Sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente: miles de desplazados ha dejado la narcoviolencia en dos años
Desde el
2011 hay registros de comunidades abandonadas por la incursión de sicarios que
exigen que los hombres trabajen para ellos, entreguen sus pertenencias o salgan
del lugar. No dan garantías los gobiernos estatal y federal. La líder Juventina
Villa fue asesinada cuando regresó de su exilio.
La noche del 21 de abril del 2011, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos,
y 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas
durante cinco horas parte de la Sierra Madre del Sur. Se desplazaron de la
comunidad de La Laguna a Puerto de Las Ollas, del municipio de Coyuca de
Catalán, por el miedo a la violencia del crimen organizado que les había
matado, en ese momento, a 30 de sus familiares.
Ese grupo de desplazados, encabezados por doña Juventina Villa, quien fue
abatida a tiros el 28 de noviembre del año siguiente en La Laguna, fue el
primero que se denunció ante los medios de comunicación. A la fecha, los
desplazamientos provocados por la violencia del crimen organizado se han
generalizado en todos los municipios de las regiones de Tierra Caliente y Costa
Grande.
Aunque las cifras que se han difundido al respecto no son reales, porque
hay muchas familias que han salido de sus comunidades y emigran a otras
ciudades del país o del estado para alojarse en las casas de sus familiares sin
que formen parte de los registros oficiales, se habla de que ya son miles los
desplazados de la zona de la Sierra, en donde van quedando comunidades y
pueblos abandonados, sin la posibilidad de regreso debido a que los gobiernos
federal y estatal no les garantizan la seguridad que piden.
Por ejemplo, los desplazados de La Laguna y de Hacienda de Dolores
regresaron a sus comunidades a finales de ese mismo año, sólo para recibir con
más intensidad el hostigamiento de los sicarios que operan en la región y a
consecuencia de ello la líder Juventina Villa fue abatida, cuando se preparaba
para salir de nuevo hacia Puerto de las Ollas.
Durante el 2011, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil,
Ramón Almonte Borja reconoció que grupos como los desplazados de La Laguna y
Hacienda de Dolores abandonaron otras comunidades de Coyuca de Catalán,
Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y
Pungarabato. Sin embargo, no se dio seguimiento a su destino final y se
desconocen las condiciones en que actualmente viven.
Otro de los casos que trascendió por el número de desplazados, fue el de la
comunidad de Hacienda de Dolores, de Coyuca de Catalán, quienes huyeron a la
cabecera municipal, a donde llegaron el 13 de diciembre.
Las 78 personas, de las cuales 56 tenían menos de 12 años, denunciaron que huyeron
de las amenazas que recibieron del grupo que dirigía la señora Juventina Villa
Mojica, de la comunidad de La Laguna, a quien acusaron de ser la causante de
asesinatos recientes y de tener vínculos con el Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI).
En una segunda ocasión, 45 familias de La Laguna y de Hacienda de Dolores
abandonaron esas localidades el primero de diciembre del 2012 y regresaron a
Puerto de las Ollas, debido a nuevos ataques y asesinatos de criminales que
operan en las localidades de Los Ciruelos y Hacienda de Dolores y tras los
asesinatos de la dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa,
ocurridos el 28 de noviembre de ese año.
Actualmente el grupo de familias desplazadas se dispersó, algunas siguen en
Puerto de las Ollas, otras se trasladaron a Petatlán y la mayoría se encuentran
radicando Coapango, La Palma II, anexo de La Unión y en la cabecera municipal
de Ayutla, hasta donde llegaron sicarios para atacarlos el 22 de julio pasado,
pero al ser descubiertos a tiempo dos de los agresores fueron abatidos, uno más
fue detenido y dos huyeron.
Otro desplazamiento numeroso de familias debido a la violencia ocurrió el
20 de julio. Ese día, unas mil 300 personas, entre ellos 217 niños, abandonaron
más de 10 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Arcelia,
confirmó el alcalde del primer municipio, Saúl Beltrán Orozco.
