Fuente: La Jornada, 24-07-2013
Un intenso debate sacude el mundo de la
cultura en México. La remoción de Sergio Raúl Arroyo como director del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el nombramiento de María
Teresa Franco al frente del organismo ha provocado polémicas y denuncias. Lo
que está en juego no es un asunto de filias y fobias hacia funcionarios
públicos, sino de la defensa del patrimonio histórico.
Reconocidas
voces del medio aseguran que la destitución de Arroyo fue resultado de la
resistencia del funcionario a autorizar tres proyectos que afectan bienes
culturales: la construcción del Cuarto Museo del Cacao en Chichén Itzá, las
obras del teleférico en la zona de monumentos de Puebla y la explotación minera
canadiense en la zona arqueológica de Malinalco.
Asimismo,
afirman que la designación de María Teresa Franco fue producto de su
proclividad a autorizar proyectos privados que dañan monumentos arqueológicos.
No les falta razón. Directora general del INAH entre junio de 1992 y diciembre
de 2000, con frecuencia se abstuvo de aplicar la Ley Federal de Monumentos y
Zonas. Sin el menor pudor, avaló –en medio de fuertes protestas– la
construcción de tres plazas comerciales sobre terrenos que forman parte del
Perímetro A de Teotihuacán.
No es
cuestión banal. El pasado está de moda y es buen negocio. Se le venera igual
que se reverencia el dinero. El turismo es el principal consumidor de lugares
históricos, constantemente recreados para satisfacer sus demandas. La industria
turística se ha convertido en el principal constructor de una visión de
patrimonio histórico, de una disneylandización
de la historia similar a la que se buscó difundir con el espectáculo de luz y
sonido en Teotihuacán. Para ella, el INAH y su legislación son un obstáculo.
Necesitan tener al frente a alguien que les sea afín.
El INAH
tiene como mandato de ley investigar, conservar y difundir
el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Parte de esta legislación es el decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1977, mediante el cual se establece que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.
El
decreto fue promovido por el entonces director del INAH, Gastón García Cantú,
para dotar a la institución de una cobertura jurídica que protegiera a los
monumentos arqueológicos e históricos. En aquellos años era usual que políticos
y empresarios usaran los edificios históricos, sin importar el daño que
provocaran, para campañas políticas, bodas, celebración de quince años, eventos
altruistasy conciertos de gala.
García
Cantú contó en distintas ocasiones cómo los escandalosos reventones de la primera
dama, Carmen Romano, en el Museo Nacional de Historia, lo llevaron
entrevistarse con el mandatario para solicitarle que los impidiera. El
historiador, junto a Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario de Educación
Pública, explicó al jefe del Ejecutivo por qué era inadecuado dar el permiso
para efectuar una recepción más que organizaba su esposa. El Presidente le
respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no se
podía cancelar el acto. García Cantú insistió en que el castillo estaba en
peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo
que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales.
López Portillo aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada.
El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral
del instituto.
El INAH
y la legislación federal que ordena su funcionamiento son un problema para el
capital inmobiliario, la industria turística y los políticos que les sirven.
También para los grandes centros comerciales y las compañías mineras que se
topan con vestigios arqueológicos e históricos en sus operaciones. Asimismo,
son un inconveniente para familias distinguidas y funcionarios públicos que
desean utilizar los monumentos históricos para dar realce a sus actos sociales.
Para
los señores del dinero es inadmisible que los bienes históricos y culturales no
puedan convertirse en mercancías con las que obtener beneficios. Exigen,
reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización,
esto es, su paso a manos privadas. Para ellos, mantener públicos esos bienes
impide que se generen ganancias e implica un gasto desmesurado. Quieren hacer
negocio, ya. De paso, desean, apropiarse del capital simbólico que esas obras proporcionan,
para darse lustre con ellas.
En su
empeño han contado, frecuentemente, con el apoyo de una parte de las
autoridades del Instituto, de Conaculta y de la Secretaría de Educación Pública
y, por supuesto, con una abultada nómina de legisladores. Una y otra vez han
procurado que se legisle a modo de sus intereses. Por lo pronto, no han tenido
éxito, aunque lo van a seguir intentando.
Una
parte muy importante de la comunidad, integrada por muchos de sus trabajadores,
investigadores, profesores, profesionistas y mandos del INAH están firmemente
comprometidos con la misión del instituto, lo que es un verdadero dolor de
cabeza para los directivos que no lo están y para los intereses empresariales y
políticos. Ellos se han apropiado de su materia de trabajo y se asumen como el
INAH.
El
compromiso de esta comunidad se ha hecho evidente una y otra vez, al denunciar
los proyectos que ponen en manos privadas el patrimonio histórico, que dañan
para favorecer intereses empresariales o que pervierten su sentido social. Son
los trabajadores técnicos, manuales, administrativos e intelectuales de la
institución quienes ha frenado la desamortización de los bienes culturales.
Serán ellos los que, nuevamente, impedirán el avance de la agenda privatizadora
si la nueva directora se empecina en impulsarla.
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