Fuente: La Vanguardia
Lunes, 05 de agosto de 2013
Jalapa, Ver. Imposición, autoritarismo, complicidad entre
iniciativa privada y funcionarios públicos, así como violaciones a los derechos
humanos de los pueblos indígenas del país, han sido las principales
características de los proyectos hidroeléctricos, presas y represas en México
desde siempre, dijo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (Mapder).
Entre el luto que formó parte
de los festejos por el décimo aniversario de la fundación del Mapder, debido a
la muerte de Noé Salomón Vázquez Ortiz, lapidado el viernes pasado en Amatlán
de los Reyes por su activismo en contra de El Naranjal, los integrantes de este
movimiento se replantearon sus acciones en defensa de los ríos y del agua
frente a los proyectos de construcción de represas.
Guillermo Rodríguez Curiel, de
la organización La Vida y representante de Mapder en Veracruz, dijo que lo
importante en este momento es proteger la integridad de David, el niño que
acompañaba al activista cuando fue emboscado.
"Las autoridades condicionaron la entrega del cuerpo
a la familia a la declaración del menor, quien dio su testimonio la misma noche
del día del homicidio, pero no lo han dejado en paz. Las autoridades de la
agencia veracruzana de investigaciones lo han seguido acosando y no queremos
eso para él", expuso Rodríguez Curiel.
El vocero del Mapder a nivel
nacional, Julio César Ramírez, dijo que este hecho y el boom de construcción de
presas e hidroeléctricas en México
implican promover que "se haga
respetar la convención internacional de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo), que llama a gobiernos
firmantes a escuchar en consulta informada y a tiempo a las comunidades que
serán afectadas, de tal manera que éstas puedan decir sí o no a las
edificaciones".
Añadió que Mapder tiene
presencia en 17 entidades del país para impulsar la lucha en defensa del medio
ambiente y contra la construcción de presas, y lamentó que "en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa
se recrudeció la política de desplazamiento forzado para los poblados que están
dentro de las cuencas consideradas para estos proyectos".
Acotó que "esta década de batalla en defensa de los ríos ha estado marcada
por la puesta en práctica de mecanismos de represión, persecución y amenaza, e
incluso se ha llegado al homicidio de activistas o de miembros de las
comunidades afectadas".
César Ramírez dijo que “en México hay una
especie de lobby político-constructor de presas en el país –en el cual
participan la CFE (Comisión Federal de Electricidad), la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y políticos de alto rango del gobierno mexicano– que promueve presas
como una opción de generación de energía eléctrica, a pesar de que son obras
lesivas para la naturaleza”.
Consideró que un ejemplo de
esto es la presa El Zapotillo, que se pretende erigir en el municipio de
Cañadas de Obregón, Jalisco. “Ahí
encontramos compañías multinacionales y empresas mexicanas liadas con el
gobierno mexicano por medio de la Conagua. Hay empresas y hay políticos
trabajando en una gestión de lobby para que a nivel internacional caigan los
contratos y a nivel mexicano no tengan ningún impedimento para continuar la
obra”.
Más
información:
Comentarios