Yucatán, México: Tardía y obligada reparación legislativa. Se tipifica como delito grave el feminicidio
por Equipo Indignación
Viernes, 21 de marzo de
2014
Después
de dos años, diversas comunicaciones de la sociedad civil, señalamientos de
autoridades nacionales e internacionales, un juicio en su contra y al menos
siete crímenes ocurridos en ese lapso, el Congreso del Estado al fin incluyó el
feminicidio entre los delitos graves en el Código Penal del estado de Yucatán.
Lo hizo al aprobar una iniciativa proveniente del Ejecutivo.
Cuando en septiembre de dos mil doce incluyó
este delito en el Código Penal, omitió catalogarlo como un delito grave,
generando diversos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia.
El 19 de marzo, tardíamente, reparó la omisión
al aprobar una iniciativa proveniente del Gobierno del Estado, ante quien
también se insistió, reiteradamente, en la obligación de subsanar esta omisión
y dejar de encubrir crímenes de odio por razones de género bajo el engañoso
tipo de “crímenes pasionales” que
justifica al agresor e impide establecer medidas de reparación y de no
repetición.
Diversas organizaciones, entre ellas el Equipo
Indignación, exigieron reiteradamente que se corrigiese la omisión legislativa.
Por su parte, el Senado de la República emitió a mediados de dos mil trece un
exhorto al Congreso del Estado de Yucatán en el mismo sentido. Asimismo, en el
año dos mil trece, Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en México,
en el marco del Día Internacional de la Mujer, solicitó a las autoridades
mexicanas tipificar el feminicidio en todo el territorio nacional como el
delito agravado.
Ante la resistencia por parte del Poder
Legislativo para reformar el Código Penal del Estado de Yucatán, el Equipo
Indignación interpuso en noviembre del año pasado una demanda en contra del
Congreso del Estado ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán por
haber incurrido en una omisión legislativa, toda vez que las obligaciones en
materia de derechos humanos contenidas en la Constitución Política del Estado
de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos
tratados internacionales en materia de derechos humanos exigían garantizar a
todas las mujeres el acceso a
una vida libre de violencia a través de las reformas legislativas que fueran
necesarias para ello. Al presentar su contestación a la demanda, el Congreso
del Estado de Yucatán únicamente emitió señalamientos formalistas y erróneos,
sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y limitándose a indicar falsamente
que no se violaba la Constitución Política del Estado de Yucatán por dicha
omisión.
Requerida en el juicio, la Fiscalía se pronunció
en el mismo sentido: admitiendo la omisión y alegando que eso no violaba
derechos ni la Constitución.
Fue justo en la etapa final de este juicio
constitucional que el Gobierno del Estado de Yucatán presentó un paquete de
reformas en materia penal que incluía, entre otras, la tipificación del delito
de feminicidio como grave. El día de ayer, el Congreso del Estado de Yucatán,
en un tiempo record, aprobó en pleno adoptar esta propuesta, a pesar de que una
idéntica ya había sido presentada desde hace más de un año y se habían
resistido siquiera a debatirla.
Era urgente y necesaria la tipificación del
feminicidio como grave, como una de las condiciones para enfrentar
adecuadamente la violencia contra las mujeres
y erradicarla. Sin embargo, no podemos celebrar aún. Lejos de considerar esta
reparación como una señal de compromiso con sus responsabilidades en materia de
derechos humanos, constituye un motivo de preocupación para este equipo la
actuación del Poder Legislativo del estado de Yucatán, sus omisiones, su
sometimiento, su indolencia.
En Yucatán, Ejecutivo y Legislativo han exhibido
una gran tolerancia frente a la violencia de género, lo que constituye
violencia institucional, favorece la revictimización y la impunidad.
Se requiere aún una diligente actuación de la
Fiscalía, protección efectiva, estrategias de prevención, implementar y
mantener el registro de casos de violencia de género sin lo cual
difícilmente pueda diseñar una estrategia adecuada de prevención ni garantizar
una justicia pronta y efectiva.
Jueces y magistrados tienen también que
erradicar prejuicios de género que constituyen un obstáculo para el acceso de
las mujeres a la justicia.
La reparación legislativa, tardía, es necesaria.
Falta la justicia. Nos mantendremos atentas de las acciones que los poderes
ejecutivo y judicial implementen para erradicar la violencia contra las mujeres en Yucatán.
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