Viernes 24 de mayo de 2013
El gobierno del presidente
Calderón continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de
violaciones de derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias,
tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por
fuerzas policiales y de seguridad. Durante los seis años de Calderón en la
presidencia, que concluyeron en diciembre de 2012, más de 60.000 personas
murieron y 150.000 se convirtieron en desplazadas a causa de la violencia
asociada a las drogas. Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas
fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros, pero a
menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos. El sistema de
justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias, y el 98 por ciento de
los delitos quedaban impunes. La población indígena corría un especial peligro
de ser sometida a procedimientos penales injustos. Los migrantes en tránsito
fueron víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de
personas. Varios periodistas y activistas de derechos humanos fueron
asesinados, atacados o amenazados. Se estableció por ley un mecanismo de
protección para periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
La violencia contra mujeres y niñas era generalizada. Persistió la impunidad
por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de
1960, 1970 y 1980. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallos
innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos,
incluidas restricciones a la jurisdicción militar. El nuevo gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto con otros partidos políticos, que
incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos, y se comprometió a
luchar contra los índices persistentemente altos de pobreza.
Información
general
Enrique Peña Nieto, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue elegido presidente en junio y
tomó posesión del cargo en diciembre. Además, el PRI consiguió gobernadores en
más estados y aumentó su representación en el Congreso de la Unión. La reñida
campaña electoral fue testigo del nacimiento de un movimiento social de
protesta juvenil, #YoSoy132, crítico con el proceso electoral y con el
candidato del PRI.
El
debate político estuvo dominado por la inseguridad y la violencia derivadas de
la respuesta militarizada del presidente Calderón a la delincuencia organizada.
En mayo, un cártel de la droga fue el presunto responsable de abandonar 49
cadáveres desmembrados en Cadereyta, estado de Nuevo León; al concluir el año
aún no se había identificado a las personas muertas. El Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad siguió pidiendo el fin de la violencia, y reclamando la
rendición de cuentas de todos los responsables. El gobierno del presidente
Calderón vetó la Ley General de Víctimas,
una ley que, promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y
aprobada por el Congreso, reforzaba los derechos de las víctimas de violencia,
incluido el derecho a obtener reparación. En diciembre, el nuevo gobierno del
presidente Enrique Peña anunció la retirada del veto a la ley.
En
agosto, a pesar de que las autoridades mexicanas no habían cumplido las
condiciones en materia de derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados
Unidos como parte de la Iniciativa Mérida –un acuerdo de cooperación regional
sobre seguridad–, el Departamento de Estado estadounidense recomendó que el
Congreso liberase el 15 por ciento de los fondos de dicha iniciativa, que
estaba sujeto al cumplimiento de tales condiciones.
A
lo largo del año, los comités temáticos de la ONU sobre tortura, discriminación
racial y discriminación contra la mujer examinaron el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados y formularon
recomendaciones. México adoptó algunas medidas para cumplir las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla,
Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin
embargo, las víctimas seguían exigiendo que se cumpliesen plenamente las
sentencias.
Seguridad
pública
Miembros del ejército,
la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de
violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto
de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en
connivencia con bandas delictivas. El gobierno se negó sistemáticamente a
reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de
las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada, por lo que el
resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso o inexistente.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1.921 denuncias contra
las fuerzas armadas y 802 contra la Policía Federal. A lo largo del año se
formularon 21 recomendaciones al ejército y la armada y 9 a la Policía Federal.
No se disponía de información pública sobre los policías procesados y
condenados por violaciones de derechos humanos. A lo largo del año, sólo ocho
militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.
Detención
arbitraria y tortura y otros malos tratos
Se recurrió de forma
generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para
extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios.
La CNDH informó de que había recibido 1.662 denuncias de tortura y malos tratos
durante el año; no se impusieron condenas por tortura durante 2012.
