por Comité Intersindical
Viernes, 09 de agosto de 2013
En 1884
el gobierno de Manuel González, subordinado a Porfirio Díaz, elaboró una ley
minera donde se estableció que los depósitos de carbón y petróleo dejarían de
ser propiedad de la nación en beneficio de los dueños del suelo. En 1901 la
primera ley petrolera reconoció el derecho del superficiario a explotar el
petróleo encontrado en sus terrenos; para 1909 se precisó dicha ley y se
estableció que los criaderos o depósitos de combustibles minerales, en todas
sus formas, eran propiedad exclusiva del dueño del suelo.
Los argumentos que en
aquella época justificaron otorgar ese privilegio a los particulares giraban en
torno a la idea de que el país necesitaba el petróleo y la única forma de
extraerlo era a través de la inversión de aquellos que tenían la tecnología, el
capital y la experiencia. En ese esquema, las compañías sólo tenían que pagar
el 0.2 por ciento del valor de la producción.
Hoy como ayer, son estos
mismos argumentos los que esgrimen los partidos políticos de la burguesía para
llevar a cabo una reforma energética. Sin embargo, dicha reforma no busca más
que a legalizar lo que desde hace más de 30 años está sucediendo en Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y también en Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó la ley del servicio público
energético que permitió, por medio de los llamados “contratos de servicios múltiples”, a las empresas particulares
realizar la distribución, transportación e incluso la exploración, para la
extracción de petróleo, en el caso de PEMEX, y para la producción de energía,
en el caso de CFE. Por cierto, actualmente en esta última hay 700 permisos
otorgados a empresas particulares por la Comisión Reguladora de Energía, y tan
sólo una empresa llamada Hiberdrola genera entre el 14 y 16 % de la
electricidad, la cual es comprada por CFE.
Estos contratos violan
la Constitución Mexicana. Sin embargo, a través de la aplicación de leyes
secundarias se esconde este hecho y, como hace más de 100 años, para justificar
su privatización nos dicen que PEMEX no tiene recursos para invertir en
tecnología.
Lo que el gobierno no
nos dice es que 70 centavos de cada peso que obtiene PEMEX van a parar a
Hacienda vía impuestos; tampoco nos dice qué se hace con el excedente que
genera el aumento del precio del barril cuando sube en el mercado, y mucho
menos nos informa sobre el papel que ha jugado el sindicato charro, encabezado
por Romero Deschamps, para descapitalizar a la empresa (en el 2000, durante la
campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, se comprobó el
desvió de 1,500 millones de pesos).
Tampoco se habla nada
sobre lo que sucederá cuando se privatice PEMEX: de dónde van a sacar el 40 por
ciento de los ingresos del Gobierno Federal que genera, con qué dinero se van a
construir hospitales, escuelas y la infraestructura que necesitamos.
Seguramente pretende cobrarnos más impuestos y que nosotros paguemos más por
todo eso. Por eso la reforma energética viene aparejada con la reforma fiscal.
Lo que realmente
deberíamos exigir los mexicanos es un debate abierto e informado. La reforma
energética no debe estar supeditada al “Pacto
por México”; los recursos energéticos no deben estar en manos de los
extranjeros. Deben explicarnos quién en su sano juicio vende una empresa
productiva y rentable, y deben manifestar claramente las consecuencias que las
reformas van a tener para el pueblo trabajador pues, por un lado, pareciera que
nos hemos acostumbrado al aumento mensual de la gasolina y, por otro lado,
pretenden hacernos creer que se construye una nueva refinaría para bajar el
precio de la misma, pero después va a resultar que no es posible sostenerla y
que hay que venderla. Claro, barata, como ha pasado con otras industrias.
Exigimos que nos
expliquen, también, qué es lo que pasa al interior de la paraestatal con la
división de PEMEX en cuatro empresas y cómo aumenta esa supuesta división
administrativa el costo de los derivados del petróleo.
Queremos saber, cómo
logró el gobierno de México que PEMEX pasara de ser el cuarto productor de
petróleo a nivel mundial en el 2012, produciendo 2.5 millones de barriles
diarios, a ser una empresa “ineficiente”.
La clase trabajadora no
aceptará más mentiras que justifiquen reformas que sólo fortalecen a los
monopolios y a los más ricos de este país.
¡Basta ya de reformas que vulneran
nuestros derechos y que nos condenan a una vida de trabajo indigno, explotación
y miseria!
Los trabajadores debemos
fortalecer nuestra unidad y organizarnos, ya que únicamente la organización y
la lucha podrán parar estas reformas. Sólo la clase trabajadora unida puede trazar
un camino diferente para México, uno en que los recursos estratégicos del país
no sean negocio de unos cuantos, sino propiedad social al servicio de todos.
Comité
Inter-Sindical
(Trabajadores del SME, STRM, SITUAM,
STUNAM, IEMS y del Sindicato “Solidaridad”
del Sistema de Agua Potable de Yautepec)
Comentarios