jueves, 28 de agosto de 2014

El desarrollo arrollador en el Bajo Lempa, El Salvador en el camino neoliberal pese al FMLN en el poder

Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones
Por Martha Pskowski

Cuando visité la región de Bajo Lempa en el oriente de El Salvador este año, mis nuevos conocidos me contaron un chiste:
—¿Por qué no hay golpes de Estado en los Estados Unidos?— me preguntaron.
—No sé. ¿Por qué?— respondí.
—Porque ahí no hay embajada gringa.
Me reí con ellos y recordé que la intervención norteamericana durante la Guerra Civil de ese país aún está fresca en la memoria. A más de 20 años de la guerra, el intervencionismo surge con nuevas formas.
En mayo de 2014, la embajada de Estados Unidos en El Salvador presionó al gobierno de dicho país para que reconsiderara su proceso de obtención y distribución de semillas para familias campesinas. El gobierno salvadoreño compraba casi exclusivamente las semillas a cooperativas nacionales y la embajada declaró que dejar fuera a las empresas transnacionales no era una situación «transparente ni justa». Empresas como Monsanto ya habían dominado la industria previamente y el gobierno estadounidense encontró en ellas un nuevo pretexto para retener el paquete de ayuda para El Salvador, a instancias de la Millennium Challenge Corporation (MCC), consistente en 277 millones de dólares.
En los primeros meses del año, miles de niños y adolescentes empezaron a migrar de Centroamérica hacia los Estados Unidos y ante la emergencia, la retención de los fondos de la MCC empezó a parecer una forma inadecuada para impulsar el tema de las semillas en este último país. Aunado a esto, organizaciones salvadoreñas de agricultores, sindicatos y grupos ambientalistas, protestaron contra la aplicación de una «cláusula de protección a Monsanto» en el paquete de ayuda de primera necesidad. Así, el 3 de julio, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó que la disputa había sido «resuelta» y que no iba a retener los 277 millones de la MCC.
Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha condicionado la entrega de fondos, exigiendo reformas en las leyes salvadoreñas. Por eso, lejos de celebrar la liberación del dinero, cientos de comunidades y organizaciones consideran a dicho programa de desarrollo como una estrategia de las transnacionales para penetrar en los territorios de la costa en El Salvador. «No se sabe si los megaproyectos nos van a desalojar o a darle algún beneficio directo a las comunidades», comentó un dirigente comunitario. Incluso las organizaciones solidarias norteamericanas que se organizaron a favor del programa de semillas coinciden en que los fondos de la MCC pueden ser «una nueva arma para imponer la agenda económica neoliberal».

Cuando los militantes toman el poder: la asistencia desarrollista y el FMLN
Creado durante la administración de George W. Bush para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio –firmados en 2000 en el marco de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas-, la primera ronda de fondos MCC otorgó 461 millones de dólares para la región norte de El Salvador, que colinda con Honduras. Parte de este dinero se destinaría a la construcción de la Carretera Transnacional del Norte. Estados Unidos puso varias condiciones para el desembolso de la segunda ronda, el mencionado paquete de 277 millones. Aunque las asignaciones no se divulgan hasta que se aprueben definitivamente los fondos, se sabe que los proyectos existentes han sido elaborados por corporaciones transnacionales y que éstos incluyen desarrollos turísticos en la zona de la Bahía Jiquilisco, o el Bajo Lempa.
El Bajo Lempa y la Bahía de Jiquilisco en El Salvador. Fondo: Stamen Water Color de OSM. Elaboración: Jerónimo Díaz
El 1 de junio pasado, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) colocó a su segundo presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien luchó como militante en la guerra civil. Éste se comprometió a lograr un acuerdo para el desembolso de los fondos de la MCC dentro de los primeros cien días de su presidencia.
El Salvador engloba las decisiones complejas que enfrentan los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Hoy día, el presidente ex-guerrillero impulsa la aceptación de la ayuda de Estados Unidos, país que financió a la derecha durante la guerra civil de los años 80. Los lazos entre los dos países son estrechos, uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos y las remesas superaron los 3,6 mil millones de dólares en 2010. La administración del FMLN ha buscado lograr un equilibro entre promover el desarrollo doméstico y depender de la ayuda norteamericana y las remesas que envían los salvadoreños del exterior.
Esto representa un fuerte contraste con las casi dos décadas del gobierno del partido derechista, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), después de la guerra, cuando el FMLN resistía la imposición de la agenda económica neoliberal por parte de los Estados Unidos. Como el plan impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2003 para privatizar el sistema de agua potable, por ejemplo. Asimismo, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) enfrentó una resistencia feroz en El Salvador antes de que fuera ratificado en diciembre de 2004.
Cuando el FMLN –aliado de los gobiernos socialistas en Nicaragua, Cuba y Venezuela- tomó el poder en 2009, el gobierno estadounidense decidió no aislar a El Salvador económicamente. En cambio, siguió promoviendo su agenda económica de libre comercio y el FMLN ha tratado de beneficiarse con la ayuda económica a su disposición. Militantes del FMLN y movimientos sociales están cada vez más divididos sobre si se trata de una concesión necesaria o una claudicación en sus principios.
La agricultura familiar contra el CAFTA
En 2011, la primera administración del FMLN empezó a comprar anualmente 88 mil quintales de semillas de maíz de 18 cooperativas salvadoreñas para distribuir a 400 mil campesinos como parte del Plan de Agricultura Familiar. Anteriormente, Semillas Cristani Burkard, una sucursal de Monsanto en El Salvador, dominaba 70% del mercado en dicho programa, que fue creado por el presidente de ARENA, Elías Antonio Tony Saca.
La compra de semillas en diciembre de 2012 se decidió por orden ejecutiva, dejando afuera empresas de semillas norteamericanas. Después, la embajadora de Estados Unidos, María Carmen Aponte, llamó a un proceso de contratación pública transparente, que incluyera a las transnacionales. Pero esta primavera, de nuevo se compraron semillas sin licitación abierta. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, porque no tenían tiempo suficiente antes de la siembra. Salvo una pequeña parte, compraron casi todas las semillas a productores nacionales. Una de las ventajas de hacerlo fue que el quintal costaba alrededor de 123 dólares, mientras el de una transnacional costaba 155.
El éxito de los programas de agricultura familiar del FMLN se vio reflejado en diversos resultados. El precio de los granos básicos se estabilizó y el mercado agrícola nacional fue capaz de satisfacer la demanda nacional de frijol y sorgo.
La embajadora Aponte y el Representante de Comercio de los Estados Unidos mantenían sus quejas en contra del proceso de compras de semillas, argumentando que se violaba la sección 9.2 del CAFTA, porque no incluir a las empresas extranjeras, no era un proceso «competitivo, objetivo y transparente», según el sitio web de la Embajada. La disputa sobre las semillas se intensificó.
Campesinos, sindicalistas y ambientalistas se organizan en favor de la semilla nativa