Los
agentes federales y estatales del ministerio público continuaron recurriendo de
forma habitual a la detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo)
para recluir a sospechosos hasta 80 días mientras se llevaba a cabo la
investigación. El arraigo socavaba seriamente los derechos de las personas
detenidas, al suponer una notable restricción de su acceso a abogados, familia
y atención médica y crear así una situación en la que eran habituales las
denuncias de tortura y malos tratos. En noviembre, el Comité de la ONU contra
la Tortura pidió la eliminación del arraigo. Sin embargo, su uso sólo se
eliminó en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
El
18 de enero, unos agentes de la policía judicial detuvieron a tres hermanos
–Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, este último de 14 años–
en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Según la información recibida, los
golpearon y amenazaron y les aplicaron descargas eléctricas para obligarlos a
confesar que extorsionaban a empresarios locales.
El
1º de diciembre se registraron en Ciudad de México violentas protestas contra
la investidura del nuevo presidente, que se saldaron con 97 detenciones. La
mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad a lo largo de los días
siguientes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó
casos de tortura y malos tratos y de detenciones arbitrarias. El 27 de
diciembre quedaron en libertad bajo fianza las 14 personas que aún estaban
detenidas. No se disponía de información sobre la investigación de los
presuntos abusos cometidos por la policía.
Uso
excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales
La CNDH registró al
menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas
delictivas y las fuerzas de seguridad. No se llevaron a cabo investigaciones
completas sobre la gran mayoría de ellos, lo que impidió que se identificara a
numerosas víctimas, que se aclararan las circunstancias en que se produjeron
los asesinatos y que se procesara a los autores.
El
3 de febrero, el indígena Carmen Puerta Carrillo murió por disparos cuando
pasaba conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame,
municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua. Según testigos
presenciales, los soldados dispararon sin que mediase advertencia ni
provocación. Al parecer, los militares advirtieron a los familiares de que no
denunciasen lo sucedido.
En
marzo, la CNDH publicó un informe condenatorio sobre el homicidio de dos
alumnos de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de
Guerrero, ocurrido durante las protestas de diciembre de 2011, y sobre la
tortura y los malos tratos sufridos por otros estudiantes. El informe implicaba
a funcionarios estatales y federales en los abusos. Tres funcionarios del
estado estaban en prisión, pero muchos otros no comparecieron ante la justicia
durante el año. En mayo, Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos que
trabajaba en el caso, recibió una amenaza de muerte.
Desapariciones
forzadas
En diciembre, un informe
filtrado de la Procuraduría General de la República indicó que durante el
gobierno del presidente Calderón se había tenido noticia de al menos 25.000
secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo
el país. La mayoría de los secuestros eran obra de bandas delictivas, pero en
algunos casos también estaban implicados funcionarios públicos. La CNDH estaba
investigando 2.126 casos de presunta desaparición forzada.
En
la mayoría de las ocasiones seguía sin conocerse la suerte que había corrido la
víctima. Las autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos,
especialmente las desapariciones forzadas, por lo que los familiares tenían que
llevar a cabo sus propias indagaciones –a menudo con gran riesgo de sufrir
represalias por parte de los perpetradores– para determinar lo ocurrido a sus
seres queridos. En algunos estados, los familiares de las víctimas recibían un
trato despreciativo, en el que los funcionarios formulaban acusaciones
infundadas sobre las supuestas relaciones delictivas de las víctimas. En los
estados de Coahuila y Nuevo León, víctimas y organizaciones de derechos humanos
consiguieron que funcionarios locales se comprometiesen a revisar casos y
responder con rapidez a la hora de iniciar la búsqueda e investigar las
denuncias de desapariciones forzadas. El gobierno federal seguía sin cumplir su
compromiso de crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
Según
la CNDH, había al menos 15.921 cadáveres sin identificar y se habían exhumado
más de 1.400 restos de fosas comunes clandestinas. En marzo, el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo público un
informe que ponía de relieve el alarmante índice de desapariciones forzadas e
impunidad en México.
En
noviembre, el estado de Nuevo León aprobó legislación que tipificaba como
delito la desaparición forzada. En casi todos los demás estados y en el ámbito
federal, las desapariciones forzadas no se penalizaban conforme a las normas
internacionales de derechos humanos. El nuevo gobierno se comprometió a
rectificar esta situación.
