ALAI, América Latina en Movimiento
Perú, 2013-03-11
Perú, 2013-03-11
Una de cada cinco hectáreas del Perú ha sido
entregada a las multinacionales de la minería, así como la mitad de las tierras
de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina. La gente común y
la naturaleza son las más afectadas por la voracidad de grandes empresas que
acumulan oro, plata y cobre en el altar de la especulación. La forma como la
población se viene movilizando muestra cambios de fondo en la acción social.
“Fuimos aplastados por 20 años de guerra interna”, dice Hugo Blanco, veterano dirigente campesino quechua que protagonizó
la lucha por la recuperación de tierras en la década de 1960 en Cusco. Ahora se
muestra optimista: “El conflicto de Conga
primero y ahora el de Kañaris nos muestran que la lucha social avanza, aunque
por otros caminos, a través de grupos locales que son más representativos de
las luchas reales que las viejas centrales que están por los suelos” [1].
Perú es un
país minero. Desde la Colonia la explotación de las minas reconfiguró el mapa
social y político de los pueblos originarios que habitaban la región andina. En
las últimas décadas la minería se reflejó incluso en las artes y en la
literatura, su huella fue particularmente intensa entre los campesinos, como lo
muestran las novelas de Manuel Scorza, uno de los más destacados escritores
peruanos [2]. Pese a ello la lucha contra la minería no ocupó un lugar
destacado en el imaginario peruano.
Sin embargo
en los últimos años se registra un viraje importante. El 2012 fue el año de
mayor conflictividad social. Como señala el Observatorio de Conflictos Mineros
en el Perú, la intensidad de los conflictos se refleja en la polarización que
producen y en su capacidad para modificar la agenda. Los conflictos por la
minería forzaron dos cambios de gabinete del gobierno de Ollanta Humala: en
diciembre de 2011 (apenas seis meses después de asumir el gobierno) y en julio
de 2012, cuando cumplía su primer año en el sillón de Pizarro.
“Hace diez años era impensable que un conflicto minero de una zona
apartada del país, llegase a las primeras planas de los principales diarios y
estuviera presente por varias semanas en casi todos los medios”, señala el Observatorio [3]. Pero la principal novedad es que “los conflictos sociales vinculados a la
minería se han convertido además en conflictos políticos de envergadura”.
Hasta la agencia de calificación de inversiones Moody’s señaló que el modo como
viene afrontando el gobierno el conflicto por Conga puede ser perjudicial para
los intereses del sector minero.
Comprender
la importancia de la lucha contra la minería supone abordar tres aspectos: la
megaminería como una de las principales formas de acumulación del capital
transnacional en Perú; la resistencia campesina de carácter comunitario y por
lo tanto territorializada que conecta con cinco siglos de resistencia indígena;
y los modos no centralizados de coordinación, o sea las nuevas culturas de
acción política.
Perú en el ojo del colonialismo minero
En noviembre había 24 millones de hectáreas
concesionadas a la minería, lo que representa un 19% de la superficie total del
país. El área de las concesiones mineras afecta principalmente a las
comunidades campesinas en la Sierra y Costa del centro y norte del país, donde
casi la mitad de su territorio fue concedido a las mineras [4].
En efecto,
el 49,6% de las tierras de las comunidades campesinas tienen concesiones
mineras. Casi la mitad de la región hidrográfica del Pacífico (47%) está
concedida a la actividad minera, donde vive el 65% de la población que cuenta
con apenas el 1,8 % del volumen de agua del país [5]. Por eso los argumentos
oficiales de que la actividad minera beneficia al país son rechazados de plano
por comuneros que sufren la pérdida de sus tierras y de su acceso al agua.
Un reciente
informe del Metals Economic Group señala que la caída del mercado de acciones
en el mundo favorece las inversiones en minería que crecieron 44% en 2010 y 50%
en 2011, luego de una fuerte caída en 2009 [6]. La región latinoamericana es el
primer destino de las inversiones mineras, con el 25% del total, donde destacan
Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Argentina. En 2003, apenas el 10% de la
inversión minera mundial se dirigía hacia América Latina.
Perú es
junto a Chile el primer destino de las inversiones mineras en la región. En
2010 la región latinoamericana proveía el 51% de la plata del mundo, la mitad
del litio, el 45% del cobre, 27% del molibdeno, 25% del estaño, 23% del zinc y
la bauxita, 19% del oro y 18% del hierro[7]. Hasta 2020 el sector minero recibirá
300 mil millones de dólares de inversiones.