En El Salvador y también en los Estados Unidos el pueblo se organizó para defender el programa de semillas. El 6 de junio, en la capital, grupos de campesinos, sindicalistas, activistas, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Movimiento Nuevo País y Activista de El Salvador, e incluso la Iglesia Evangélica Protestante, marcharon a la embajada para denunciar la presión norteamericana.
Organizaciones solidarias con sede en Estados Unidos como el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y la Fundación Share presentaron una petición con más de 1,000 firmas exigiendo el derecho soberano de El Salvador a promover sus políticas de agricultura y desarrollo nacional.
En Estados Unidos, CISPES y Food and Water Watch circularon una carta en defensa del programa de semillas dirigida al secretario de Estado John Kerry, firmada por cincuenta grupos progresistas. En Washington, 16 diputados firmaron otra carta similar.
Los grupos progresistas se enfocaron en documentar el papel de la industria biotecnológica y las empresas como Monsanto. Una petición electrónica circulaba entre activistas en contra de los organismos modificados genéticamente (GMOs). El director de política internacional de Food and Water Watch comentó  «yo sospecho que eso es una política desarrollista de Monsanto».
La presión cada vez más fuerte, desató una serie de cartas entre el representante de Comercio de los Estados Unidos y la Secretaría Técnica del Presidente Sánchez Cerén. Finalmente el representante se quedó satisfecho con los compromisos de El Salvador y dijo que la disputa había sido «resuelta».
La directora ejecutiva de CISPES, Alexis Stoumbelis, comentó en una entrevista que el gobierno sigue, «comprometido a comprar de los productores locales [...] pero no veremos hasta febrero o marzo del año que viene como va a funcionar el nuevo proceso». Otras voces no son tan optimistas debido a que no hay compromisos fijos por la parte del gobierno. Los resultados de las movilizaciones impactaron inicialmente, pero el rumbo aún es incierto.

