Escrito por Luis Hernández Navarro
Martes, 21 Enero 2014
Michoacán
está en llamas, pero por optimismo gubernamental no queda. Según Monte
Alejandro Rubido, vocero de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo
Integral, el eficaz despliegue de las fuerzas federales y la sustitución de los
policías de 27 municipios ha generado que el margen de maniobra de los grupos
delincuenciales esté prácticamente reducido a cero.
Palabras parecidas se escucharon durante las
dos ofensivas anteriores. Hoy sabemos que eran mentira, meras ráfagas de saliva
y papel en la batalla por la opinión pública. Sus estrategias fueron un
fracaso. Los malosos conservan el control del territorio, hicieron crecer sus
negocios y ampliaron su influencia en todos los ámbitos de la sociedad y el
poder del estado. No hay elementos para suponer que ahora las cosas serán
diferentes.
Entre otros, tres hechos nuevos distinguen el
actual plan gubernamental de los previos. Primero,
la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la
inseguridad pública. Segundo, la
guerra contra los Templarios por
grupos de autodefensa, expresión simultánea del descontento ciudadano y
criatura gubernamental. Y tercero,
la intervención directa del grupo mexiquense en la vida política de Michoacán,
al margen del pacto federal.
A finales de 2013, las operaciones militares
de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La
narcoguerra en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extrajera. Los
inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas
estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como
señaló una nota de Reuters a propósito de la narcominería: “el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda
restaurar el orden y ganar la batalla contra Los Caballeros Templarios”.
La gota que derramó el vaso corrió a cargo
del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se
accidentó la avioneta en que viajaba el líder de las autodefensas José Manuel
Mireles, el responsable de la política interna declaró: “Sí (lo) cuidamos porque es
una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente
a los Templarios”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Ciertamente,
las autodefensas están integradas por muchos afectados por los Templarios; detrás de ellas hay un
malestar social genuino. Son expresión legítima del hartazgo ciudadano. Pero,
simultáneamente, puede verse la huella del gobierno federal en su nacimiento,
armamento y en la permisividad de sus operaciones. Su existencia es parte de
una arriesgada política de Estado. El accidente de Mireles transparentó esa
estrategia y obligó al gobierno federal a dar un viraje: la formación de grupos
paramilitares no es muy bien vista internacionalmente.
El nombramiento de Alfredo Castillo,
personaje cercano a Enrique Peña Nieto, como un moderno virrey, arropado con la
figura de comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán,
coloca al grupo mexiquense en una posición clave para la definición de la
política de seguridad nacional. De paso, acota la zona de influencia del
secretario de Gobernación en el asunto.
¿Por qué se pone en duda el éxito de esta
nueva ofensiva gubernamental? Por el enraizamiento del fenómeno del
narcotráfico en la vida del estado. Los Templarios
se abrieron paso en la sociedad michoacana como grupo justiciero local de
autodefensa para enfrentar la barbaridad de otros cárteles. Desde allí,
tejieron una imbricada malla de relaciones con la economía, la política, la
justicia, los aparatos de seguridad estatales y la sociedad. Esa red les
proporciona simultáneamente una base social real y una enorme masa de
damnificados que los odia y teme.
Los centros geográficos clave de la actual
disputa son la Tierra Caliente michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas y la
escarpada Sierra Madre del Sur que separa una ciudad de otra.
Apatzingán y su valle son el epicentro de la
vida económica y política de Tierra Caliente. Allí se concentran las sedes de
las instituciones y los poderes formales. También está la 43 Zona Militar, que
tan poco eficaz ha sido en el combate al narcotráfico. Los malosos
establecieron en esa ciudad una especie de centro financiero, desde el cual
controlan la recaudación de los demás municipios. Su cuartel general se
encuentra en Tumbiscatio.
Pese a que la carencia de agua es evidente en
la agreste Sierra de Coalcomán, una interminable red de mangueras negras cruza
amplias extensiones. Sirven para trasladar el líquido vital, desde los ojos de
agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de mariguana, a través
de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Habitantes de las
rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez
sofisticadas, en predios cercados para evitar que los animales se la coman.
La sierra michoacana ocupa el segundo lugar
nacional en la producción de amapola y mariguana. Pero no es la única región de
la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del
litoral Pacífico llegan lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de
transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectada por radares o
descubiertas por guardacostas, para trasladarla hacia Estados Unidos. A Lázaro
Cárdenas, puerto de contenedores en rápida expansión, arriban, desde Asia, los
precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos;
desde allí salen cargamentos de todo tipo de drogas.
Sobre esta base material, generadora de
ingresos multimillonarios, los Templarios
han construido una próspera industria criminal de la que forman parte otras
actividades ilícitas, como la venta de protección a agricultores y empresarios,
la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de productos piratas a
través del comercio ambulante. Se trata de negocios que blanquean sus ganancias
mediante empresas lícitas, como las que exportan hierro a China.
Michoacán está en llamas. Para apagar el
incendio no basta una ocupación policiaco-militar del territorio. Hay que
rehacer desde abajo el conjunto de las relaciones sociales. Nada parece indicar
que la actual estrategia pueda hacer algo así.
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