Por Camilo Pérez Bustillo
Fotografía: James
Rodríguez/mimundo.org
La sentencia
emitida este viernes 10 de mayo por la Fiscal General y Jefa del Ministerio
Público guatemalteco Claudia Paz y Paz contra el presidente Efraín Ríos Montt
por genocidio y crímenes de lesa humanidad, superando presiones y amenazas
personales e institucionales que incluyeron el intento de revertir el juicio y
anularlo por parte de sus propias colegas entre la judicatura y del poder
ejecutivo, constituye un hito histórico en América Latina y a escala mundial. El siguiente
paso en Guatemala debería ser juzgar al Presidente actual, el ex general Otto
Pérez Molina, por su participación directa en los hechos que fundamentaron la
sentencia contra Ríos Montt.
El resultado, todavía vulnerable, refleja el
trabajo incansable de miles de víctimas, sobrevivientes y familiares del
genocidio indígena y terror de estado en Guatemala que no han cesado su clamor
por la justicia dentro y fuera del país desde los peores momentos de su guerra
civil en los años ’80, que produjo más de 200,000 muertos y desaparecidos entre
1962 y 1996. En este caso tomó la palabra el pueblo Ixil dentro del marco de un
caso entendido como emblemático de un patrón recurrente de exterminio racial,
étnico, y político generalizado en todo el país.
El caso marca la primer sentencia de su tipo contra
un jefe de Estado latinoamericano, rebasando las impuestas contra Fujimori en
el Perú en 2009 y contra los jefes de las juntas militares- Videla, et. al- en
Argentina en 1985, que después fueron desechadas durante el periodo de Menem y
gradualmente se han ido reimponiendo de nuevo en los últimos años, pues había
elementos contundentes para enjuiciarlos y condenarlos por genocidio, pero no
se logró llegar tan lejos por factores circunstanciales políticos y jurídicos.
Parece también ser la primer sentencia de su tipo en el mundo impuesta contra
un jefe o ex jefe de Estado por los tribunales nacionales del país escenario de
sus crímenes, a diferencia de otros casos como los presentados dentro del marco
de tribunales internacionales ad hoc (ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra
Leona y Liberia, etc.) o de la Corte Penal Internacional (casos como los de
Sudán, Libia, etc.).
La contundencia y precisión de la sentencia y sus
términos- que la transformará en un referente y precedente mundial para casos
semejantes en toda nuestra región y en todo el mundo- nos subraya también el
tamaño del vacío en otros escenarios afines como los de México y Colombia,
donde sigue reinando la impunidad y la mentira como programa de gobierno. Como
señaló una colega en su seguimiento del caso en Facebook, “cuándo veremos a Felipe Calderón” o a Álvaro Uribe de Colombia o a
Ernesto Zedillo (ante pendientes que lesionan nuestra dignidad como las
Masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque…) juzgados y condenados
bajo los mismos términos que lo fue Ríos Montt?
Fue especialmente marcada la afinidad entre todo lo
relatado y comprobado en el juicio guatemalteco sobre el genocidio realizado
contra el pueblo Ixil y lo que muchos hemos escuchado de primera mano al
acercarnos al caso de la Masacre de Acteal y a las voces y los corazones de la
Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y su coro testimonial. Si nos inspira y
motiva lo logrado con este juicio en Guatemala, no podemos descansar hasta
lograr un resultado semejante dentro del contexto mexicano, con el caso de Acteal
como punto de partida y un botón de muestra ineludible. También había ecos de
San Fernando, afines a los de Acteal, en lo subrayado hoy en la sentencia
guatemalteca en cuanto a los procesos de desplazamiento (y migración) forzada y
las fosas comunes como indicadores del terror estatal. Por eso nos convoca
también la Masacre de San Fernando en este contexto, que como el de Acteal ha
sido presentado dentro del marco del proceso mexicano del Tribunal Permanente
de los Pueblos (TPP), como posible caso de genocidio migrante, un nuevo tipo de
genocidio característico de los procesos de globalización capitalista liberal y
su transformación de las y los migrantes en factores mercantilizados
estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables.
Nuestras hermanas y hermanos guatemaltecos-
víctimas notorias de la política de terror estatal mexicana contra las y los
migrantes en tránsito que nos interpela cotidianamente a todas y todos- no sólo
han hecho un aporte incalculable a la lucha en defensa de los derechos a la
verdad, justicia, reparación y no repetición en su país, sino a estas causas en
toda Nuestra América, y en todos los rincones del mundo donde anidan y se
movilizan clamores ante sufrimientos equivalentes. Ahora nos corresponde a
nosotros y nosotras insistir en que nuestros pueblos y sus poderes judiciales
cumplan con el lema y el mandato expresado hoy por la juez Claudia Paz ante los
vítores del público que colmaba la sala al leerse la sentencia:
“Agradecemos los
aplausos, pero nosotros simplemente hemos cumplido con nuestro deber”
Ahora nosotros y nosotras tenemos la palabra.
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