por
Arsinoé Orihuela
Lunes,
16 de septiembre de 2013
La reforma educativa es una reforma tripartita: esto es,
administrativa, laboral y pedagógica. Pero esta triple dimensión no se aprecia
en la observación directa e inmediata, y menos cuando el canturreo mediático
que envuelve a la controversia aspira a nublar los sentidos y la razón (por
cierto, la misma aspiración que persigue la reforma). No basta con responder o
desmentir los improperios de la prensa libertina, que miente, manipula,
deforma, la naturaleza de la irrupción insurgente magisterial. Es necesario
conocer el fondo oscuro de la reforma: sin un diagnóstico adecuado e integral,
el paciente –la educación, el trabajador de la educación– se privará de
recursos de solución acertados para enfrentar una iniciativa maquinada e
impulsada desde los círculos económicamente más poderosos. Y esta es una
cuestión que no debe desatenderse u omitirse: las fuerzas que actúan en la dirección
de la iniciativa reformista tienen tanto poder que, allí donde la resistencia
carezca de radicalidad, podrán imponer cómodamente intereses privados a
expensas del derecho o el interés público.
Pero abordemos detalladamente,
una por una, las tres dimensiones de la reforma, así como los actores e
intereses que intervienen o intervendrían en el nuevo marco
administrativo-laboral-pedagógico. Cabe advertir que la crispación ha escalado
precisamente a causa de la insistencia del Estado en presentar las modificaciones
a la ley como algo diametralmente opuesto a lo que real y empíricamente son: a
saber, el encumbramiento del empresariado en el sistema educativo nacional, y
la infracción del estatuto laboral de los trabajadores de la educación.
Dimensión administrativa
Si bien pareciera la consagración de un anhelo largamente
incubado en el ámbito educativo nacional, la llamada “autonomía de gestión escolar” no es más que una sutileza
lingüística con fines exactamente opuestos a los declarados. La propaganda oficial
insiste en anunciar la recuperación de la rectoría en la educación. Pero si se
observa cuidadosamente, se advertirá que en realidad la reforma entraña la
renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El
transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional
establece: “Fortalecer la autonomía de
gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia,
bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que
cada escuela enfrenta”. En lenguaje desencriptado, esta adecuación jurídica
tiene tres implicaciones fundamentales:
1) formalización del cobro de
cuotas a padres de familia (privatización en germen);
2) abdicación del Estado en las
tareas de financiamiento y gestoría de la educación, y la consiguiente apertura
de ocasiones para la intervención de la iniciativa privada (privatización
cucaracha) y;
3) profundización de las
asimetrías en el ámbito socioeducativo, condenando a los centros escolares en
zonas vulnerables o marginales al eterno rezago infraestructural, presupuestal
e instructivo (segregación socioespacial prematura).
Un autonomía de gestión
auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares,
delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las
necesidades específicas de la escuela o comunidad. La reforma enuncia explícita
o tácitamente la renuncia del Estado en este renglón crucial, es decir, el
administrativo-presupuestario, y en cambio anticipa la intervención del Estado
allí donde no debiera intervenir, o intervenir sólo coligadamente con la
institución escolar: a saber, en la elaboración de planes de estudio. En suma,
la autonomía de gestión entraña un doble atropello: el abandono presupuestario
de la educación pública, y la cancelación de la autogestión pedagógica en las
escuelas.
Dimensión laboral
Otra modificación que en la letra (sin la pertinente
exégesis) tiene visos de saneamiento, pero que en la práctica significa una
profundización de la crisis laboral (invalidación de la estabilidad
profesional-salarial), es la referente al artículo 3º constitucional, fracción
III, que señala: “…Adicionalmente, el
ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección
o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado,
se llevarán a cabo mediante concursos
de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que
correspondan… La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria
para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el
servicio profesional…”
Traducido al cristiano, esta
modificación implica la transferencia del poder decisor –en materia laboral– a
un conciliábulo estatal externo a la actual estructura de trabajadores de la
educación. En México esto significa el control monopólico del servicio docente,
en manos de un órgano con tintes patronales, altamente centralizado, que
redunda en una licencia a funcionarios educativos para decretar
discrecionalmente la contratación-despido de los maestros. Esta dimensión laboral
de la reforma tiene dos aristas:
1) el desplazamiento de los
maestros en la disposición de criterios para la evaluación magisterial (¡sic!),
ahora prerrogativa exclusiva de un elefante blanco supeditado a organismos
nacionales e internacionales con filiaciones empresariales-patronales y;
2) el condicionamiento de
la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, a los caprichos y
veleidades de funcionarios previsiblemente corruptos, gobiernos estatales
sabidamente corruptos, y marcos jurídicos irrenunciablemente corruptos.
¿Qué implica, resumidamente,
esta reforma? Respuesta: la derogación por decreto de derechos laborales
históricamente adquiridos.
Dimensión pedagógica
La dimensión pedagógica de la reforma se advierte, aunque
nebulosa e imprecisamente, en la adición al artículo 3º constitucional,
fracción IX, a saber: “Corresponderá al
Instituto [para la Evaluación de la Educación] evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo
nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Para ello deberá:
a) Diseñar y realizar las
mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del
sistema;
b) Expedir los lineamientos
a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar
a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y;
c) Generar y difundir
información y, con base en ésta, emitir directrices que sean
relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de
la educación…”
Pero esta adición sólo refiere
a la parte operativa de la reforma. Ahora, si se quiere conocer el contenido
pedagógico de la iniciativa, es preciso mirar la baraja de agrupaciones que
impulsan los “lineamientos”, “medidas”, “directrices” y “criterios de
evaluación” de la “transformación
educacional” (sic). La revista Proceso documenta: “Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: estrategias para la
acción en México (2010)… Getting it right: una agenda
estratégica para las reformas en México (2012)… así como el estudio Ahora es
cuando: Metas 2012-2014, elaborado por Mexicanos Primero, confirman
acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en
esa materia ha asumido el gobierno federal”. El artículo de Proceso
también desvela la identidad de este cónclave patronal –Mexicanos Primero: “Los patronos del organismo son… Emilio
Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, ex
vicepresidente corporativo de la fundación de esa mismo empresa… Carlos Hank
González, director general del Grupo Financiero Interacciones, nieto y homónimo
del ex gobernador priista del Estado de México… Carlos Fernández González,
presidente de Grupo Modelo, Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, y
miembro del Consejo de Administración de Televisa… Alejandro Ramírez Magaña,
presidente de Cinépolis… Daniel Servitje Montull, presidente de Bimbo… Ignacio
Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander… José
Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA…”
La dimensión pedagógica de la
reforma tiene, en suma, dos vértices:
1) la incautación de la
instrucción académica, ahora en manos de organismos empresariales y;
2) la conversión de la educación
pública en centros de transmisión de “valores”
técnico-empresariales y capacitación de la fuerza laboral.
En síntesis, LA DEFUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN.
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