jueves, 24 de octubre de 2013

México: El uso de la fuerza contra el pueblo muestra la falta de argumentos del Estado (PCM)

por Partido Comunista de México
Jesús Rábago*
* Colaborador externo.
Jueves, 24 de octubre de 2013

Criminalizar la protesta social implica sancionar punitivamente la exigencia de los derechos de la clase trabajadora. Asimismo, el uso desmedido de la fuerza pública contra el pueblo muestra la falta de argumentos convincentes del Estado, ante la privatización de la educación y los recursos energéticos, además de la violación flagrante de los derechos laborales y sociales.

El gobierno priista de Enrique Peña Nieto, siguiendo las exigencias de organismos capitalistas internacionales, en menos de un año ha abierto las puertas al capital, para que se usufructúe con las conquistas de los obreros, campesinos, estudiantes, entre otros. Ante tales transgresiones, el gobierno federal emplea a la policía federal, al  ejército y a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en:

1) espionaje en los movimientos sociales;
2) supuesto combate al narcotráfico, que no es más que la militarización de las regiones proclives al levantamiento armado popular y;
3) formación de grupos paramilitares en el país y en la propia capital.

No obstante, el actuar de los últimos gobiernos federales, panistas y priistas, se ha destacado por combatir la exigencia de derechos, encarcelar, desaparecer o asesinar a quien proteste o, sembrar una política de terror (al estilo del imperialismo norteamericano y las dictaduras militares) en el país, encabezada por el ejército y los grupos paramilitares del Estado.

Los discursos legales y las amenazas de ejercer acción penal contra quien atente contra los intereses de los empresarios, los políticos y la pequeña burguesía han sido utilizados por todas las fracciones políticas. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos avaló la represión sufrida por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el pasado 13 de septiembre. Además, el linchamiento mediático que han recibido todos los movimientos sociales con amplias bases populares, ha servido de puente para que la opinión pública se divida y legitime toda acción de fuerza e intimidación del Estado contra la protesta social. Televisa y TV Azteca, entre otros medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos han creado una retícula que soporte el discurso de la Reforma laboral, la supuesta Reforma Educativa (que es en realidad una reforma laboral), la ahora discutida Reforma energética y la futura Reforma hacendaria.

Sin embargo, desde la llegada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno del Distrito Federal, no se ha buscado establecer consensos con la clase trabajadora, por el contrario, este partido político ha empleado la fuerza pública en contra de ella, de campesinos, estudiantes, entre otros, que manifiesta sus demandas en la capital del país.

La represión ejecutada por las fuerzas policiales a cargo del actual gobierno, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, sólo ha mostrado uno de los tantos ataques que ha sufrido la clase trabajadora con los gobiernos perredistas en la capital. Basta recordar el cerco policiaco y violación de la autonomía que sufrió la Ciudad Universitaria en febrero de 2000, siendo jefa de gobierno Rosario Robles, después de la detención arbitraria de algunos integrantes del Consejo General de Huelga (CGH) por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.

Asimismo, la fuerza pública fue usada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra ejidatarios de los pueblos de San Salvador Atenco y Texcoco (Estado de México), en noviembre de 2001, cuando fueron enfrentados con gases lacrimógenos y toletes, lesionando a decenas de campesinos, bajo el argumento de salvaguardar los derechos de los capitalinos ante el “delito” de posesión de armas prohibidas: machetes.

Marcelo Ebrard, el 2 de octubre de 2012 reprimió a estudiantes, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pilotos de ASPA, que mostraban sus descontento ante la Reforma laboral, la cual atenta contra los logros de la clase trabajadora reflejados en el artículo 123 constitucional. También, en ese mismo periodo, se usó la violencia contra miembros de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Actualmente, en menos de un año, el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha empleado las fuerzas policiacas contra estudiantes, electricistas, maestros y miembros de organizaciones sociales que defienden el derecho a la educación, el trabajo y la soberanía popular de los recursos energéticos. Su notable alianza con la burguesía y las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con miras a posicionar a Marcelo Ebrard como candidato por el PRD a la presidencia de la república, ha ocasionado el uso indiscriminado de la brutalidad del Estado contra la clase trabajadora.

En enero de 2014, se prevé que comience la discusión sobre el desmantelamiento de los servicios de salud públicos, lo que conducirá a nuevas manifestaciones contra las medidas del capitalismo salvaje. Lo que el Estado neoliberal comenzó en 2007 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, en 2011, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende ahora completar su privatización.

Sin lugar a dudas, la criminalización de la protección y conquistas históricas de la clase trabajadora y la exigencia de derechos serán confrontadas por escudos, toletes, gases lacrimógenos, polvo de extinguidores, desalojos violentos, represión, detenciones, desapariciones forzadas, encarcelamientos y asesinatos.