miércoles, 22 de enero de 2014

Michoacán en llamas (pero para apagar el incendio no basta una ocupación policiaco-militar)

Escrito por  Luis Hernández Navarro 
Martes, 21 Enero 2014
Michoacán está en llamas, pero por optimismo gubernamental no queda. Según Monte Alejandro Rubido, vocero de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral, el eficaz despliegue de las fuerzas federales y la sustitución de los policías de 27 municipios ha generado que el margen de maniobra de los grupos delincuenciales esté prácticamente reducido a cero.
Palabras parecidas se escucharon durante las dos ofensivas anteriores. Hoy sabemos que eran mentira, meras ráfagas de saliva y papel en la batalla por la opinión pública. Sus estrategias fueron un fracaso. Los malosos conservan el control del territorio, hicieron crecer sus negocios y ampliaron su influencia en todos los ámbitos de la sociedad y el poder del estado. No hay elementos para suponer que ahora las cosas serán diferentes.
Entre otros, tres hechos nuevos distinguen el actual plan gubernamental de los previos. Primero, la presión de los inversionistas extranjeros para resolver el problema de la inseguridad pública. Segundo, la guerra contra los Templarios por grupos de autodefensa, expresión simultánea del descontento ciudadano y criatura gubernamental. Y tercero, la intervención directa del grupo mexiquense en la vida política de Michoacán, al margen del pacto federal.
A finales de 2013, las operaciones militares de los grupos de autodefensa se convirtieron en un escándalo internacional. La narcoguerra en Michoacán se convirtió en noticia para la prensa extrajera. Los inversionistas foráneos advirtieron: de nada servirán las reformas estructurales si no se resuelve el problema de la inseguridad pública. Como señaló una nota de Reuters a propósito de la narcominería: “el futuro es incierto, a menos que el gobierno mexicano pueda restaurar el orden y ganar la batalla contra Los Caballeros Templarios”.
La gota que derramó el vaso corrió a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de que se accidentó la avioneta en que viajaba el líder de las autodefensas José Manuel Mireles, el responsable de la política interna declaró: “Sí (lo) cuidamos porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a los Templarios”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Ciertamente, las autodefensas están integradas por muchos afectados por los Templarios; detrás de ellas hay un malestar social genuino. Son expresión legítima del hartazgo ciudadano. Pero, simultáneamente, puede verse la huella del gobierno federal en su nacimiento, armamento y en la permisividad de sus operaciones. Su existencia es parte de una arriesgada política de Estado. El accidente de Mireles transparentó esa estrategia y obligó al gobierno federal a dar un viraje: la formación de grupos paramilitares no es muy bien vista internacionalmente.
El nombramiento de Alfredo Castillo, personaje cercano a Enrique Peña Nieto, como un moderno virrey, arropado con la figura de comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, coloca al grupo mexiquense en una posición clave para la definición de la política de seguridad nacional. De paso, acota la zona de influencia del secretario de Gobernación en el asunto.
¿Por qué se pone en duda el éxito de esta nueva ofensiva gubernamental? Por el enraizamiento del fenómeno del narcotráfico en la vida del estado. Los Templarios se abrieron paso en la sociedad michoacana como grupo justiciero local de autodefensa para enfrentar la barbaridad de otros cárteles. Desde allí, tejieron una imbricada malla de relaciones con la economía, la política, la justicia, los aparatos de seguridad estatales y la sociedad. Esa red les proporciona simultáneamente una base social real y una enorme masa de damnificados que los odia y teme.
Los centros geográficos clave de la actual disputa son la Tierra Caliente michoacana, el puerto de Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre del Sur que separa una ciudad de otra.
Apatzingán y su valle son el epicentro de la vida económica y política de Tierra Caliente. Allí se concentran las sedes de las instituciones y los poderes formales. También está la 43 Zona Militar, que tan poco eficaz ha sido en el combate al narcotráfico. Los malosos establecieron en esa ciudad una especie de centro financiero, desde el cual controlan la recaudación de los demás municipios. Su cuartel general se encuentra en Tumbiscatio.
Pese a que la carencia de agua es evidente en la agreste Sierra de Coalcomán, una interminable red de mangueras negras cruza amplias extensiones. Sirven para trasladar el líquido vital, desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de mariguana, a través de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez sofisticadas, en predios cercados para evitar que los animales se la coman.
La sierra michoacana ocupa el segundo lugar nacional en la producción de amapola y mariguana. Pero no es la única región de la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral Pacífico llegan lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectada por radares o descubiertas por guardacostas, para trasladarla hacia Estados Unidos. A Lázaro Cárdenas, puerto de contenedores en rápida expansión, arriban, desde Asia, los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos; desde allí salen cargamentos de todo tipo de drogas.
Sobre esta base material, generadora de ingresos multimillonarios, los Templarios han construido una próspera industria criminal de la que forman parte otras actividades ilícitas, como la venta de protección a agricultores y empresarios, la extorsión, el cobro de derecho de piso y la venta de productos piratas a través del comercio ambulante. Se trata de negocios que blanquean sus ganancias mediante empresas lícitas, como las que exportan hierro a China.
Michoacán está en llamas. Para apagar el incendio no basta una ocupación policiaco-militar del territorio. Hay que rehacer desde abajo el conjunto de las relaciones sociales. Nada parece indicar que la actual estrategia pueda hacer algo así.

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