Por
Graciela López/Periódico Luciérnaga
El 23 de febrero del 2014 se llevó a cabo la asamblea regional convocada
por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores, en la comunidad de El Potrerillo,
municipio de Malinaltepec, región Costa-Montaña del estado de Guerrero. La
asamblea contó con la presencia de más de 23 autoridades agrarias y civiles,
además de consejeros, policías, comandantes regionales y ciudadanos en general.
En las intervenciones se hizo un balance del camino andado a un año de la
fractura del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia.
Antecedentes
Exactamente
un año antes, el 23 de febrero de 2013, se realizó una asamblea regional para
elegir una nueva coordinadora, en la que no se respetó el reglamento interno de
la CRAC-PC, ni los usos y costumbres de esta institución. Tras muchas asambleas
locales para el análisis de la descomposición, la corrupción, el cerco
mediático y la intromisión del gobierno, los
pueblos Me’phaa’ y Ñu Savi –fundadores de este sistema de impartición de
justicia– concluyeron que tanto los que impusieron a la nueva coordinadora,
como el gobierno, llegaron a dividir y a confrontar a las comunidades para
controlar el proyecto de los pueblos.
En los meses siguientes se vivió una tensa situación ligada a la existencia
de varias CRAC-PC. Además de complicar la lectura del proceso para la mayoría
de las organizaciones solidarias con los pueblos organizados de Guerrero, el
concierto de acusaciones opacó la voz de las autoridades indígenas formalmente
constituidas en asambleas agrarias y civiles. Los testimonios que se presentan
a continuación –resultado de un recorrido realizado por SubVersiones en julio de
2013– restituyen la palabra de quienes fueron descalificados por todos los
medios y quienes, paradójicamente, han construido a la CRAC-PC desde sus
raíces.
Cirino
Plácido Valerio, Comisario ejidal de Buenavista y consejero de
la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores. Quien fuera calificado como “paramilitar” por sus adversarios,
resulta ser un imprescindible militante de la causa indígena, desde el
movimiento de 1992 hasta la Marcha del Color de la Tierra. El dirigente social
hace un recuento del proceso comunitario y explica los motivos de la ruptura
con la coordinadora que se impuso en los últimos años.
Hacia la reconstrucción
El 16
de junio del 2013, en una asamblea regional convocada por autoridades
comunitarias y realizada en Santa Cruz del Rincón, se eligieron nuevos
coordinadores, revocando y desconociendo a los que operaban en la casa de
justicia de San Luis Acatlán. Este proceso se dio a conocer como la reconstitución del proyecto original de
la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Además de retomar en el
reglamento interno de la Policía Comunitaria (PC) que estas mismas autoridades
crearon en 1995, se reconsideraron las bases organizativas de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), tal y como se habían planteado
desde 1998.
Estos principios fueron reiterados durante la asamblea del 23 febrero de
2014. Recuperándolos, la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores busca diferenciarse
de cualquier otro proyecto que pretenda adjudicarse su historia.
1. En la CRAC-PC se respeta la voluntad
del pueblo y no la del gobierno.
2. La asamblea es la máxima autoridad
de toma de decisiones.
3. La justicia se aplica a través de la
reeducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y los detenidos reciben
consejo de los ancianos.
4. La libertad o reincorporación del
detenido a la comunidad se decide en asamblea.
5. Se respeta la dignidad de los detenidos,
no se les humilla rapándolos como lo hace el sistema judicial del gobierno y no
se permite la tortura.
6. La comunidad con su comisario tiene
que investigar antes que el detenido llegue a la coordinadora, no deben ir los
comandantes directo a la detención sin tener fundamentos.
7. Para que la justicia alcance para
todos, cero privilegios,
el que la deba que la pague. Se le da la razón a quien la merece, sea pobre o
rico, buscando siempre la verdad a través de la investigación y el careo.
8. No se alarga el proceso de
aplicación de justicia sin razón, porque esto desgasta la economía de la gente.
9. No se cobran multas, ni fianzas, no
hay dinero de por medio, porque la justicia no es mercancía.
10.
Cuando se pierde el principio democrático, se pierde el respeto, la justicia,
la lealtad al pueblo, ya no hay confianza, como quien dice se impone un
pensamiento individualista y esto debe corregirse a través del diálogo y de
fortalecer las asambleas.
11.Los cargos no se promueven, no hay
planillas, ni promoción o campañas; la asamblea lo decide, se respeta la
voluntad del pueblo.
