Rebelión, 01-08-2013
La vida y la
libertad de las mujeres están en el centro de la violencia feminicida. Las
mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune.
En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del
sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre
mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a
la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este
orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su
propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el
poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos
sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y
cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le
reconocen derechos ni capacidad de decidir. Los derechos se conquistan mediante
la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo. El
feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir
manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel
dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la
voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus
derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de
una mujer por el hecho de ser mujer. Y pudo haber sido precedido por ciertas
características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de
carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado
por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de
indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler
el hecho. Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen
de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores
para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no
son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las
autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como
feminicidios. Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes
federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia,
pues aunque en teoría todas y todos somos "iguales"
ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo prevalece
dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores
públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el
principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos
no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las
organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado
mexicano.
En lo que se refiere a los
feminicidios, la violencia institucional y la impunidad también están
presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y
aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de
familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia
que merecen. Según el informe “Feminicidio
en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años
fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000
mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012.
Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México
seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos
seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron
encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus
parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta
violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de
ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable.
Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para
proteger la vida y la libertad de las mujeres. Pues la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las
autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de
que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo,
Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las
Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de
Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad
de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos
humanos. La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la
investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y
mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y
legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta,
representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos
18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado, el
comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el
mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han
rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo
León, Hidalgo y Estado de México.
En Morelos, más de 2 mil firmas
avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso
de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado. Sin embargo y
contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las
organizaciones que la hemos solicitado, nos apeguemos estrictamente
a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo
de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen
desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia
Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales
de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está
revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.
Así vemos como ningún nivel de
gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni
tampoco toma acciones para prevenir y garantizar la integridad de las
mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a
presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar
trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las
mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe
permitirse.
Es innegable la existencia de una
violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y
su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este
panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes
del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la
libertad de las mujeres.
(*)
Integrantes de la @cidhmorelos
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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