La MCC promueve la privatización y «El Cancún de Centroamérica»
Esta condición no fue la primera impuesta por los Estados Unidos para los fondos de la MCC. En 2012 el presidente del FMLN, Mauricio Funes, con el respaldo del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, presentó la ley de Asociados Públicos Privados (PPP). La ley propuso un comité ejecutivo para aprobar contratos públicos manejados por empresas privadas en sectores como el de transporte, los servicios municipales, la salud y la educación. La Embajadora amenazó con retener los fondos de la MCC hasta que aprobarán la ley PPP y puso la condición de 50 millones de estos serán reservados para proyectos amparados bajo dicha iniciativa.
Movimientos de izquierda en El Salvador, se organizaron en contra de la ley, calificándola como una repetición de políticas de privatización devastadoras de los años 90. El líder sindical Jaime López dijo en una entrevista que esta sería «una extensión de la mentira creída por los países latinoamericanos, sobre que las políticas neoliberales nos iban a ayudar a salir de nuestras crisis». El FMLN negoció algunas concesiones, en sectores como el agua, la educación y la salud, para que finalmente la ley PPP fuera aprobada en mayo 2013. El debate en torno a la misma, reflejó las tensiones latentes entre el presidente Mauricio Funes y la militancia del FMLN.
El director del Consejo para la Defensa del Consumidor también ha planteado que se reconsidere la postura ante los fondos de la MCC, debido a las condiciones aparentemente sin fin de los Estados Unidos. La Ley de Lavado de Dinero, reformada dos veces para cumplir con las exigencias de dicho país, es quizá el colmo. El 21 de julio el Secretario Técnico de la Presidencia, declaró exasperado que ya no atenderían las quejas de la Embajada. «No podemos estar sometidos a que nos estén determinando cómo vamos a legislar, porque eso es un acto soberano cada país».
Las concesiones exigidas por la MCC no son la única causa de consternación. Comunidades de la región de la Bahía de Jiquilisco del departamento Usulután se han pronunciado en contra de sus impactos. José Roberto Acosta, director de campo de la organización Voces en la Frontera dijo en una entrevista, «estamos muy preocupados de que los fondos vayan a ser orientados principalmente para los megaproyectos turísticos». Inversionistas quieren capitalizar la región, también conocida como el Bajo Lempa, bajo el mote de «El Cancún de Centroamérica». Esto pondría en riesgo los manglares —de por sí frágiles— de la región, así como las tierras agrícolas de comunidades locales y las tortugas en peligro de extinción que viven en la bahía.
En febrero de este año visité el Bajo Lempa. Después de los Acuerdos de Paz de 1992, combatientes del FMLN desmovilizados y refugiados que no podían regresar a sus hogares debido a la violencia prolongada, fueron reubicados en la región, en donde campesinos habían vivido durante generaciones. Después de los acuerdos el partido derechista ARENA, compuesto de miembros de los escuadrones de la muerte de la guerra, mantenía poder. Acosta explica, «Durante veinte años nunca hemos tenido benéficos del gobierno, el estado no ha tenido interés [...] Lo que tenemos ha sido producto de la solidaridad internacional y la gente organizada ha tenido la capacidad de hacer su propia gestión”.
Hoy en día, incluso después de la ascensión del FMLN a la presidencia, el pueblo del Bajo Lempa sigue luchando. Visité la comunidad de Amador López, que ocupa una estrecha franja de tierra, cercada de un lado por una plantación de caña y por el otro por el río Lempa. Las presiones de la agroindustria y el cambio ambiental, proyectado en el aumento del nivel del mar y inundaciones, son papables.
Me quedé con una pareja del departamento Morazán quienes lucharon juntos en la guerra y vinieron acá en 1992. Viven con sus dos hijos y un nieto en una casa humilde de tres cuartos. La madre me preparó un caldo de verduras y unas tortillas de maíz cuando llegué. Las verduras y el maíz vienen de su milpa. En la noche los padres me contaron historias de la guerra; una foto del Che colgaba en la pared a lado de un retrato de la pareja durante la guerra, en el que ambos se muestran vestidos con el uniforme verde olivo que usaban los guerrilleros.
El Bajo Lempa ha sido beneficiario del programa de semillas del gobierno en ambos lados, él de la producción y el del consumo. Cinco de las 18 cooperativas que producen las semillas están acá. «En los últimos cinco años hemos visto un poco más apoyo para la población más pobre del país, tiene que ver con la implementación de programas sociales», me dijo Acosta. Sin embargo, el desarrollo turístico propuesto sería un desastre para las comunidades campesinas debido al consumo excesivo de agua, la construcción de carreteras y las concesiones de tierras.
En una rueda de prensa el 21 de junio, residentes del Bajo Lempa insistieron en que el modelo de «ecoturismo» pondría en peligro a los que «han vivido aquí por muchos años». «Ellos han mostrado que se puede vivir de una forma que no se afecte los recursos naturales». Acosta describe que no están en contra de todas las formas de turismo pero que este sólo traerá beneficios en el ámbito local siempre y cuando, «sean las comunidades que las que controlen el proceso y se queden con los beneficios de las actividades». «Pero lo que estamos viendo es otra cosa», afirma.
La especulación de tierras ya está ocurriendo en comunidades cercanas de Amador López, como El Chile, que tienen algunas de las tierras «más valiosas de El Salvador». No obstante a décadas de haber iniciado su lucha, dicha comunidad nunca ha recibo títulos de propiedad de su territorio. Empresarios poderosos ya están invirtiendo en el  área, poniendo a la comunidad en riesgo de desplazamiento. Acosta señala que en el año transcurrido desde la aprobación de la ley PPP, los inversionistas han mostrado avances «más agresivos» en el turismo.
Voces en la Frontera trabaja con otra organizaciones en el Bajo Lempa, como la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), y el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y Amigos de la Tierra para organizarse en contra de los megaproyectos.
Comunidades en el Bajo Lempa se están dando cuenta que la raíz del problema no es el programa de semillas, ni las exigencias de la Embajada, sino el régimen rígido del CAFTA, que sigue en vigor incluso cuando el partido izquierdista está en el poder. En palabras de Acosta, el FMLN «sigue transitando por el mismo camino de las políticas neoliberales».