Según
informes, Moisés Orozco Medina fue detenido en mayo por agentes de la policía
del municipio de Uruapan, estado de Michoacán. Las autoridades negaron tener
conocimiento de su detención, y al finalizar el año no se había aclarado la
suerte que había corrido. Su hermano y su padre habían sido secuestrados por
hombres armados en 2009 y 2008; seguía sin conocerse su paradero, y, al
concluir el año, las autoridades del estado no habían ofrecido información
sobre la investigación de estos casos.
Derechos
de las personas migrantes
Las personas migrantes
en tránsito seguían siendo víctimas de secuestro, asesinato y reclutamiento
forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas migrantes corrían
especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospechaba que las bandas
delictivas contaban con la connivencia de funcionarios públicos que a su vez
sometían a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención arbitraria.
A
pesar de los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los
migrantes, las medidas seguían siendo ineficaces y los gobiernos de los estados
no impedían ni castigaban los delitos cometidos contra estas personas. En
noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de
Migración. En octubre, madres de migrantes centroamericanos desaparecidos
recorrieron México en busca de sus familiares. Al concluir el año aún no se
había creado una base de datos de migrantes desaparecidos, y no había avances
en la identificación de restos que se creía que eran de migrantes. Quienes
defendían los derechos de los migrantes seguían recibiendo amenazas en
represalia por su labor.
En
julio se cerró el albergue para migrantes de Lechería, en el estado de México,
tras las reiteradas amenazas de bandas delictivas contra migrantes y
trabajadores del albergue. Las autoridades del estado no garantizaron una
protección efectiva, y algunos residentes de la zona protestaron por la
presencia del albergue. Los migrantes y los defensores de los derechos humanos
continuaron recibiendo amenazas y viviendo en una situación de inseguridad en
Huehuetoca, en donde se abrieron albergues temporales alternativos
En
octubre, testigos presenciales denunciaron el secuestro de al menos 40migrantes
que viajaban en un tren de mercancías en Medias Aguas, estado de Veracruz. La
investigación oficial que se abrió sobre el caso no determinó la suerte que
habían corrido los migrantes y negó que se hubiese producido el secuestro.
Periodistas
y defensores y defensoras de los derechos humanos
Los periodistas y
defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron sufriendo
agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo. Al menos seis
periodistas fueron asesinados. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos de
periodistas asesinados. También seguían pendientes la gran mayoría de las
investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos
humanos. La sociedad civil promovió una ley para la creación de un mecanismo de
protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, que el
Congreso aprobó en abril. El nuevo gobierno se comprometió a establecer el
mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores
de los derechos humanos.
Cuatro
periodistas murieron en el estado de Veracruz en abril y mayo: Regina Martínez,
corresponsal de la revista de investigación Proceso, y los fotoperiodistas
locales Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. A pesar de las
investigaciones iniciadas en los ámbitos estatal y federal, al concluir el año
los responsables no habían comparecido ante la justicia.
En
febrero, Lucila Bettina Cruz fue detenida arbitrariamente en Santa María
Xadani, estado de cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de
Electricidad. Fue acusada de privación ilegal de la libertad de funcionarios
públicos, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Había participado
en protestas pacíficas organizadas por indígenas locales cuyas tierras se
habían visto afectadas por la construcción de un parque eólico.
Derechos
de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas de
distintas regiones del país continuaron sufriendo un alto grado de exclusión y
discriminación, y su acceso a numerosos servicios básicos era limitado. A
menudo se les negaba su derecho al consentimiento libre, previo e informado
respecto a proyectos de desarrollo y de aprovechamiento de recursos que
afectaban a sus tierras ancestrales. El sistema de justicia penal negaba
sistemáticamente a los indígenas el derecho a un juicio justo y a una reparación
efectiva.
Un
aspecto en el que se registraron avances fue la revisión de casos emblemáticos
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En
octubre, la SCJN anuló la declaración de culpabilidad y ordenó la puesta en
libertad de Hugo Sánchez Ramírez, un joven taxista indígena del estado de
México que había sido encarcelado injustamente por un secuestro cometido en
2007 tras un proceso en el que los agentes del ministerio público y la policía
estatal habían falsificado pruebas contra él.
