Miércoles
19 de marzo de 2014,
Ciudad
de México
Resumen ejecutivo, Misión de
Observación Caso Gregorio Jiménez
Los días 15, 16 y 17 de febrero, un
grupo de 16 periodistas, algunos miembros de cuatro organizaciones de defensa
de la libertad de expresión, integramos una Misión de Observación con el fin de
investigar el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
Viajamos a
Coatzacoalcos y Xalapa y nos entrevistamos con
más de 60 comunicadores: reporteros, editores y directivos de medios de
información; con familiares y amigos de Gregorio,
así como con autoridades estatales y federales. Tuvimos acceso al
expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz y revisamos las notas publicadas por Gregorio en los seis
meses anteriores a su asesinato. Visitamos el domicilio donde ocurrió el
secuestro y el lugar donde fue localizado el cuerpo del periodista una semana
después.
Hoy presentamos este
informe como resultado de ese trabajo en equipo, en el que analizamos las
posibles causas que motivaron el crimen de Gregorio, el contexto en el que
realizaba su trabajo y la actuación de las autoridades.
El secuestro y asesinato
del periodista Gregorio Jiménez no puede entenderse sin abordar el alarmante
contexto de violencia en Veracruz, particularmente la zona sur de la entidad.
La inacción del gobierno en materia de seguridad y justicia repercute de manera
clara y decisiva en el trabajo cotidiano de los comunicadores. Estos factores
explican la lista de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados y las
muchas y constantes agresiones a la libertad de expresión en el estado.
Es por esto que el presente
informe incluye una radiografía del ejercicio periodístico en Veracruz:
testimonios y hechos que sustentan las condiciones laborales precarias y
riesgosas en las que los comunicadores trabajan.
En cuanto a las
investigaciones oficiales del caso, en el expediente del crimen de Gregorio
Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su
ejercicio periodístico; sin embargo, la autoridad ministerial evade reconocer
que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un
grupo del crimen organizado que opera en la zona sur de Veracruz.
La Procuraduría de Justicia
de Estado sólo se enfocó en demostrar una línea de investigación, cuando
existen pruebas claras para abordar otras dos posibles líneas que podrían
revelar toda una estructura criminal.
El Ministerio Público no
indagó y mucho menos profundizó en el trabajo periodístico de Gregorio, y
tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de
la República. Ninguna de las herramientas de trabajo del periodista han sido
analizadas: ni la computadora que Gregorio tenía en su casa ni su cámara
fotográfica -que intentaron llevarse los secuestradores- estuvieron sometidas a
revisión.
Los testimonios, pruebas y
diligencias que hilvanan el expediente del caso de Gregorio, muestran las
deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades que
atendieron la emergencia del secuestro. Por ejemplo: el expediente no documenta
el despliegue de las fuerzas policíacas para la localización del reportero, por
lo que no hay una confirmación oficial de si existió la acción y cómo se llevó
a cabo: en qué momento comenzó, cuántos efectivos participaron, cómo se
organizaron, en qué lugares y cómo buscaron, qué implementos técnicos usaron y
cuánto tiempo duró toda la operación. Una de las preguntas esenciales es si la
actuación por parte de los cuerpos de seguridad fue realmente oportuna y
eficaz.
También encontramos fallas
que podrían incidir a favor de las seis personas que hasta ahora han sido
acusadas. Por ejemplo, faltan órdenes de cateo, pruebas y dictámenes
periciales, además de la verificación de hechos y de información por parte de
los investigadores.
En el expediente no se
explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y
cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció
Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo.
Las declaraciones de
prácticamente todos los detenidos sólo aportan la información más básica sobre
los hechos, y las autoridades no los cuestionaron, no profundizaron, no
verificaron ni documentaron.
Las acusaciones se
sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández,
quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y
asesinó a Gregorio. La Procuraduría está obligada a fortalecer estos indicios,
de lo contrario, como ocurrió en el caso de la periodista Regina Martínez, los
detenidos podrían ser liberados.
Algunos de los detenidos
aseguran que fueron torturados para autoinculparse. En el expediente no existen
certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después
de rendir su declaración. Así mismo, llama la atención que días después de que
les dictaron auto de formal prisión, habitantes de Las Choapas denunciaron que
supuestos elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) “detuvieron” a nueve habitantes del
municipio, cuando buscaban a los responsables por el secuestro del periodista.
Después de 24 días aparecieron siete de las personas retenidas de manera ilegal
y continúan desaparecidos una menor de 14 años y el joven Natividad Cacho
Gómez. Es absolutamente necesario que la Procuraduría aclare estos hechos y
señale responsables.
La Procuraduría Estatal, al
menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el
asesinato de Gregorio continúan, pero en los no ha mostrado avance. Puesto que
es evidente que aún falta por profundizar en las indagatorias, el caso no puede
ni debe considerarse cerrado.
De las pesquisas son
corresponsables la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos
cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que también están obligadas
a investigar el caso y, a pesar de ser áreas especializadas, tampoco han dado a
conocer avances.
Recomendaciones
Del análisis realizado por la Misión de
Observación a lo largo de cinco capítulos en este informe, se desprenden las
siguientes recomendaciones a las autoridades locales y federales, y a los
dueños y directivos de medios de comunicación:
1. La PGJE de Veracruz debe reconocer que el asesinato
de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística.
2. La PGJE debe subsanar las fallas señaladas en este
informe, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación
sobre trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez.
3.- Que PGJE Veracruz permita a esta Misión el
acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de
periodistas en el estado.
4.- Exigimos que la Fiscalía Especial de Atención a
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) atraiga la
investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste
procese y sancione a los responsables.
5.- Que la FEADLE publique un reporte detallado de por
qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez.
6.- La Misión de Observación exige medidas de seguridad
a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no sólo son víctimas sino testigos de
un delito.
7.- Que el Gobierno de la entidad establezca un fondo
permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en
Veracruz, y que su implementación se realice bajo la supervisión de
organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
8.- Es necesario que los tres poderes de
Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan
periodistas y medios de comunicación de esa entidad.
9.- Es urgente promover una ley de protección de
derechos del ejercicio periodístico y reestructurar la Comisión de Protección a
Periodistas en Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser
un mecanismo de protección eficiente.
10.- La Comisión Estatal de Atención y Protección a
Periodistas debe rendir cuentas de los recursos e informar como ha actuado en
el caso de Gregorio Jiménez.
11.- Tipificar como delito grave las acciones que
obstruyan o atente contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación
y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión y de información.
12.- Que la Contraloría Estatal revise de manera
autónoma el desempeño de la PGJE en las investigaciones de delitos contra
periodistas y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido en
sus funciones.
13.- La Fiscalía de Atención a Periodistas y Delitos
Electorales de Veracruz debe dar un informe, amplio y detallado, de los
avances de todas las investigaciones a su cargo.
14.- Debido a las altas cifras de agresiones a
periodistas en Veracruz es necesaria la creación de una fiscalía autónoma.
15.- Debe crearse una ley que regule la publicidad
oficial en el estado de Veracruz.
16.- Es urgente que empresas periodísticas de Veracruz
cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La seguridad de los
periodistas empieza por recibir un trato profesional y que se garanticen sus
derechos laborales. Recomendamos también crear protocolos de seguridad, así
como dar capacitación a los voceadores de prensa, para que difundan las
noticias de manera profesional y no contribuyan a incrementar el riesgo a la
labor de los periodistas.
17.- A las empreas Notisur y Liberal del Sur se les pide que establezcan
fondo de apoyo económico para manutención de la familia de su trabajador
Gregorio Jiménez de la Cruz.
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