por Tlachinollan
Lunes, 05 de agosto de 2013
Las cifras de las muertes violentas siguen colocando a Guerrero en el
primer lugar; por cada 100 mil habitantes se registraron 77 homicidios dolosos
durante el 2012, y en ese mismo año se consumaron 2,684 asesinatos, que nos
ubican en el deshonroso tercer lugar nacional, según datos del INEGI. Por su
parte el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social
(Coneval) registró que 4 de cada 10 habitantes del estado sufre de pobreza
alimentaria, es decir, que más de 1 millón 300 mil guerrerenses han sido
votados al olvido por los gobiernos priistas, panistas y perredistas, para
amasar fortunas personales a costa del hambre del pueblo trabajador.
Son los gobernantes de
Guerrero los artífices de esta infamia. El hambre y la muerte de miles de
guerrerense no son fruto de la casualidad, ni de malos presagios o por una
predestinación divina, sino de los malos gobiernos que han hecho del ejercicio
del poder un negocio impúdico amafiado con los oligarcas del país y la
delincuencia internacional de cuello blanco. Son ellos los que se han encargado
de explotar los recursos estratégicos. Son los principales saqueadores del
patrimonio del pueblo, quienes con argucias jurídicas se obstinan en privatizar
los bienes naturales de la colectividad, de imponer el modelo extractivista y
depredador de las multinacionales y de someter a la población rural a los
dictados del sistema alimentario industrial controlado por corporativos
empresariales, que se han empeñado en destruir toda la sabiduría milenaria
forjada por la civilización mesoamericana, que tiene como piedra angular el
policultivo del maíz, el frijol y la calabaza.
Desde la firma del tratado del
libre comercio por parte de México con Estados Unidos y Canadá, en noviembre de
1993, los presidentes de la república, desde Carlos Salinas de Gortari hasta
Enrique Peña Nieto, se han plegado a las directrices impuestas por la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta dictadura neoliberal ha
desmantelado nuestra economía y ha destruido nuestro sistema nacional
alimentario. Actualmente Estados Unidos es uno de los principales exportadores
mundiales de maíz, soya y trigo. Lo paradójico es que el 40% de la producción
del maíz lo destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de seres humanos.
Además son 4 las multinacionales, como Monsanto, Wal Mart, Cargill y Nestlé las
que controlan el 80% de la distribución global de los cereales y las que lucran
con el hambre de los pueblos del mundo. Tienen bajo su dominio el sistema
alimentario industrial como las semillas, los agrotóxicos, toda la cadena de
distribución, almacenamiento y supermercados que les permite obtener ganancias
estratosféricas por encima de cualquier crisis alimentaria. El mismo sistema
capitalista los blinda ante cualquier marejada de los capitales volátiles. Los
que en todo caso pierden con estas burbujas financieras son los pequeños
productores y los consumidores, quienes son esquilmados con los salarios de
hambre y los altos precios de la canasta básica.
Actualmente México le compra
más de 1 millón y medio de toneladas de maíz transgénico a Estados Unidos, en
lugar de que incentive la producción de básicos a nivel nacional y de que le dé
prioridad a los agricultores del país. La realidad es que los gobiernos
neoliberales con el TLC entregaron el mercado interno a las multinacionales,
por eso se procedió al desmantelamiento de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (Conasupo) que ayudaba a equilibrar el comercio interno
del maíz y a garantizar la distribución de básicos en los lugares más
apartados, como la Montaña.
A pesar de que nuestro país
regularmente produce 22 millones de toneladas de maíz al año, los tecnócratas
se han supeditado a los requerimientos comerciales de las trasnacionales, que
exigen que se importe maíz transgénico, para asegurar el monopolio
agrocomercial. Muchos sabemos que la producción nacional de básicos es
suficiente para satisfacer el consumo humano ya que no rebasa los 11 millones
de toneladas, sin embargo, los gobernantes (que parecen ser más representantes
de Monsanto o Wall Mart), han decidido ponerle la charola de plata para que
hagan del derecho humano a la alimentación un negocio sumamente redituable. La
importación de maíz a México no es necesaria, simplemente es un negocio de las
multinacionales condonado y subsidiado por el gobierno. Si las políticas
públicas en verdad estuvieran orientadas a proteger la producción agrícola y
pecuaria de pequeña escala, con semillas propias, a nivel nacional tendríamos
una producción alimentaria suficiente, accesible, de mejor calidad y sobre todo
saludable.
En Guerrero, los gobiernos pre
revolucionarios y pos revolucionarios fueron cortados con la misma tijera,
hasta la fecha siguen siendo voraces y pendencieros, traicioneros y apátridas.
