por Partido Comunista de México
Jesús Rábago*
* Colaborador
externo.
Jueves, 24 de octubre de 2013
Criminalizar la protesta
social implica sancionar punitivamente la exigencia de los derechos de la clase
trabajadora. Asimismo, el uso desmedido de la fuerza pública contra el pueblo
muestra la falta de argumentos convincentes del Estado, ante la privatización
de la educación y los recursos energéticos, además de la violación flagrante de
los derechos laborales y sociales.
El gobierno priista de Enrique Peña Nieto, siguiendo las exigencias de
organismos capitalistas internacionales, en menos de un año ha abierto las
puertas al capital, para que se usufructúe con las conquistas de los obreros,
campesinos, estudiantes, entre otros. Ante tales transgresiones, el gobierno
federal emplea a la policía federal, al ejército y a agentes del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional en:
1) espionaje en los movimientos
sociales;
2) supuesto combate al narcotráfico,
que no es más que la militarización de las regiones proclives al levantamiento
armado popular y;
3) formación de grupos paramilitares
en el país y en la propia capital.
No obstante, el actuar de los últimos gobiernos federales, panistas y
priistas, se ha destacado por combatir la exigencia de derechos, encarcelar,
desaparecer o asesinar a quien proteste o, sembrar una política de terror (al
estilo del imperialismo norteamericano y las dictaduras militares) en el país,
encabezada por el ejército y los grupos paramilitares del Estado.
Los discursos legales y las amenazas de ejercer acción penal contra quien
atente contra los intereses de los empresarios, los políticos y la pequeña
burguesía han sido utilizados por todas las fracciones políticas. Incluso, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos avaló la represión sufrida por
miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el pasado
13 de septiembre. Además, el linchamiento mediático que han recibido todos los
movimientos sociales con amplias bases populares, ha servido de puente para que
la opinión pública se divida y legitime toda acción de fuerza e intimidación
del Estado contra la protesta social. Televisa y TV Azteca, entre otros medios
de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos han creado una retícula
que soporte el discurso de la Reforma laboral, la supuesta Reforma Educativa
(que es en realidad una reforma laboral), la ahora discutida Reforma energética
y la futura Reforma hacendaria.
Sin embargo, desde la llegada del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) al gobierno del Distrito Federal, no se ha buscado establecer consensos
con la clase trabajadora, por el contrario, este partido político ha empleado
la fuerza pública en contra de ella, de campesinos, estudiantes, entre otros,
que manifiesta sus demandas en la capital del país.
La represión ejecutada por las fuerzas policiales a cargo del actual
gobierno, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del
Distrito Federal, sólo ha mostrado uno de los tantos ataques que ha sufrido la
clase trabajadora con los gobiernos perredistas en la capital. Basta recordar
el cerco policiaco y violación de la autonomía que sufrió la Ciudad
Universitaria en febrero de 2000, siendo jefa de gobierno Rosario Robles,
después de la detención arbitraria de algunos integrantes del Consejo General
de Huelga (CGH) por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.
Asimismo, la fuerza pública fue usada por el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador contra ejidatarios de los pueblos de San Salvador Atenco y
Texcoco (Estado de México),
en noviembre de 2001, cuando fueron enfrentados con gases lacrimógenos y
toletes, lesionando a decenas de campesinos, bajo el argumento de salvaguardar
los derechos de los capitalinos ante el “delito”
de posesión de armas prohibidas: machetes.
Marcelo Ebrard, el 2 de octubre de 2012 reprimió a estudiantes, miembros
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pilotos de ASPA, que mostraban
sus descontento ante la Reforma laboral, la cual atenta contra los logros de la
clase trabajadora reflejados en el artículo 123 constitucional. También, en ese
mismo periodo, se usó la violencia contra miembros de organizaciones
estudiantiles, sindicales y sociales durante la toma de posesión de Enrique
Peña Nieto.
Actualmente, en menos de un año, el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha
empleado las fuerzas policiacas contra estudiantes, electricistas, maestros y miembros
de organizaciones sociales que defienden el derecho a la educación, el trabajo
y la soberanía popular de los recursos energéticos. Su notable alianza con la
burguesía y las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con
miras a posicionar a Marcelo Ebrard como candidato por el PRD a la presidencia
de la república, ha ocasionado el uso indiscriminado de la brutalidad del
Estado contra la clase trabajadora.
En enero de 2014, se prevé que comience la discusión sobre el desmantelamiento
de los servicios de salud públicos, lo que conducirá a nuevas manifestaciones
contra las medidas del capitalismo salvaje. Lo que el Estado neoliberal comenzó
en 2007 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y, en 2011, en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) pretende ahora completar su privatización.
Sin lugar a dudas, la criminalización de la protección y conquistas
históricas de la clase trabajadora y la exigencia de derechos serán
confrontadas por escudos, toletes, gases lacrimógenos, polvo de extinguidores,
desalojos violentos, represión, detenciones, desapariciones forzadas,
encarcelamientos y asesinatos.
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