Publicado
el 30 de septiembre de 2013
Al
Dabi Olvera
México. Alberto Patishtán informó que su situación de salud se agrava. El tumor
de la cabeza que le fue operado hace casi un año requiere de sesiones de
radioterapia, que durarán un mes y medio, indicó el preso tzotzil. Raúl Romero,
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, valora que el profesor
encarcelado debe estar en libertad para afrontar en condiciones adecuadas su
enfermedad, para lo cual la mejor opción es impulsar una ley de amnistía.
Al profesor Patishtán le
diagnosticaron glaucoma en marco de 2010. Fue hospitalizado por diez meses y se
le recomendó tratamiento de por vida. Durante su estancia en la cárcel de
máxima seguridad en Guasave, Sinaloa, se dijo que sufría de una carnosidad y
después, en septiembre de 2012, le diagnosticaron cáncer. Además, padece
diabetes.
El 25 de septiembre del
2012, Patishtán lanzó una carta en la que denunció públicamente atropellos y
violaciones a sus derechos humanos, entre ellas negligencia médica y demora en
la atención. “Después de 12 años de
encarcelamiento injusto, por el mal sistema de justicia, sólo me ha ocasionado
una desgracia en mi vida (…) En la pérdida de nuestras familias, de bienes
inmuebles y de padecimientos de enfermedades”, versa el escrito.
En la más reciente
conferencia de prensa que ofreció, en el Centro de Reinserción Social (Cereso)
5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Movimiento del Pueblo de El
Bosque, de donde es originario, le otorgó el reconocimiento de inocencia que no
le otorgó el poder judicial. Patishtán volvió a hablar en el mismo sentido: “Los que cuentan con un poder económico, con
las influencias, pues igual logran sus libertades. Tal vez por mi color, por
mis carencias, por mi pobreza y por ser indio, me negaron mi libertad”.
“Padezco de una enfermedad, de un tumor cerebral, quizás por la misma
injusticia que me ha tocado vivir en estos más 13 años de encarcelamiento”, explicó. “Pero hay que seguir
luchando”. Recalcó que no pierde la esperanza: “El amor a la propia vida y a la justicia, están encima de toda cosa”.
Patishtán aseveró que su
permanencia en la cárcel es una muestra solamente de la injusticia del sistema
mexicano, y que si existiera justicia en México, la mitad de las prisiones
estarían vacías.
“El mayor cáncer que padece Alberto Patishtán es el de la injusticia”, afirmó Raúl Romero, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, parte también del Comité por la Libertad de Alberto Patishtán en el
Distrito Federal.
El 12 de septiembre, el
Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez ratificó la
sentencia de 60 años contra el profesor tzotzil, acusado de participar en el
homicidio de siete policías en el paraje Las Limas, Chiapas. El Tribunal
destacó que el fallo no apelaba a si Alberto Patishtán era inocente o no. “Todo el proceso jurídico fue injusto y se
ha violado la ley desde el principio”, asevera Rogelio Rueda, integrante
del Comité por la Libertad de Alberto Patishtán.
Cuando se le pregunta qué
sigue una vez que la máxima instancia judicial del país se negó a otorgar la libertad,
Rueda explica que se seguirá insistiendo en el punto central: que el profesor
es inocente. De acuerdo con el activista, la decisión no se enfocó a revisar
las irregularidades del proceso. Sólo vio si la prueba podía modificar los
criterios jurídicos. Quizás, opina, el Tribunal no se atrevió a otorgar el
recurso de revisión de inocencia ya que hubiera dejado un precedente legal para
que otras personas inocentes pudieran salir libres en México.
Rueda cree que el poder se
equivocó gravemente en no reconocer las irregularidades que debieron conducir a
la libertad del profesor tzotzil. “La
situación de su tumor obliga a trabajar más intensamente para que se luche
contra la enfermedad en las mejores condiciones”, alerta. “Lo más inmediato es evaluar las distintas
opciones para que lleve su tratamiento en libertad”.
El Comité hace énfasis en
que el Estado mexicano todavía tiene en sus manos hacer justicia para el
profesor tzotzil. Si bien se agotaron todas las vías legales en México,
existe todavía la posibilidad de que Patishtán quede libre ya sea mediante el
indulto, que corresponde al poder ejecutivo, mediante la amnistía, que
corresponde al legislativo, o mediante la excarcelación por razones
humanitarias debido a su salud.
Romero explica que con el
fallo del Tribunal Colegiado con sede en Chiapas termina una etapa de la
defensa de Patishtán. Antes el interlocutor era el poder judicial, y ahora se
abren las opciones: “Es la misma lucha.
Ahora hay otro interlocutor: La sociedad, la gente. Estamos convencidos
de que es la sociedad”, dice. “Y les
pedimos que se sigan sumando a la exigencia de libertad de Alberto Patishtán. A
los activistas, las organizaciones, a los maestros, a los jóvenes que están en
paros en las facultades, pero también a las personas de a pie”.
“No hay tarea imposible si una sociedad unida la hace su demanda”, opina Romero. En el caso Patishtán hay una lección, indica: que si las
instituciones no cumplen, la gente debe hacerlo cumplir. “No son autónomas, se supone que representan a la gente”.
Hay ya diferentes actores
políticos que piden el indulto para Patishtán, como el gobernador priísta de
Chiapas, Manuel Velasco, y el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas.
También existe una propuesta de Ley de Amnistía para el caso de Patishtán,
presentada por los senadores Zoé Robledo y Angélica de la Peña. El comisionado
de la secretaría de Gobernación para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México, Jaime Martínez Veloz, acordó con el presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados impulsar una Ley de Amnistía,
aunque no queda claro si es la presentada por los mencionados senadores.
Las iniciativas, indica
Romero, son bienvenidas. “Hay que
empujar la amnistía porque es mejor medida. Se trata del poder legislativo y se
supone que es lo más representativo de la sociedad”, valora el
pacifista. “La gente puede pedir con una
carta a su legislador que exija la libertad de Patishtán”. Indica que
si el poder ejecutivo tiene una posición de partido y el judicial tiene una
posición conservadora y legaloide, el legislativo puede ser un espacio más
plural, además de que hay ahí indígenas y potenciales aliados.
“Frente a esta crisis de legitimidad del Estado, el legislativo está
llamado a hacer justicia. El judicial ya tiene su factura. El Ejecutivo está
deslegitimado de origen por la forma en la que llegó Peña Nieto”, opina Romero. “Una enfermedad así
se puede empeorar y hasta deberse a las condiciones de vida en el penal. No se
sabe, pero en las cárceles mexicanas no hay modo para librar esta batalla”,
indica Romero, quien además apunta que las mejores condiciones para dar
la batalla contra la enfermedad se encuentran en la libertad.
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