Desde hace décadas se transformaron en los emisarios de las multinacionales que
se han especializado en saquear nuestras riquezas naturales. Su malinchismo los
ha obligado a ser violentos. Usan la fuerza para someter, reprimir y asesinar a
quienes se oponen al atraco y a la explotación de los patrones. Los gobiernos
caciquiles acostumbrados a gobernar con la pistola en el cincho y a tener bajo
su mando a gavilleros que a punta de balazos sometían a las poblaciones
rurales, lograron imponer sus formas rudimentarias para ejercer el poder.
Las matanzas y masacres son
expresiones de los gobiernos bárbaros que nadie se ha osado en llamarlos a
cuentas ni a castigarlos, por el contrario, forman parte de las castas
intocables y poderosas que siguen existiendo en este México porfiriano. Cuentan
con muchos privilegios y fueros, tienen cuotas de poder y su influencia
política puede inclinar la balanza para que ganen o pierdan ciertos candidatos
que no garantizan la protección de sus intereses. Esta clase política
arrabalera es la que sigue sojuzgando al pueblo de Guerrero, que a pesar de que
en varias coyunturas políticas, la población se ha rebelado para derrocar a sus
gobernantes, sigue intocada la estructura caciquil que impera en el estado.
El rezago histórico en que
sigue sumido el estado es por la voracidad de sus gobernantes que se siguen
enriqueciendo a costa del hambre y la muerte de la gente del campo y de quienes
sobreviven en las periferias urbanas. El uso patrimonialista de los recursos
financieros, la red de empresas que fungen como prestanombres de los jefes
políticos y la cuota obligada que imponen a sus súbditos para tener derecho a
pellizcar del presupuesto que manejan son los usos y costumbres que promueven y
practican todos los políticos de cualquier pelaje. Es un sistema dinamizado por
la corrupción. Para poder escalar políticamente se tiene que contar con
padrinos de colmillo retorcido que le enseñarán todas las artimañas del poder.
Están perdidos quienes sueñan con servir a la sociedad, con representar los
intereses de las y los trabajadores o de luchar y defender los derechos de las
víctimas de violaciones de derechos humanos.
Está prohibido desenmascarar a
los políticos corruptos. Una de las reglas de oro no escritas es que nunca se
debe evidenciar ni denunciar a las autoridades que cometan atrocidades o que
violenten los derechos humanos, en estos casos las instituciones y sus mismos
jefes deben protegerlos para demostrar su poder impune y la fortaleza del
régimen. Lo que más importa es poner a salvo un sistema económico que garantice
el enriquecimiento de las cúpulas partidistas y de la clase empresarial que
trabaja en sincronía con las multinacionales, cuyo máximo objetivo es obtener
ganancias estratosféricas amparados en las prerrogativas que ofrece el libre
mercado y los gobiernos neoliberales. La misión de estos gobernantes es aplicar
políticas de contención social con modelos asistencialistas, para paliar el
malestar y desmovilizar a los sectores más depauperados. Los programas de
combate a la pobreza están diseñados para hacer más dependiente de los
subsidios precarios a una población que cuenta con un potencial social capaz de
revertir esta espiral violenta del hambre y de transformar estas estructuras de
opresión. Sin embargo, los millones de pesos que se destinan a la caridad
social es el mejor sedante para que impere la rebatinga y la división entre las
comunidades y las mismas organizaciones sociales. El gobierno promueve nuevas
formas de corporativismo político y nuevos modelos de gestión interinstitucional
para apaciguar a los sectores más críticos y para ofrecerles dádivas a cambio
de su sumisión y su silencio. Para el gobierno neoliberal y caciquil se trata
de administrar la pobreza, de contenerla, con el fin perverso de no cuestionar
el sistema, ni de poner en jaque los acuerdos comerciales, mucho menos de
cerrarle las fronteras a las multinacionales. Para ellos el sistema económico
funciona, porque su mejor indicador es que siguen disfrutando de grandes
privilegios y de sueldos millonarios, y mientras esto se pueda sostener, la
pobreza alimentaria la tendrán que resolver los programas asistencialistas de
corte neoliberal, como la nueva cruzada contra el hambre que sigue tratando a
los pobres como seres que no tienen dignidad, historia, cultura, sabiduría y
fuerza para transformar el oprobio en una causa para luchar por su liberación.
Esta nueva cruzada nos rememora la lucha de los conquistadores españoles
empeñados en imponer su sistema de dominación a través de dádivas, de espejitos
y buscando nuevas malinches, para que al interior de las mismas comunidades, se
encarguen de traicionar a su propia gente y de venderla como esclava al
extranjero.
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