El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco acciona ante la Corte de Constitucionalidad, contra el estado de sitio y ley del orden público
Rebelión, 06-05-2013
El Movimiento sindical, indígena
y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación como la falta de
voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para
cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los
compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción
encaminado a acallar la protesta social a través de la estigmatización,
descrdéito, persecución, criminalización e incluso el encarcelamiento de la
población.
Esta
situación ha derivado en que hoy día, las luchas por la tierra, los derechos
laborales, el acceso a la educación, la protección del medio ambiente, los
recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio
modelo de desarrollo convierta de un día para otro a dirigentes sociales en los
peores delincuentes del país, en supuestos integrantes del crimen organizado y
que la población sea escarmentada a través de su sometimiento a vejámenes, a la
restricción de sus garantías constitucionales y a su sumisión como población
civil al ejército.
El
actual gobierno ha endurecido estas circunstancias mediante el ejercicio del
poder público como herramienta de imposición de la voluntad e intereses de
sectores minoritarios de la población y el uso del ejército en funciones que no
corresponden a este en una sociedad democrática y civilizada, legitimando tal
accionar a través de la imposición de estados excepciones de restricción de las
garantías constitucionales de la población.
Esta
imposición se ha realizado argumentando la aplicación del Decreto Número 7 de
la Asamblea Nacional Constituyente, norma que fue derogada por el artículo 139
de la Constitución Política de la República de Guatemala y 22 de sus
disposiciones transitorias y finales, siendo además que tal norma es
incompatible con la actual Constitución al admitir la restricción de garantías
y la implementación de medidas que exceden las permisiones excepcionales a que
se refiere el artículo 138 de la Constitución.
El
carácter progresivo de las medidas del gobierno para privar a la población de
su derecho a disentir, a resistir, a oponerse, a proponer y a pedir, se ha
manifestado hoy día en el Decreto Gubernativo Número 6-2013 del Presidente de
la República de Guatemala en Consejo de Ministros mediante un estado de sitio a
cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa en los que no
solo se restringen los derechos de la población sino que además se somete el
poder civil al ejército y se otorga a este facultades judiciales y ejecutivas
que violan nuestra Constitución.
Por
tales motivos, el día de hoy 5 de mayo del año 2013, el MSICG, a las 10:39
horas, el MSICG ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad dos acciones
de inconstitucionalidad general total en contra del Decreto Número 7 de la
Asamblea Nacional Constituyente y el Decreto Gubernativo Número 6-2013 del
Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros a la espera de
que el órgano garante de la Constitución y de las garantías que esta reconoce a
la población cumpla con su deber de proteger nuestro Estado de derecho y el
sistema democrático, esperando a la vez que este alto organismo asuma tal
responsabilidad con la celeridad que amerita el posible sometimiento de nuestra
población a vejámenes irreparables provocados por la aplicación de tales
disposiciones.
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