por Equipo Indignación
Jueves, 15 de agosto de 2013
Carta abierta:
Hace cuatro años nos
encontramos en la tierra de ustedes, mirándolos mirar lo que quedaba de sus
casas. Humeaba todavía entre los escombros de madera y láminas.
Llegamos a San Antonio Ebulá cuando jóvenes con camisetas anaranjadas se
subían a unas camionetas tipo pick up y huían. Los vimos irse, riendo. Detrás
iba también maquinaria de construcción usada para destruir.
Alrededor todo era destrucción y caos. Árboles tirados, láminas en el
suelo, humo… y el azoro de ustedes. Y la rabia asomando. Y la confusión y las
narraciones atropelladas y el estado de choque en el que se encontraban
algunos, algunas. La escena nos remitía, irremediablemente, a Guatemala y la
política de tierra arrasada en los tiempos de la guerra. Nos resultaba
increíble ver esto en Campeche, en 2009. Unas semanas antes habíamos visitado
el poblado.
Este era el tercer ataque contra San Antonio Ebulá y la destrucción era
total. Todas, todos sabían quién era el agresor: Eduardo Escalante Escalante,
suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Eso significa que contaba con toda la
protección federal. Y contó con la complicidad estatal también. “El dueño de Campeche”, llegó a decir
alguien.
El “Potoco”, Gilberto Farfán
Talango, lo confesó en la averiguación previa en el Ministerio Público, cuando
ustedes lograron que se reabriera la investigación, pues la habían cerrado “por no encontrar delito qué perseguir”.
El “Potoco” confesó que Eduardo
Escalante lo contrató para limpiar un terreno. Confesó que no, no le mostró
orden de desalojo, pero sí una resolución de un juicio civil. Le ordenó
destruir las “casuchas” que se
encontraban en San Antonio Ebulá.
¿Por qué puede Eduardo Escalante ordenar un desalojo? ¿y por qué puede ser
obedecido? ¿y por qué pudo ordenar un desalojo y ser obedecido… impunemente?
El 13 de agosto de 2009 la policía estatal de Campeche estuvo presente. Fue
testigo de la destrucción de casas y pertenencias ¡y no intervino!
La Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que no era un asunto
de derechos Humanos porque era entre particulares.
Ustedes estuvieron desplazados en condiciones críticas sin ningún tipo de
asistencia pero la Comisión de Derechos Humanos de Campeche no encontró ninguna
violación a los derechos humanos. La CNDH, con absoluta negligencia, avaló la
resolución.
El Ministerio Público cerró nuevamente el expediente y el procurador,
Renato Sales, avaló dicha determinación a pesar que desde que tomó posesión del
cargo tuvo el informe que elaboró la Misión Civil de Observación sobre el caso
de San Antonio Ebulá y a pesar de que nos entrevistamos con él y le detallamos
las violaciones a derechos humanos, los delitos, los agravios mantenidos en la
impunidad por el gobierno anterior. Ofreció atender con toda responsabilidad el
asunto. Admitió que Eduardo Escalante era una persona muy poderosa en Campeche
pero ofreció atender con toda responsabilidad el caso.
Ustedes presentaron más de 26 pruebas, decenas de declaraciones… y aun así
Renato Sales determinó cerrar el expediente sin consignarlo ante un juez. Nunca
citó a declarar a Eduardo Escalante… pero él cerró el expediente.
Hoy, cuatro años después, un hijo de Eduardo Escalante tiene un puesto
estratégico en el gobierno estatal y la hija de Eduardo Escalante, Presidenta
Municipal de Campeche, trata con desdén la exigencia de ustedes para que Ebulá
sea reconocido como pueblo y hace cuatro años formó parte de la legislatura que
eliminó del Código Penal de Campeche el delito de “ataque a un poblado”.
Las tierras que obtuvieron, una pequeña parte de las que habitaban, no
cuentan con todos los servicios que requiere una comunidad, a pesar de que el
gobierno se comprometió a dotarlos de todos ellos en un convenio apresurado que
pretendía más eliminar la protesta que resolver y reparar los daños.
Son cuatro años ya. La procuraduría de justicia cerró el expediente y con
eso Renato Sales hizo todavía más deplorable la actuación del gobierno de
Campeche y se incluyó entre los actores que les han agraviado.
El juicio agrario no ha concluido después de veinte años.
Ustedes, precisamente ustedes, las y los habitantes de San Antonio Ebulá,
pueden mostrar cuán difícil resulta para una persona en México acceder a la justicia
cuando es violentada por un poderoso.
Ustedes pueden mostrar, tienen todas las pruebas, que el gobierno cesa su
actuar, su autoridad e incumple su obligación, temeroso del poder económico y
político de una persona.
Ustedes pueden mostrar y dar a conocer a otros pueblos todos los mecanismos
que echa a andar el poder para desalentar a la gente, para sembrar discordia.
Ustedes pueden mostrar que un litigio por la tierra puede enredarse durante
veinte años y perderse en los torcidos caminos de procuradurías, tribunales,
secretarías.
Muéstrenle al mundo cómo es en Campeche la justicia. Cuenten, no sólo lo
que ocurrió el 13 de agosto de 2009, sino lo que ha ocurrido estos cuatro años.
Los engaños, las ficciones, nuevos agravios cometidos por la Comisión de
Derechos Humanos de Campeche, por el gobernador, por el procurador Renato
Sales.
Todas las instituciones del estado han fallado y se han aliado para
proteger al agresor. Hagan ustedes que esto no sea posible nunca más.
No, no son ustedes los que fallaron, ni su causa la que falló: el estado
mexicano exhibe en Ebulá su derrota al mostrarse incapaz de hacer justicia y
reparar los daños, al mostrarse tan débil frente al dinero, tan temeroso frente
a un empresario.
Ustedes empezaron un pueblo nuevo en la tierra recuperada. Así hay que
hacer de nuevo la justicia.
El camino sigue.
La rabia en la mirada también marca una ruta.
Continuamos.
Equipo Indignación A.C.
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13 de agosto de 2013
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