Fuente original: Forumenlinea,
02-07-2014
Resulta extraordinaria la capacidad del
comisionado en seguridad de Enrique Peña Nieto en Michoacán, el mexiquense
Alfredo Castillo, para detener a José Manuel Mireles, durante el juego de
México contra Holanda, encarcelarlo en Hermosillo, Sonora, para que el Juzgado
Segundo de distrito recabe la declaración preparatoria, en un procedimiento
jurídico conocido como exhorto, pero será el juez Jorge Armando Wong Aceituno,
del Juzgado Quinto de distrito en Uruapan, el que resolverá la situación
jurídica del otrora vocero de las autodefensas, dirigente y cofundador de éstas
en los tiempos en que el gobierno federal no se molestaba en siquiera voltear
la vista al estado tarasco, Castillo encabezaba la Procuraduría del Consumidor
y el vigoroso movimiento de los productores agrícolas armados obligó a Los
Pinos a cumplir una elemental obligación constitucional.
Es
impresionante la eficacia mostrada el día 29 por el procurador del estado de
México en 2010, año en que Peña Nieto gobernaba la entidad, tiempos en los que
no destacaron por cumplir con el estado de derecho al que tantas frases dedican,
y si me equivoco basta con entrevistar a las violadas sexualmente en San
Salvador Atenco y que hoy litigan su caso en la Comisión Interamericana.
El
mismo Castillo Adame declaró sin ruborizarse: “Como el señor Mireles estaba convaleciendo, probablemente muchas de
estas cuestiones él no las pudo vivir, no las pudo observar”. Es decir,
detuvo a un hombre enfermo que, de acuerdo con su abogada, Talía Vázquez, “debido a su estado de salud requiere de
cuidados intensivos y debería estar en un hospital”.
Pero el
comisionado y amigo del presidente no sólo logró la hazaña de que sus hombres
entraran en acción en un impecable operativo en “el que no se disparó un solo tiro” –dijo Castillo en copia de la
frase consentida de Monte Alejandro Rubido–, y apresaron a 82 autodefensas
cuando 34 acompañaban a Mireles desde el poblado La Mira, que fueron los que se
registraron, al decir de Talía Vázquez.
Fueron
82 los detenidos en Acalpican –cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, donde ahora
los transportistas de minerales exigen con bloqueos carreteros, respeto a su
elemental derecho a trabajar–, por la magia de la multiplicación de los panes,
pero no de la que habló el señor que todos respetamos, sino la de Alfredo
Castillo, el licenciado por partida triple, que no sólo permitió, acaso ordenó
que sus hombres ejercieran la muy mexicana práctica ilegal de sembrar cocaína y
mariguana en el vehículo del médico, además de que lo encapucharan antes, le
vendaran los ojos y durante cinco horas se burlaran del enfermo trabajador de
la salud.
Mas “la ley siempre será la ley”, juró a
colegas de la fuente el jefe institucional del comisionado durante la sexta
visita que realizó a Michoacán sólo en 2014, quizá para compensar una ausencia
completa en 2013, justo cuando Mireles y miles de michoacanos empuñaron las
armas para defender a sus familias y bienes de un temido y temible Servando
Gómez Martínez, mejor conocido como La
Tuta y ante quien Castillo Cervantes no muestra aún eficacia para
apresarlo, a pesar de que ejerce como virtual vicegobernador de Michoacán desde
el 15 de enero de 2014.
No
puede olvidarse que hace un par de meses, José Manuel Mireles anunció que el
Ejército y la Marina tenían muy bien ubicado a Gómez Martínez en una zona
serrana con cuevas, pero que el costo para detenerlo podría ser muy alto en
vidas humanas.
Hoy es
sumamente oportuna la pregunta de Helio Flores en su cartón de El Universal: '¿Y La Tuta, apá?'
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