martes, 19 de agosto de 2014

Tierras comunales, teatro de operaciones de la contrainsurgencia (guerra de desgaste integral)

Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones

En el año 2006 un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas realizó una serie de mapeos de tierras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, bajo el proyecto denominado México Indígena, como parte de las Expediciones Bowman. Esto con el objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos, los territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada, con el argumento esencialista propagado por Geoffrey B. Demarest, que afirma que no hay paz sin propiedad privada. Dichas expediciones de interés estratégico para los Estados Unidos, con fines militares y geopolíticos, han sido coordinadas desde el inicio por Peter Herlihy y el propio Demarest, este último teniente coronel del ejército de dicho país.
Aldo González Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas del gobierno de Oaxaca afirma:
Las expediciones Bowman están dentro de la lógica de contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en el año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación sobre la información geográfica que poseen las comunidades indígenas de la Sierra Juárez. Los investigadores ocultaron que estaban financiados por  El Pentágono. Y creemos que esta investigación era una especie de piloto para ensayar como podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en relación con pueblos indígenas y sus tierras comunales.
De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y Rivas, «los agentes de las expediciones consideran  que las formas de propiedad comunal, colectiva y autónomas de las tierras representan un obstáculo para los planes de desarrollo que ya se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay capital de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras». Las tierras comunales en México se reconocieron después de la Revolución Mexicana —en el año 1917— y han estado bajo posesión de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables.
El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, afirma que como punto de referencia a esta ofensiva hacia las tierras comunales, está el Comando Sur del ejército de los Estados Unidos,  uno de los diez que dicho país tiene desplegados en el mundo y que abarca el área relativa al Sur del continente Americano, América Central y el Caribe.
Han vuelto la vista donde no hay presencia estatal y ausencia de propiedad. Van buscando áreas comunales y presentan esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así que el Comando del Sur está buscando como hacerse socio de los gobiernos y de ONGs en Latinoamérica y con ese fin utilizan, por ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que promueve servicios de salud a las comunidades, como método de ocupar el territorio y de contrainsurgencia.
El pensamiento de Demarest, como ideólogo o intelectual orgánico de estas expediciones, considera que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. Demarest es uno de los militares que formó la Escuela de las Américas, administrada por el Ejército de los Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras en el año 2009, como lo demostraron los activistas estadounidenses de SOAW, quienes ganaron una demanda en contra Departamento de Defensa en febrero del año 2013.  
«Demarest  es uno de los coordinadores de estas expediciones. Fue entrenado en la Escuela de las Américas, posteriormente fungió como agregado militar de la embajada estadounidense en Guatemala en los años de 1988 y 1991, donde se implementó un proyecto contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones indígenas», asegura López y Rivas.
Oaxaca, 2013. Llegada de la Caravana de apoyo a la comunidad Álvaro Obregón donde resintieron la intervención de más de 500 policías que pretendían tomar el control del territorio donde se pretendía imponer el proyecto eólico, llamado Barra Santa Teresa. Fotografía: Santiago Navarro F.
Manual de contrainsurgencia
Según el manual del ejército de los Estados Unidos (FM-3-24, MCWP 3-33.5), que marca los puntos estratégicos para desarticular cualquier forma de insurgencia, publicado en mayo del año 2014, bajo el título Insurgencies and Countering Insurgencies, cuando los elementos de una población crecen insatisfechos con el statu quo y están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias.
En ese mismo sentido, este manual está hecho para contrarrestar cualquier tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración de lo que se considera como Socios de Acción Unificada, una colaboración en un esfuerzo integral que va desde empresas nacionales o multinacionales y Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, hasta la presencia de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas. «Las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) o de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas pueden participar en algunas de las operaciones de contrainsurgencia. Las Naciones Unidas, en particular, tiene muchas agencias subordinadas y afiliadas activas en todo el mundo», dice textualmente el manual.

