martes, 28 de mayo de 2013

Veracruz: Aumenta la criminalización de activistas. Aparato judicial como instrumento de control político y venganza

Escrito por  Zapateando
Lunes, 27 Mayo 2013
 
Veracruz, México. Un delito que el gobierno estatal se empeñó en no tipificar ahora es utilizado para criminalizar a los jóvenes activistas del estado de Veracruz: el feminicidio. Abraham Caballero, del Frente contra la Imposición, lleva casi un mes detenido por este crimen.
En los meses recientes, en Xalapa, a los poderes estatales les incomoda una generación de jóvenes estudiantes, principalmente de la Universidad Veracruzana, quienes militan de manera incansable en las mejores causas nacionales y locales: han sido Indignados, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, movimiento estudiantil por sus derechos, #YoSoy132, Frente contra la Imposición, Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica. Es mucho más de lo que el poder estatal puede tolerar.
Desde el inicio los ha acosado con detenciones arbitrarias, amenazas veladas y no tanto, allanamiento de sus casas, rumores y falsedades para  tratar de desprestigiarlos, pero el movimiento estudiantil, en lugar de ceder y hacer mutis, persevera y se procura formas de organización y participación autónoma y autogestiva, como el Comedor en Humanidades, el bar Tonalli y la Casa Magnolia.
Ahora el golpe contra este movimiento -un viento de libertad a contrapelo de regreso del dinosaurio con compra de votos pronasoleros- es descomunal: detuvieron a uno de sus integrantes, Abraham Caballero, no para liberarlo horas después como hicieron anteriormente con otros activistas, sino para acusarlo de un delito odioso para tratar de cambiar su imagen de defensor de derechos, luchador social, joven libertario, por una imagen facturada por quienes tienen el monopolio de la fabricación de culpabilidades e inocencias, la imagen de “delincuentes” y “defensores de delincuentes”. Así como antes decidieron no arredrarse ante el acoso represivo, esta vez los jóvenes decidieron éticamente no abandonar a su compañero en la lucha por derechos humanos, democracia y justicia, sino arriesgar su imagen y su prestigio defendiendo al acusado.
La detención de Abraham Caballero Martínez ocurrió la noche del 6 de mayo, al salir de su trabajo voluntario en la Centro Cultural estudiantil Casa Magnolia. Sus compañeros del Frente contra la Imposición declararon que “fue extraído violentamente” del centro cultural.
Casualmente, por otro lado, manipulando otra de las herramientas del poder, mediante sucios rumores acusan a los jóvenes activistas de que se vendieron a algún partido para poder tener el bar Tonalli, cosa contradictoria, porque si los hubieran comprado, no tendrían necesidad de detenerles a un integrante y tratar de hacerlo pasar por un criminal monstruoso: un “feminicida”.
Al joven activista lo acusan del delito que el gobierno del estado se negaba a tipificar, y que una vez hecho, se niegan a aplicar y hasta a llamarlo por su nombre. Ahora lo usan para incriminar a un opositor político, un militante activo del Frente contra la Imposición.
No es un caso en el que se combate la impunidad hallando a un culpable, sino uno caso donde se consolida la impunidad con el castigo a un movimiento social usando perversamente una demanda que ha sido bandera del movimiento (muchas de las estudiantes de este movimiento han estado en las marchas por los derechos de las mujeres) para volverla contra el movimiento ciudadano mismo.
Los poderosos progresaron desde los tiempos en que ponían cualquier delito, hasta estos nuevos y jurídicamente muy técnicos tiempos en que la consigna es “vuelve sus reclamos contra ellos, ponles los delitos que su movimiento nos obligó a tipificar”.
El siguiente luchador social detenido en Xalapa, ¿de qué será acusado: de comprar de votos, de desviar los recursos de la Cruzada contra el Hambre, de fraude electoral, de uso faccioso de la ley? Nada más eso falta, al fin que el ciudadano es culpable, porque el poder así lo ha dictado.
La acusación de “feminicidio” contra un detenido por motivos políticos no sólo agravia a los defensores de derechos humanos, sino a la víctima y a las mujeres que de buena fe pidieron la tipificación del delito pensando en el castigo a los verdaderos culpables y no en un instrumento de castigo político al servicio del poder en Veracruz.
En México, el sistema de justicia es altamente predecible: si dos particulares tienen un litigio y tenemos los datos del ingreso mensual de ambos, si la diferencia es muy grande, ya sabemos de qué lado se inclinará la balanza de la “justicia”. El segundo nombre de este país, después del oficial, puede ser “impunidad”: más de nueve de cada diez delitos que se cometen no son castigados.
Hay dos industrias nacionales (quizá no sólo nacionales) en las que descuella el aparato de justicia en el país: la fabricación de culpables y la fabricación de inocentes. El aparato de justicia penal no depende del poder judicial, sino del ejecutivo: su sistema de “investigación” es hijo directo de la Inquisición; normalmente la “prueba reina” es la confesión bajo tortura. Si hay una segunda confesión ante un juez en la que el acusado se desdice y denuncia la tortura, el juez frecuentemente apela a que la primera confesión, hecha sin control judicial, es más espontánea: prácticas de este tipo favorecen la tortura. Peña Nieto dijo, a propósito del operativo de represión en Atenco, que es “de manual” subversivo que las mujeres denuncien violación y los hombres tortura; ahora está en el banquillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese operativo.
Por una discriminación prácticamente de castas, hay sujetos marginados y abajo otros sujetos más marginados aún, por ser pobres, por ser indígenas, por ser jóvenes, por ser mujeres, por ser migrantes, por ser opositores, por ser defensores de derechos humanos, por no ser de la minoría a la que poder político y policiaco cuida y resguarda.
En el estado de Veracruz, este tipo de vicios en el sistema legal son reglas no escritas del sistema; la injusticia es lo cierto, algunos pocos casos donde quizá haya justicia son excepciones, resultados de una afortunada incertidumbre. Pero hay un elemento más grave aún: el uso del aparato de justicia penal como instrumento de control político y de venganza contra quienes disienten, protestan, denuncian, critican e incomodan.

No hay comentarios: