México: Detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos, del agua y tierra en Morelos, Puebla y Tlaxcala
por
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
A.C.
Jueves,
10 de abril de 2014
El Centro
de Derechos Humanos de los
Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C., documentó y denunció que el día 6
de abril del 2014 fue detenida por policías estatales de Puebla, la
Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad. La detención se realizó al
salir de una reunión de Comisariados Ejidales en San José Teruel, municipio de
Tepeojuma, Puebla, de manera arbitraria ya que los testigos señalan que los
policías no mostraron orden de aprehensión alguna, no se identificaron e
incluso amenazaron con armas de fuego a quienes se encontraban cerca para
evitar que se opusieran a dicha detención.
Posteriormente, el día 7 de abril del 2014, tras haber interpuesto
en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, una queja por las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el caso
de la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, fue detenido el Defensor de Derechos Humanos Juan Carlos Flores Solís.
Antecedentes
Ambas
personas Defensoras de Derechos Humanos
desde 2006 han luchado junto con las comunidades nahuas, quienes son las
principales afectadas, contra la cancelación del gasoducto Morelos que es parte
del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual comenzó a ser impulsado desde ese
mismo año, a través de diversas acciones cómo foros, plantones, cierres de
carretera, movilizaciones, etc.
El 11 de agosto del 2013 en asamblea ejidal la comunidad de San Felipe
Xonacayucan, rechazó en un acta de asamblea el paso del gasoducto por su
comunidad.
El 7 de marzo del 2014, aún con el documento oficial del ejido, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas italiana y españolas,
constructoras del gasoducto, Bonatti, Elecnor y Enagas respectivamente,
llegaron a territorio de San Felipe con sus trabajadores y maquinaria para
emprender la obra, hecho que indignó al pueblo y que llevó a expulsar tanto a
la maquinaria como a los trabajadores del pueblo. Cabe mencionar que la
construcción del gasoducto no había sido autorizada en dicha fecha por el
municipio de Atlixco, por lo que las obras se estaban realizando de manera
ilegal.El día viernes 28 de marzo del 2014, el gobierno municipal de Atlixco,
encabezado por José Luis Galeazzia pesar del rechazo de las comunidades aprobó
la licencia de uso de suelo para permitir el paso del gasoducto, aun cuando una
comisión de las comunidades entregó sendo documento al Ayuntamiento con los
documentos oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED),
el Estudio de Riesgo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y otros documentos oficiales donde se demuestra la inviabilidad del
trazo en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
Emitida por el “Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety
Cariño A.C."
Comentarios