La academia en la contrainsurgencia
«Cada año la Iniciativa Minerva, con fondos del Pentágono que, entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos indígenas en Centroamérica, premia a doce proyectos de 300 que se presentan.  En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar acabo en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, empleando como asistentes de investigación a indígenas y mestizos para mapear la zonas de propiedad comunal a destruir o aniquilar», afirma López.
En el año 2013 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 1.5 millones, con posibilidad de ampliarlos a 3 millones de dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para poder continuar con las Expediciones Bowman, ahora con el programa de investigación Minerva. «La Iniciativa Minerva es un consorcio que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y contacta a las mejores universidades de Estados Unidos y subsumen a universidades latinoamericanas que se prestan para recibir fondos del departamento de estudios militares del Pentágono para realizar investigación para la contrainsurgencia», manifiesta López.
Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con financiamiento del Pentágono y canalizados por la Iniciativa Minerva para recabar datos para la contrainsurgencia. «Otro proyecto canalizado por la Iniciativa Minerva es el megaproyecto de la Universidad de Washington, en colaboración con Harvard que busca estudiar, el origen, las características y las implicaciones de los movimientos políticos de 23 países, contando con una base de datos de 58 países proporcionada por la Iniciativa Minerva, pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio y tiempo», sostiene López.
Policía documentando la presencia de activistas en la caravana con rumbo a la región indígena Triqui en Oaxaca, donde asesinaron a la activista Bety Cariño y Jyri Jaakkola en 2010. Fotografía: Santiago Navarro F.
El caldo de cultivo de los movimientos indígenas
Las últimas reformas aprobadas en México, que tienen que ver con la privatización de la educación y el petróleo, por mencionar algunas, impactarán directamente en la vida de más de 80 millones de mexicanos, considerando que el 40 por ciento del gasto público del país han sido financiado con ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en teoría destina dichos ingresos a educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un impacto que se verá reflejado también en el aumento del costo de la canasta básica, factor principal del aumento de la pobreza en México. Estas reformas son solo la punta del iceberg de lo que podría ser un caldo de cultivo que comienzan a provocar y agudizar nuevas movilizaciones sociales —pacíficas y violentas— en este país, catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en tres sexenios de gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana de 1910. Más de 94 millones de hectáreas concesionadas, una gran parte de estas concesiones se localizan sobre territorio indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde diciembre del año 2013 Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Ya había previsto que los movimientos sociales se agudizarían al señalar que «la situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón podrían provocar confrontaciones sociales en las zonas afectadas».
La reforma sobre la ley de hidrocarburos, junto con la reforma educativa, la fiscal y la financiera, atentan contra los pueblos indígenas y el pueblo de México en general, da pase libre a las empresas transnacionales para expropiación de tierras, en lo que el artículo 33 denomina «para utilidad pública», lo cual contempla a las tierras comunales. Las comunidades solo tienen en su jurisdicción hasta 30 cm del subsuelo, después de ahí este es de ámbito federal. Esto «abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública, a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera, también a una serie de violaciones a los derechos humanos», afirmó en la discusión que al respecto se dio en el Congreso, el senador Zoé Robledo.
Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de gobierno del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, con un aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este país. Las desapariciones y detenciones forzadas ya son incuantificables.  «Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie», sostuvo Felipe Flores, que junto a otras comunidades indígenas se oponen a la construcción de una de la presas hidroeléctrica de La Parota, en el estado de Guerrero, al sur de México.
Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de militarización y contrainsurgencia, en donde se ve un Estado autoritario que usa la violencia selectiva, como lo hizo durante la guerra sucia de los años 60 y 70, con las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y la persecución.

Guerra irregular
Las comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas México, son una muestra viva donde se aplican los mecanismos de la denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales de contrainsurgencia.
Afirma Gilberto López y Rivas:
No es una Guerra de Baja Intensidad, sino una Guerra de Desgaste Integral, que va desde la cooptación de comunidades con programas asistenciales de gobierno, que siguiendo el manual de contrainsurgencia es quitarle el agua al pez, pero también se crean peces bravos al servicio del Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir,  grupos paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que perpetraron el último ataque al movimiento zapatista, un movimiento que no ha realizado ningún acción ofensiva en estos últimos 20 años, porque tomaron la vía del apoyo a las autonomías de sus comunidades.
En los primeros días de agosto del año 2014, las comunidades zapatistas realizaban un encuentro con pueblos indígenas de México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI) llamada Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México «Compañero David Ruiz García», cuando un grupo armado del Ejido Pojcol realizó actos de ocupación y hostigamiento hacia integrantes de la Comunidad Autónoma de Egipto. Por esta razón y tratando de evitar un posible ataque, el 2 de agosto de 2014, 32 personas —mujeres, niñas, niños y ancianos— se desplazaron forzadamente, caminando durante toda la madrugada, hasta llegar a otro pueblo zapatista en donde actualmente les albergan, tratando de evitar una confrontación.
Elementos del ejército mexicano entran sin permiso a la comunidad autónoma de Cherán. Pese a tener restricciones claras, violan la permisividad con el pretexto de realizar labores de “revisión ordinaria” en el tránsito de la principal avenida de la población. Cherán, Michoacán, Febrero 2012. Fotografía: Heriberto Paredes
Oaxaca, peligro de insurgencia
Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y cultura indígena, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias plasmadas en ellos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena, provocó preocupación para el gobernador en turno, Diódoro Carrasco Altamirano, y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención indigenista con una serie de reformas a la constitución local de dicho estado. Las reformas fueron acompañadas de una estrategia contrainsurgente elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales de Oaxaca, que siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia implementadas por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a cerca de mil efectivos militares de México para tomar cursos de capacitación, según consta uno de los capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como el de «Los entregadores» en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los caciques  y cuya labor más importante era la delación: entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. De más de 150 indígenas detenidos en ese periodo, hay siete presos políticos aún, mismos que son conocidos como «Los presos Loxicha».
En el año 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían la destitución de dicho gobernador. Desde entonces las tácticas de contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región del país. Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es una de las más vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, con más de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que entre otras actividades no sólo filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de detectar rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.
La guerra en sus diferentes fases, define un terreno de acción y un enemigo a reducir o controlar, en este caso, parece ser que los pueblos indígenas son el enemigo potencial que representan un peligro al conservar sus territorios de forma comunal o con proyectos autogestivos o autonómicos, donde la resistencia y la cohesión comunitaria, arma principal de la lucha de los pueblos indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo de los gobiernos y las empresas.
La Ronda Comunitaria constituye un esfuerzo por procurar la seguridad que las instituciones del Estado no otorgaron antes. Es la recuperación de una tradición indígena e involucra a habitantes del ejército bajo la fórmula “sólo el pueblo defiende al pueblo”. Cherán, Michoacán, Enero 2012. Fotografía: Heriberto Paredes

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