Los poblados que fueron abandonados por las familias son los de Villa
Hidalgo (El Cubo), El Terrero, Santo Tomás, San Rafael, Las Mesas, Las
Chescuitas, El Remance y Valle Luz, pertenecientes a San Miguel Totolapan, así
como Valle Galeana y El Guayabo, de Arcelia. Los desplazados permanecieron dos
días en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan en donde se refugiaron en
el atrio de la iglesia, después, algunos resguardados por elementos de La
Marina, militares y policías estatales regresaron a sus localidades en donde
según el gobierno estatal ya no hay riesgos de violencia.
Pero muchas de las familias, a pesar de ello, ya no regresaron y se
trasladaron a otros municipios como Ciudad Altamirano y Ajuchitlán del
Progreso, algunas más se fueron a la ciudad de México, según corroboraron las
autoridades municipales.
Lo anterior debido a que en esos días se informó que bandas de sicarios
quemaron por lo menos seis viviendas en los pueblos de Pezuapa, La Ciénaga y
los Encinos, de donde la gente también fue desplazada.
Sin embargo, uno de los desplazamientos más numerosos ocurrió recientemente
en comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Apaxtla y Heliodoro
Castillo, en donde versiones periodísticas mencionan a más de mil 500 personas
que han abandonado sus comunidades por temor a la violencia del crimen
organizado que los tiene asolados.
Fuentes oficiales como la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del
estado, Beatriz Mojica Morga, manejan que son más de mil las personas que están
siendo atendidas por los gobiernos estatal y municipal.
Pero tan sólo de Tetela del Río, municipio de Apaxtla, salieron más de mil
desplazados, 600 adultos y el resto niños, adolescentes y ancianos, de los
cuales aproximadamente 500 se fueron a Tlacotepec y el resto a El Caracol.
Informes extraoficiales detallaron el 1 de agosto que los desplazamientos
comenzaron desde el 24 de julio en varias comunidades, debido a que integrantes
de un grupo armado llegó a sus comunidades y levantó a jóvenes, realizó
disparos y amenazó a los habitantes para que les pagaran derecho de piso y les
entregaran su ganado y pertenencias.
Por ejemplo, en la comunidad de Pericotepec, los 38 habitantes salieron el
31 de julio después de 15 días de amenazas, secuestros y bloqueos de carreteras
con vehículos incendiados por el comando que les advirtió que después de las
7:00 de la noche no podrían andar en la calle.
También de la localidad de Amacahiute salieron 150 personas, 50 del Capire,
100 de Buena Vista y 30 del Órgano, municipio de Heliododo Castillo.
La mayoría de las familias que habitaban en la localidad de Tepezonapa, de
San Miguel Totolapan, también abandonaron la localidad tras amenazas de muerte
en su contra.
Abandonaron su localidad las 36 familias de Ixtayotla, debido a la presión
que recibieron por el grupo de sicarios que está recorriendo los pueblos para
obligarlos a salir de ellos.
Fuentes oficiales informaron que el sábado en Tlacotepec había 517
desplazados registrados oficialmente; aproximadamente 500 más estaban
refugiados en la comunidad de Huautla. Mientras que hay una cifra no registrada
de refugiados con familiares o amigos.
Las zonas más afectadas por los problemas de inseguridad y el narcotráfico
que están provocando el desplazamiento de los pueblos son en la mayoría de los
municipios de la Tierra Caliente y la Costa Grande.
Fuentes de Seguridad Pública ubican el desplazamiento de familias
principalmente en los municipios de Coyuca de Catalán, Coahuayutla, La Unión,
José Azueta, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato. Sin embargo los
desplazamientos recientes son más numerosos en los municipios de San Miguel
Totolapan y Heliodoro Castillo.
Fuentes periodísticas revelan que en estos municipios lo más común es el
robo de vehículos, la extorsión, el secuestro y pago de derecho de piso.
Para atender el problema el Gobierno del estado ha integrado el Comité
Integral de Atención a Desplazados, conformado por funcionarios de distintas
dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, Seguridad Pública y
Protección Civil, Salud y Finanzas y Administración.
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