La Voz del Anáhuac
21 de marzo de 2014
El secuestro,
tortura y asesinato de Gregorio Jiménez el pasado 5 de febrero, en Veracruz, indignó
a los trabajadores de los medios informativos en México, país considerado como
uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
No obstante la denuncia y las movilizaciones realizadas
por este gremio, las agresiones siguen acumulándose:
El 12 de marzo, la organización Reporteros sin Fronteras
denunció las amenazas recibidas por Balbina Flores Martínez, su corresponsal en
México.
El 16 de marzo, fue allanado el domicilio de Darío
Ramírez, director de Artículo 19, organización defensora de la libertad de
expresión, para robarle documentos de trabajo y computadoras.
El 20 de Marzo, Fabiola Gutiérrez Quiroz, periodista de
Somos el Medio fue agredida y detenida por la policía cuando documentaba operativos
contra vendedores ambulantes (“vagoneros”)
en el metro de la ciudad de México.
Artículo 19, durante una movilización de trabajadores de
medios llevada a cabo el 18 de marzo (#DisentirEnSelencio) reportó que: “De 100 agresiones documentadas contra
trabajadores de medios en 2013, 85 se dirigen contra un reportero o periodista
audiovisual; 10 contra directivos; y las otras cinco se distribuyen entre
columnistas, otros empleados de medios y caricaturistas”. Haciendo notar
que esta tendencia de ataques a la libertad de expresión se ha incrementado
notablemente a partir del 01 de diciembre de 2012.
Si la agresividad estatal contra los medios en general se
ha incrementado, contra los medios libres ha sido aún mayor el golpeteo, desde el
bloqueo de las señales de internet, hasta las agresiones físicas y la cárcel,
en especial contra las radios comunitarias. Por ello, el 20 de marzo se realizó
un bloqueo frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ciudad
de México, pues las recientes reformas a la Ley de Telecomunicaciones, lejos de
democratizar el acceso a las frecuencias de trasmisión, las reservan para las
grandes empresas de medios (TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, etc.) y
mantiene la marginación y criminalización de los medios libres y las radios
comunitarias.
Sabemos que el estado y sus leyes están al servicio de
los grandes capitales, por ello no nos debe extrañar que a quienes buscamos
ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión pretenda silenciarnos a como
de lugar. De nada servirá esperar que “flexibilicen”
sus políticas los de arriba y nos reconozcan derecho alguno. No lo van a hacer.
Ni modificarán sus leyes ni abrirán en modo alguno los espacios radiales para
que podamos lograr que los de abajo nos expresemos. Eso tenemos que seguirlo
haciendo, al margen de sus leyes, en desobediencia, a contracorriente, sin
pedir permiso, con nuestros propios medios, de manera autogestiva, construyendo
autonomía de medios en los hechos.
A continuación las denuncias publicadas por Artículo 19 y
Reporteros sin Fronteras respecto al allanamiento del 16 de marzo y las
amenazas del 12 de este mes.
Allanan casa de defensor de libertad de expresión en México
La casa del director de Artículo 19 en México fue
allanada el 16 de marzo. Foto vía Artículo 19.
Por Diego Cruz/SB
18 marzo
2014
Sujetos
desconocidos allanaron la casa de Darío Ramírez,
director de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo
19, el domingo 16 de marzo, robándole documentos de trabajo
y computadoras, reportó la publicación digital Animal Político. Esta fue la
segunda agresión a un defensor de la libertad de expresión en menos de una
semana.
El crimen ocurrió en la Ciudad de México tan sólo dos días antes del informe
anual sobre violencia contra periodistas y medios de información por parte de Artículo 19, que se llevará a cabo mañana 18 de marzo en la
capital del país.
Ramírez y su familia se encontraban de vacaciones y fuera de
casa cuando se llevó a cabo el robo, llegando el domingo a encontrar
la puerta del hogar forzada. Los culpables no dejaron ningún mensaje pero sí “fueron muy puntuales en lo que se
llevaron: instrumentos de trabajo, computadora y objetos de valor pequeños”,
dijo el director.
En una alerta publicada en
su sitio, la organización aclaró que no podía afirmar que el crimen haya
ocurrido en conexión al trabajo de Ramírez, pero aclararon que seguían siendo hechos de “suma preocupación” cuando se
consideraba el hostigamiento que enfrentan periodistas y defensores de derechos
humanos en México.
Artículo 19 dijo que el
allanamiento fue el quinto incidente de seguridad vivido por sus empleados desde abril del 2013, cuando Ramírez y otras personas de la
organización recibieron una amenaza de muerte, pero que
ninguno había sido investigado hasta el momento.
Artículo
19 presentó denuncias ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ante el Mecanismo de
Protección para Periodistas, parte de la Secretaría de Gobernación.
Ramírez dijo que habían recibido mucha atención y apoyo de la Procuraduría y
que hablarían con la fiscalía de protección a periodistas, pero agregó que no
habían recibido comunicación alguna del “bastante
ineficiente” Mecanismo de Protección,
lo cual no le sorprendió al director.
A
pesar de estos sucesos, se seguirá llevando a cabo la
presentación pública del informe anual de Artículo 19, titulado “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa
y criminalización de la protesta, México 2013”.
Sin embargo, considerando que el allanamiento puede haber sido “un mensaje intimidatorio”, la
organización alertó a las autoridades “de
posibles hechos que se pudieran generar como consecuencia de la presentación
del informe”.
Amenazas a
corresponsal de reporteros sin fronteras
Balbina Flores. Foto via OEA.
El
pasado miércoles 12 de marzo la organización de libertad de información
Reporteros Sin Fronteras (RSF) también reportó amenazas telefónicas dirigidas a su
corresponsal en México, Balbina Flores Martínez, quien reporta sobre
agresiones a periodistas.
Según RSF, Flores recibió
tres llamadas amenazantes el 12 de marzo de alguien con voz masculina que pidió
hablar con ella. El hombre se identificó como el “Comandante Omar Treviño” —el nombre del presunto líder del cartel
Zetas— y dijo que estaba cerca y que le habían pagado para herirla. Después de
las tres llamadas, Flores denunció las amenazas con el
Fiscal Especial para Crímenes en contra de la Libertad de Expresión del Fiscal
General y a la Comisión de Derechos Humanos en México D.F., reportó Grupo Fórmula.
La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP/IAPA), el Comité para la Protección de
Periodistas (CPJ), y Artículo 19 recientemente
se unieron a RSF en repudiar las amenazas en contra de Flores. Las
organizaciones pidieron que el gobierno mexicano otorgue protección inmediata a
Flores.
“Las autoridades mexicanas deben lanzar una investigación puntual y
exhaustiva sobre esta amenaza y encontrar a los responsables”, dijo el coordinador del programa de CPJ en las Américas Carlos Lauría. “En un país donde la violencia y la censura
han devastado a la prensa, las autoridades deben garantizar que los defensores
de la libertad de prensa puedan trabajar sin temor por su seguridad”.
La impunidad en México
sigue siendo un problema de gran preocupación para periodistas trabajando en el
país. Según CPJ, la inseguridad
e impunidad en México lo marcan como uno de los países más peligrosos para
periodistas.
* Kendall Ivie contribuyó a
esta nota. Ivie es estudiante de la clase “Periodismo en las Américas” en la
Universidad de Texas en Austin.
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