En
noviembre, la SCJN anuló las declaraciones de culpabilidad de José Ramón
Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz y ordenó su puesta en libertad. Los dos
indígenas, defensores de los derechos humanos y presos de conciencia, habían
sido acusados falsamente de robar un automóvil en 2009 y no fueron sometidos a
un juicio justo. En julio de 2010 los habían declarado culpables de cargos
penales falsos en represalia por ampliar el acceso al agua en su comunidad.
Alberto
Patishtán, indígena condenado por matar a siete policías en el estado de
Chiapas en 2000, continuaba encarcelado en espera del resultado del recurso
presentado ante la SCJN contra su condena. Amnistía Internacional planteó a la
SCJN su preocupación porque, al negarle el derecho a un juicio con las debidas
garantías, la declaración de culpabilidad había sido manifiestamente injusta.
Los
indígenas wixárikas continuaron haciendo campaña para poner fin a las
concesiones mineras en sus lugares ancestrales de peregrinación en Wirikuta,
estado de San Luis Potosí. El gobierno se comprometió a crear un parque de
biodiversidad para proteger parte de las tierras, pero al concluir el año no se
había consultado adecuadamente a los wixárikas sobre el proyecto.
Discriminación
y violencia contra mujeres y niñas
La violencia contra las
mujeres y las niñas, que incluía palizas, violaciones, secuestros y asesinatos,
era generalizada en numerosos estados. La legislación para prevenir y castigar
la violencia no se aplicó de forma efectiva, y la formación que recibían os funcionarios
sobre el modo apropiado de abordar los delitos por motivos de género tampoco se
supervisó adecuadamente para garantizar el cumplimiento de dicha legislación. A
pesar de los compromisos de mejorar la investigación de la violencia de género,
a lo largo del año no se introdujeron nuevos protocolos de investigación
policial, y los perpetradores solían eludir la justicia. Las órdenes de
protección seguían siendo ineficaces en muchos estados, y las víctimas recibían
amenazas continuamente. Según informes, la política gubernamental sobre
seguridad pública y el elevado índice de violencia delictiva hicieron que las
autoridades prestasen menos atención a la violencia de género. Algunos estados
introdujeron el delito de “feminicidio”
(homicidio de mujeres por motivos de género), pero gran parte de la legislación
de los estados seguía siendo contraria a las obligaciones en materia de
derechos humanos contraídas en el ámbito internacional.
En
los tres primeros meses de 2012 se descubrieron al menos 13 cadáveres de niñas
y mujeres jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a las afueras de Ciudad
Juárez. Según la información recibida, 7 cadáveres fueron identificados como
pertenecientes a muchachas de entre 15 y 17 años que habían sido secuestradas
en el centro de Ciudad Juárez.
Fuero
militar
En agosto, la SCJN
revisó una serie de casos para determinar los límites del sistema de justicia
militar. Previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado
cuatro sentencias sobre esta cuestión, y en julio de 2011 habían entrado en
vigor reformas constitucionales en materia de derechos humanos que establecían
la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. La
SCJN falló que el sistema federal de justicia civil debía ocuparse de los casos
de militares implicados en delitos comunes, incluidas violaciones de derechos
humanos, que no estuviesen relacionados específicamente con la disciplina
militar. En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, profesor indígena asesinado por
militares en un control de carretera en el estado de Guerrero en 2009, la SCJN
estableció el derecho de los familiares a impugnar el fuero militar. Al
concluir el año, la SCJN no había establecido la jurisprudencia para orientar
las resoluciones de los tribunales inferiores en casos similares, y continuaba
la incertidumbre en torno a la aplicación del fuero militar.
En abril se bloquearon
las propuestas de reforma del Código de Justicia Militar destinadas a excluir
las violaciones de derechos humanos. Al finalizar el año el nuevo Congreso no
había retomado las propuestas legislativas para adaptar el Código a las sentencias
de la Corte Interamericana o de la SCJN. El gobierno federal no dio
instrucciones a los agentes del ministerio público para que garantizasen que
todas las investigaciones preliminares estuviesen a cargo únicamente de
autoridades civiles.
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