En la asamblea también se recordó que el proyecto de la CRAC-PC ha
trascendido a nivel nacional e internacional y que es conocida su lucha
autónoma para brindar seguridad, paz y justicia de acuerdo a sus usos y
costumbres como pueblos indios. «Pocos
han logrado percibir el esfuerzo que hacen por recuperar su dignidad, después
de una ruptura que caracterizan no sólo como diferencia política, sino como una
posible infiltración desde el Estado a más de 18 años de insistencia por
desaparecer el derecho colectivo, las luchas indígenas, no solo en el estado de
Guerrero», aseguró un asistente.
«Los pueblos indios que nacimos la
CRAC-PC aquí estamos, tenemos voz, historia y sobre todo dignidad, no nos hemos
vendido, no nos hemos rendido», Cirino Plácido Valerio.
Nuevamente se hizo un llamado a los medios de comunicación honestos, a las
organizaciones sociales y a los pueblos de nuestro país, para que su criterio
sea responsable, con fundamentos; para que se acerquen a las asambleas, al
proceso, y que pregunten para poder juzgar, que no se haga caso a los rumores.
En este sentido, Cirino Placido Valerio cuestionó: «¿Dónde están los que nos acusaron de traidores o paramilitares? En los
medios de comunicación se llenaron la boca de mentiras. Hoy ha pasado un año, a
ellos los credencializa el ejército y les paga el gobierno y nosotros no nos
hemos vendido, seguimos resistiendo y comprometidos con nuestros pueblos.
Seguimos construyendo el proyecto original de la CRAC-PC». Por su parte, el
Consejero Apolonio Cruz Rosas, dijo ante la asamblea que no había ningún
compromiso con el gobierno, «porque el
que paga manda y nosotros no somos subordinados, hay compromiso con el pueblo».
Aunque el gobierno y algunos medios de comunicación les llaman “los disidentes de la CRAC”, estos
pueblos reafirman los principios y la lucha que dignifican su caminar lento
pero firme. Hoy, ellos reiteran que este año cumplirá 19 años su camino por una
justicia que le devolvió la confianza y la tranquilidad a los pueblos,
disminuyendo los delitos en el territorio comunitario.
Donde trabaja la CRAC-PC de los pueblos fundadores no hay narcotráfico, «aquí no vivimos el horror que se vivió en
el estado y en el país», se dijo. También se aclaró que ante la imposición
de hace un año, el 23 de febrero de 2013 en San Luis Acatlán, se
vieron en la necesidad de agregar al nombre de su proyecto original el lema «Pueblos Fundadores», debido a que las
comunidades que dieron origen a la Policía Comunitaria fueron las que se
volvieron a reorganizar sin perder sus principios y valores. De hecho, ellas
disponen del acta de constitución de 1995, donde están agregados con firma y
sello los pueblos fundadores de la Policía Comunitaria.
«Nos despejamos por la manipulación
de personas ajenas que se fueron dibujando el signo de pesos en la mente y eso
corrompe los principios de nosotros como pueblos», Bartolo Mejía Ruiz.
Las más de veinte comunidades que se han reorganizado para preservar la
tranquilidad, reconstruyendo todo el sistema de impartición de justicia
–resguardo de presos, guardias comunitarias, cambio de brazo para resguardo de
las fiestas y eventos regionales, operativos para la prevención de delitos–, lo
han hecho con cooperaciones de las propias comunidades, además de buscar la
solidaridad de organizaciones sociales para sostener la Casa de Justicia
provisional de Santa Cruz del Rincón.
Nuevas amenazas
Sin
embargo los pueblos Me’phaa’ y Ñu Savi enfrentan otros peligros. El gobierno y
las empresas trasnacionales colaboran y avanzan en los territorios comunitarios
promoviendo el despojo y la explotación. La
CRAC-PC de los Pueblos Fundadores ya no sólo tiene que velar por la seguridad
de sus pueblos, sino también por la defensa de su territorio,
en rechazo a proyectos como la Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero
y las Áreas Naturales Protegidas, que van de la mano de varias concesiones mineras
que amenazan con iniciar la explotación a cielo abierto. En la comunidad de
Paraje Montero –comunidad integrada a la Casa de Justicia de Espino Blanco–, ya
se dio un primer paso en este sentido, pues sin información ni consentimiento
de toda la comunidad, se firmó un contrato minero en 2014.
