Publicado el
18-08-2013
Al Congreso Nacional
Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los Pueblos del Mundo
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los Pueblos del Mundo
La comunidad indígena de Santa María de Ostula, perteneciente al
municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, México, está integrada por 49
encargaturas en un territorio de 19 mil hectáreas, reconocidas en la resolución
presidencial del 27 de abril de 1964.
Ante el violento despojo a manos de ricos
ganaderos mestizos de La Placita, Michoacán, propiciado por supuestos errores
técnicos en nuestro Plano Definitivo con el apoyo de los malos gobiernos,
decidimos organizarnos y luchar. En nuestra exigencia por que se respete el
territorio ancestral de nuestra comunidad, hemos sufrido de la represión que
inició el día 26 de julio de 2008 cuando fue violentamente asesinado el
comunero Diego Ramírez Domínguez, quien estaba a cargo de la Comisión por la
Defensa de los Bienes Comunales.
Ante tanta injusticia el 29 de junio de 2009 los
indígenas de la comunidad de Ostula recuperamos una superficie de 1,300
hectáreas que mantenían en posesión 6 acaudalados terratenientes. Para ello
debimos reorganizar nuestra policía comunitaria y conformamos nuestra Guardia
Comunal, con el objetivo de proteger a nuestros comuneros y territorio de los
ataques con armas de alto poder por parte de grupos paramilitares supuestamente
ligados a bandas del crimen organizado, que tuvieron lugar el mismo día de la
recuperación de las tierras.
Después de ese día, comenzamos con un supuesto
proceso de negociación a través de la Secretaría de Reforma Agraria, que de
inmediato se hizo acompañar de una represión sin precedentes en nuestra contra,
iniciando con la desaparición de los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier
Martínez Robles, activistas en defensa de nuestras tierras.
El día 20 de abril de 2010, fue secuestrado y
desaparecido nuestro comisariado de Bienes Comunales Francisco de Asís Manuel,
quien encabezara la lucha por la recuperación del territorio.
Mientras el gobierno federal decía que negociaba
y escuchaba nuestro problema, alrededor de mil elementos de la marina, ejército
mexicano, policía federal y agentes estadounidenses catearon casas de nuestra
comunidad, detuvieron a varios comuneros y decomisaron armas de la policía
comunitaria y guardia comunal. Lo que no sabíamos es que unos días después el 7
de mayo del mismo año entraría un grupo armado de alrededor de 150
paramilitares para intimidar, amenazar y alterar la paz pública en la cabecera
comunal.
Mientras el gobierno decía que nos respetaba, la
marina realizaba encuestas en las comunidades para saber cuántos hombres,
mujeres, niños, vehículos y tiendas de abarrotes tenemos. Para nuestra
comunidad hubo una abierta estrategia contrainsurgente que fue operada no solo
por los malos gobiernos, sino por grupos paramilitares presuntamente ligados a
la delincuencia organizada.
El día 21 de septiembre de 2010 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas Cautelares para nuestra
comunidad, que después se ampliaron para pedir que se dé solución al conflicto
agrario, que sigue siendo la principal demanda de nuestro pueblo, a lo que el
gobierno federal decía que tomaría cartas en el asunto, indemnizando a los
supuestos pequeños propietarios y tratar así de propiciar las condiciones de
paz.
Decía el mal gobierno que negociaba y que
decidiéramos si aceptar o no la propuesta de entregar una parte del territorio
recuperado a cambio de dinero, por lo que de acuerdo a nuestra formas iniciamos
una consulta interna en cada una de nuestras encargaturas. A lo que el gobierno
federal decía que en tanto no se concluyera no podría proponer una solución al
conflicto agrario mediante la Secretaría de la Reforma Agraria. No logramos
concluir la consulta porque mientras la realizamos costó la vida a mas de 10
líderes de nuestra comunidad. Cuando nos faltaba solo una reunión para concluir
la consulta, asistió una caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad como observadores, sin embargo la consulta no se pudo concretar pues
la policía federal que venía escoltando la caravana, abandonó al grupo y
enseguida un grupo armado los emboscó, secuestrando y asesinando a Don Trino,
líder moral de nuestra lucha. Todo esto a pesar de las Medidas Cautelares que
mantenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así, el gobierno federal, estatal y municipal
han facilitado que en la costa de Michoacán gobiernen abiertamente las bandas
de la delincuencia organizada, que buscan adueñarse de nuestros recursos
naturales como los minerales y maderas preciosas que han estado extrayendo de
manera clandestina, imponiendo los proyectos capitalistas de una manera salvaje
y sangrienta.
A la fecha hay un gran dolor en nuestra gente,
mas de 30 asesinados, 4 desaparecidos y más de 100 familias desplazadas que
para proteger su vida han debido dejar la tierra que amamos y seguimos
resistiendo con dignidad manteniendo la vida comunitaria y la posesión de las
tierras recuperadas, pues si después de mas de 5 siglos resistiendo no nos han
exterminado, no lo harán ahora.
Muchas gracias por escuchar nuestro mensaje,
dejamos un saludo respetuoso al Congreso Nacional Indígena, a la Comandancia
General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, a los medios de
comunicación honestos y a la sociedad civil que acompaña esta Cátedra Juan
Chávez Alonso.
Muchas Gracias
Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula,
municipio de Aquila, Michoacán
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