26 junio
2014
Valle del Rio Grande Texas.
Laura Castellanos.
Enviada. El Universal
La oleada de menores sin acompañamiento que ha
llegado a Estados Unidos en los últimos años ha generado una “industria
migratoria” que se traduce en el incremento de albergues privados con
financiamiento millonario por parte del Estado
Valle del Rio Grande Texas.
Laura Castellanos. Enviada. El Universal. En
el interior del recinto de techos altos de la iglesia Borderland Calvary Chapel, en San Benito, en el Valle del Río
Grande, Texas, hay cajas de mudanza.
La iglesia cristiana construida
en los años cuarenta -con capacidad para 700 personas- se vendió el 11 de junio
a la organización no lucrativa International
Educational Services (IES) que la acondicionará como albergue para menores
centroamericanos que migraron solos y están en proceso de deportación.
Se guarda el monto de la
transacción: “La cantidad no es lo
importante, sino para qué va a ser usado”, dice.
Sólo revela que IES le dijo
que el espacio tendría capacidad para recibir de 300 a 400 menores.
Michell Brané, de Women’s Refugee Commission con sede en
Washington, estima que en el país hay alrededor de 40 refugios privados con
financiamiento federal, pero que se ha abierto un número indeterminado más por
la oleada de 47 mil menores migrantes sin acompañamiento, 40% niñas,
aprehendidos de enero a mayo de 2014.
Precisa que este año el
gobierno federal les destinó a esos refugios unos “2 billones de dólares”.
Texas es el estado con más
albergues.
De acuerdo al Texas Department of Family and Protective
Services y al Texas Department of
State Health Services, hay 23 albergues privados, con capacidad de 3023
camas y licencias de funcionamiento de 1 a 27 años.
Su saturación provocó que a
principios de junio se trasladaran 1,200 menores más a la base militar Joint en
San Antonio.
En el Valle del Río Grande,
que colinda con la franja fronteriza de Tamaulipas que va de Reynosa a Matamoros,
y en donde el Pew Research Center
registra 75% de flujo de menores migrantes sin acompañamiento, se ha instalado
el mayor número de estas pensiones en el país en la última década.
De 2001 a 2014 se
triplicaron de 4 a 13, con capacidad total de 1,600 camas en la zona. Y dos más
que abrirán, el de San Benito y otro en Edinberg.
Rogelio Núñez, de Proyecto Libertad, en Harlingen, Texas,
señala que estos funcionan en secrecía, que son inaccesibles para la mayoría de
las organizaciones pro migrantes, y hay opacidad en su manejo financiero.
“¡Válgame Dios! ¿De dónde agarran tanto dinero?”,
pregunta. “Si pueden comprar edificios de
medio millón de dólares o de 250 mil dólares, entonces ya es un negocio”.
NEGOCIO PROMETEDOR
Intentar ingresar como medio de comunicación,
a una de estas pensiones privadas es prácticamente imposible. Sus puertas son
impenetrables.
Al tocar el timbre en un
albergue de Southwest Key en San
Benito, salieron tres hombres corpulentos, con radios en la mano y actitud
desafiante.
“No pueden estar grabando video no pueden estar grabando nada”, advirtió uno de barba.
En general los refugios
canalizan a la prensa a los corporativos, y estos a su vez a un teléfono del
Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno federal donde contesta
una grabador.
La revista Hispanic Business consideró
en su edición de abril a Southwest Key
como la cuarta de las 25 organizaciones no lucrativas más prominentes del país,
pues en 2013 ejerció un presupuesto de 120.9 millones de dólares.
En su portal la
organización se promociona como “la más
grande proveedora de servicios de menores no acompañados en Estados Unidos
desde hace años”.
Además de realizar
distintos programas sociales para jóvenes y sus familias, la organización posee
12 albergues para menores sin acompañamiento en el país, ocho de los cuales
están en Texas, dos en Arizona y dos en California.
Recientemente la
organización adquirió un hospital y un asilo y los acondicionó como albergues.
Arturo Rodríguez, titular
del departamento de seguridad de la ciudad de San Benito, dice que son los
primeros en el pueblo: “Apenas comenzamos
con este negocio, no ha sido ni el año”.
El tercero, será el de la
iglesia que compró IES.