En respuesta, los pueblos se están organizando a través de un Consejo de
Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que lleva 12 foros realizados
para el análisis de propuestas y posibles movilizaciones que frenen el avance
de las mineras. A este consejo se sumó la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores
para acompañar y unir fuerzas frente a esta situación que afectará a todo el
territorio comunitario.
La valoración de la asamblea es que quienes se intentan apropiar del nombre
de la CRAC-PC y que se quedaron –por la vía de la represión a civiles y autoridades comunitarias– con la Casa de
Justicia de San Luis Acatlán, tienen una relación cada vez es más estrecha con
el gobierno, no sólo porque han recibido mensualmente recursos millonarios del
gobierno estatal, sino porque dichos recursos han servido para generar lo que
el gobierno había intentado por más de 17 años: la división y la ruptura de la
institución indígena. La credencialización que continúa realizando la
Secretaría de la Defensa Nacional, a través de elementos del ejército mexicano
y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, es el acto de sumisión que
durante décadas habían deseado los distintos órdenes de gobierno. Pero lo que
va profundizando las diferencias entre ambos proyectos, es la forma de toma de
decisiones y el derroche de esfuerzos de aquellos por convencer mediáticamente
a todo el mundo de que su proyecto es legítimo.
Un día común en la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón
Es de
mañana, el sol asoma para dar su luz de vida. Mientras los niños corren con
mucha libertad en los distintos espacios de este pueblo, las actividades no
paran en la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón. Los presos trabajan al
servicio de la comunidad escarbando para la construcción de letrinas; los
coordinadores siguen de pie, resolviendo denuncias y los casos de los
detenidos. No todo se puede resolver al momento: llevan los casos a la
investigación, se trasladan a diferentes comunidades para resolver conflictos o
entregar a los liberados, se consulta en asamblea regional los delitos más
delicados para definir el tiempo del proceso de reeducación. Según los
comunitarios, este proceso ya se había perdido, sin embargo, ellos mantienen su
convicción por recuperarlo, porque aseguran que es la mejor forma para alcanzar
una sociedad con menos delincuentes, menos violencia, donde el diálogo, el
acuerdo y el consejo de ancianos sea la palabra que forme jóvenes, mujeres y
hombres más justos y preocupados por buscar alternativas más dignas para vivir.
Las palabras de estos hombres y mujeres que dan un
servicio a la comunitaria son de respeto, de consulta, de tolerancia, por un
futuro mejor para las futuras generaciones y porque éstas hereden un corazón de
lucha y organización. En la cocina, mientras se preparan alimentos para los asistentes, el
coordinador regional Alfonso Basurto comenta: «No es fácil la tarea de aplicar la justicia, somos ya viejos, estamos
enfermos, pero si el pueblo nos puso tenemos que cumplir, y así lo hacemos».
Las jóvenes que prestan su servicio como equipo de apoyo, agilizan sus
manos entre archivos y máquinas, elaborando actas, constancias y solicitudes.
¿Quién les paga?, ¿Cómo logran levantar todo un sistema de justicia sin
recursos? Las respuestas podrían ser variadas, y no todo pinta de maravilla
para estos indígenas. «En ocasiones no
hay tiempo o no hay comida y hay que trabajar con el estómago vacío, comiendo
tortillas apenas con un poco de sal», comenta el coordinador regional
Daniel Calleja.
Son las 12 del día y no se nota listo el almuerzo, los policías que están
de guardia buscan cafecito, sin hallar nada. Las donaciones llegan, pero rápido
se acaban, lo que hay son costales de arroz y frijol, otra vez a comer lo
mismo. Si las condiciones se tornan tan difíciles y aun así el trabajo se hace
¿qué los puede detener en esa dura tarea de reconstrucción del sistema de
seguridad y justicia?
La lucha por una verdadera policía comunitaria en Guerrero: entrevista con
Cirino Plácido Valerio
Video de Agencia SubVersiones
Con esta
entrevista a Cirino Plácido Valerio, actual autoridad ejidal de la comunidad de
Buenavista, anunciamos la próxima aparición de un reportaje que aborda las problemáticas
referentes a la recuperación del proyecto original de policía comunitaria, un
proyecto que surge de las comunidades de la Costa y la Montaña de Guerrero hace
casi 18 años. Esta primera entrevista forma parte de este trabajo y abre lo que
consideramos una investigación al interior de las comunidades fundadoras del
Sistema de Justicia Comunitaria; en los siguientes días contaremos con el
trabajo completo. Sirva pues la palabra de quienes son parte de la vida
comunitaria guerrerense y quienes son integrantes de los distintos pueblos
indígenas de la región.
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