora. Y esta
campaña de desprestigio va acompañada de amenazas en contra de los voceros de
la Tribu Yaqui. Hay que recordar que la Tribu Yaqui tiene un sistema de usos y
costumbres, entonces para efectos del problema del agua del río Yaqui, las
únicas dos personas que están autorizadas para hablar en nombre de la tribu son
Mario Luna y Tomás Rojo y estás dos personas son exactamente las dos personas
que el gobierno de Sonora está acusando de privación ilegal de la libertad y
robo.
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| Aspecto del río Yaqui, luego iniciados los trabajos de desviación de su afluente. Fotografía: Aldo Santiago |
Mario Luna fue detenido por cuatro sujetos que no
se identificaron y fue hasta la conferencia de prensa que dio el procurador que
se pudo corroborar su paradero. Para la Oficial de Artículo 19, el problema del
agua en Sonora, además de estar acompañado de la campaña de desprestigio en
contra de los yanquis, tiene una característica particular, «ha sido un motivo para la restricción de
espacios cívicos, que es también uno de los principios dentro del derecho a la
expresión referidos a estos temas. La restricción de espacios cívicos es usada
por gobiernos autoritarios para acallar voces disidentes. En este caso es una
grave falta el hecho de que uno de los voceros ya no vaya a poder estar
trabajando en pro de esta causa del agua y ahora está sujeto a esperar las
acciones que tomen sus abogados y la Tribu Yaqui».
México atraviesa un momento en que la
criminalización de la protesta social es pan de todos los días. Para los
yaquis, la protesta se origina luego de que no se cumplieron los derechos
fundamentales de consulta a los que tienen derecho y se les excluyó de la toma
de decisiones; el colmo fue que su lucha jurídica que aparentemente había
logrado obtener un amparo y detener las obras del acueducto, fuera desestimada
por la intervención de funcionarios del gobierno estatal. ¿Legalidad?
¿Separación de poderes?
Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19,
considera que el caso de la detención de Mario Luna es un ejemplo más de cómo
se manipulan las leyes para favorecer los planes del Estado en contra de los
pueblos:
Se
utiliza las leyes penales, el derecho penal, pues para castigar aquellas voces
críticas, aquellas voces que se oponen a las políticas gubernamentales, en el
caso de la Tribu Yaqui, al acueducto Independencia, que han querido imponer
pese a que se han evidenciado violaciones a sus derechos como pueblos
indígenas, empezando por el derecho al agua, continuando por el derecho a la
tierra y el territorio. En este sentido cuando estos pueblos y comunidades no
se someten a los dictados del gobierno, se utiliza todo el aparato del Estado
para reprimirlos y castigarlos, para mantenerlos en una persecución constante
que inhibe la movilización social.
Es muy
claro, el contexto de Sonora, a la luz de los acontecimientos en donde hubo la
contaminación de las aguas en el estado, donde ha habido diversos incidentes
donde están implicados grandes grupos empresariales, el gobierno federal y el
gobierno local, buscan chivos expiatorios para desviar la atención de todas las
corruptelas, específicamente en materia de agua, que es el espacio de disputa
de la Tribu Yaqui. Por un lado señalan que la Tribu Yaqui quiere quedarse el
agua para perjudicar a millones de personas en la capital del estado, en
Hermosillo y por otro lado permiten que las empresas, la minera México, operen sin
los mínimos estándares de control ambiental y se generan tragedias como la que
ya se ha documentado en las semanas recientes.
Hay un uso diferenciado del derecho, para los empresarios y los grandes
corporativos, hay una especie de salvaguardas y protecciones y para los pueblos
que están en resistencia, es evidente que todo el peso de la ley y la
manipulación del aparato de justicia.
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Perspectiva del río Yaqui en su
parte no afectada. Fotografía: Regina López
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Finalmente, además de señalar las irregularidades
existentes en el proyecto del acueducto es preciso apuntar que la lucha yaqui
ha permitido el encuentro de muchas organizaciones sociales, académicas,
jurídicas y muchos tipos mismas que han conformado la Misión Civil de
Observación de la Consulta de la Tribu Yaqui, espacio diverso que dedica sus
esfuerzos a la investigación y argumentación de las razones que presentan los
propios yaquis para oponerse al acueducto.
La detención de Mario Luna, entendida como
estrategia represiva, a decir del abogado de Artículo 19, «busca poner a toda la fuerza social que está apoyando a la Tribu Yaqui
se enfoque en la defensa de Mario Luna, quien enfrentará un proceso penal en
prisión y desviar la atención de la lucha por la defensa del agua, la tierra y
el territorio. Es una estrategia añeja, es una estrategia muy probada por los
gobiernos de los estados y por el federal y que ahora la vuelven a
aplicar como si tuvieran un manual de operaciones».
Es este el panorama al que se enfrenta la Tribu Yaqui, una nueva etapa
de lucha en la que será necesario sumar esfuerzos para conseguir la libertad de
Mario Luna y el cese a la imposición del acueducto Independencia.
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