VIACRUCIS INFANTIL
Núñez considera que el incremento del
flujo de menores y la ruta a la que se les somete tras su captura originó una “industria migratoria” que crece en
presupuesto pero que no mejora sus condiciones humanas ni legales.
Luis, por ejemplo, es un
menor veracruzano de 17 años que a mediados de junio cruzó a nado los 800
metros de anchura del Río Bravo.
Lo detuvo la Patrulla
Fronteriza, lo remitió a uno de sus Centros de detención y lo encerró en una de
las celdas con temperaturas de 15 grados centígrados con más de un centenar de
menores hacinados en el piso.
“Les dicen las hieleras”, detalla el adolescente de
las celdas.
Lisa Frydman, directora del
Center for Gender and Refugee Studies
Hastings College of the Law, ubicado en San Francisco, California, asegura
que el trato es inhumano en dichos Centros.
“Hay numerosos reportes de niños durmiendo en pisos de concreto en
condiciones de temperatura congelantes, mal alimentados y hambrientos, mientras
son maltratados por agentes de la Patrulla Fronteriza”,
explica.
Brané puntualiza por su
lado que los agentes en los Centros no están calificados para atender a esta
población, pues recientemente “salieron a
la luz más de 100 quejas de niños que fueron abusados (sexualmente) por oficiales de la Patrulla Fronteriza”
Si bien los infantes
aprehendidos tendrían que permanecer 72 horas por ley en los Centros, agrega
Brané, el súbito repunte rebasó al sistema migratorio y los deja ahí por
semanas o los traslada a bases militares en Texas o Arizona.
Luego se les transfiere a
los citados albergues privados manejados por organizaciones religiosas o de
trabajo social.
La abogada Jennifer Harbury
externa por su parte que tampoco en estos refugios privados los menores están
del todo a salvo. La defensora llevó el caso legal de siete de ellos a los que
se ultrajó en un albergue de Nixon, Texas, en 2007, que finalmente cerró.
Piensa que sin embargo, la
situación en estas pensiones no ha cambiado desde entonces, pues siguen
contratando a ex militares o ex oficiales como vigilantes internos.
“¿Y quién los supervisa?”, se pregunta.
Brané ahonda a su vez que
antes los infantes permanecían 90 días en estas pensiones privadas, mientras el
gobierno investigaba la calidad moral de sus familiares con los que se
reunificarían, y en caso de no tenerlos, la de los particulares a donde los
canalizará.
El gobierno tiene un
sistema de pago mensual a familias que aceptan alojar a niños en proceso de
deportación.
No obstante, dice que el
sobrecupo redujo dicho periodo de investigación de 90 a 30 días, por lo que los
infantes permanecerán con adultos cercanos o desconocidos los meses o años que
dure su proceso de deportación.
La especialista advierte
que por esa razón: “esta población de
niños es vulnerable al crimen organizado y a la trata”.
EL VALLE DE LOS ALBERGUES
Núñez observa que a partir de 1988 la
Patrulla Fronteriza comenzó a detener a menores centroamericanos viajando sin
acompañante. Huían de las guerras salvadoreñas y guatemaltecas.
Para 1989, dice, se
abrieron 3 o 4 albergues privados, y para 2001 ya sumaban 4 o 5 en la zona.
Explica que luego del
ataque terrorista contra las Torres
Gemelas en Nueva York, cambió el sistema migratorio y el acceso a estos
albergues se cerró. Sólo entran abogados.
“Política y humanitariamente eso no es justo”,
sentencia. “El público tiene que tener
acceso a esa información”.
Kimi Jackson, directora de South Texas Pro Bono Asylum Representation
Project (ProBAR), en Harlingen, que da defensa legal a menores en juicio de
deportación, expresa que En 2011 estos albergaban a 369 menores.
La cifra se quintuplicó
entonces en dos años y medio a 1,600.
Detalla que tienen edades
promedio de 14 o 15 años, y una población creciente de niños y niñas que huyen
del reclutamiento o violencia pandilleril.
“Hemos trabajado con chicas que han sido secuestradas y violadas”, dice, por lo que hay albergues sólo para muchachas.
De esta reciente oleada
considera que muchos menores sí calificarían para tener residencia legal en el
país, pero que “desgraciadamente no hay
suficientes abogados” para asistirlos.
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