Perú ha dado
un salto significativo como receptor de inversión extranjera directa. En 2012
llegaron al país 11 mil millones de dólares, un aumento del 34% respecto a
2011, frente a un promedio de 1.600 millones entre 2000 y 2005[8]. El problema
es que minería e hidrocarburos suman la mayor parte de las inversiones.
Alrededor de dos tercios de esas inversiones fue al sector de recursos
naturales y apenas el 8,7% a la industria manufacturera.
Este tipo de
inversiones consolidan la dependencia de a la explotación y exportación de
recursos naturales. El periodista peruano Raúl Wiener sostiene que el 30% de
los ingresos fiscales de su país se originan en la minería y que “la única forma más o menos rápida de incrementar
estos fondos en el corto plazo y poder llevar adelante los programas sociales
que todo candidato promete para ganar las elecciones, es con más inversiones en
minería, por lo que pelearse con este sector sería hacerse el harakiri” [9].
Perú se convirtió
en el quinto país del mundo con mayor crecimiento de las exportaciones, que
pasaron de 7,600 millones de dólares en 2002 a 45,700 millones en 2011.
Alrededor del 60% son minerales y el 10% petróleo y gas, productos que se
exportan sin procesar [10]. Es el mayor exportador latinoamericano de oro,
cinc, plomo y estaño, el segundo productor de plata y de cobre. Según las
proyecciones en los próximos años la tendencia de inversiones y exportaciones
centradas en la minería se va a profundizar. Las concesiones mineras se
duplicaron entre 2006 y 2010, según el Observatorio de Conflictos Mineros.
Resistencia en los Andes
Durante la segunda mitad de 2011 y buena parte de
2012 el principal conflicto minero y social del país se registró en la región
de Cajamarca, al norte del país, por la masiva oposición de la población al
proyecto de explotación de oro y plata Conga, de la minera Yanacocha, propiedad
de la estadounidense Newmont Mining Corporation. La minera explota desde hace
más de veinte años un yacimiento de oro a 50 kilómetros al norte de la ciudad
de Cajamarca a más de 3.400 metros de altura, siendo la segunda mayor mina de
oro del mundo.
Durante los
últimos años Yanacocha ha experimentado una caída en su producción debido al
agotamiento de las reservas. De ahí que el proyecto Conga sea una alternativa
para la empresa. Pero la población ya conoce a Yanacocha y se ha movilizado en
defensa del agua desde hace varios años. El problema principal es que la
actividad minera, que incluye el uso de cianuro y mercurio, afecta las lagunas
de altura de las cuales se abastecen las comunidades campesinas y las ciudades.
En noviembre
y diciembre de 2011 la resistencia de la población de Cajamarca [11] se zanjó
con la declaración del estado de emergencia y la militarización de varias provincias,
a lo que siguió un recambio del gabinete con la salida de buena parte de los
ministros más progresistas. En el distrito de Bambamarca, uno de los más
afectados por Conga, la población impidió que los soldados pudieran hacer la
ceremonia de saludo a la bandera y en Celendín, epicentro del conflicto, los
soldados fueron expulsados de la plaza por la población [12]. Las rondas
campesinas detuvieron soldados por intentar prostituir a menores.
En 2012 se
registraron 167 conflictos activos: de ellos, 123 son conflictos denominados
por la Defensoría de Pueblo como “socioambientales”,
mientras sólo siete son “laborales”.
Los campesinos se están quedando sin tierra y sin agua y reaccionan con toda la
fuerza que tienen, movilizando sus comunidades. Una encuesta revela que en
Cajamarca el 78% de la población se opone al proyecto Conga. Aunque el
epicentro de las resistencias es Cajamarca, y más recientemente Kañaris
(Lambayeque), los conflictos mineros abarcan todo el país.
Mirando la realidad
más de cerca, se observa que la población ha puesto en juego una variedad de
recursos asombrosa. Ha creado frentes de defensa provinciales y locales, ha
realizado consultas municipales y provinciales, marchas, paros regionales y
cortes de carreteras. Una de las actividades más importantes es la que realizan
las rondas campesinas, organizaciones comunales de autodefensa nacidas en la
década de 1970 en Cajamarca y Piura para combatir el robo de ganado [13].
Los ronderos
de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, las tres provincias más cercanas a la mina
Conga, acamparon masivamente en los alrededores de las lagunas impactadas por
el proyecto minero para hacer una labor de vigilancia e impedir cualquier
trabajo de la empresa en la zona. La movilización comenzó en noviembre y se les
denominó guardianes de las lagunas.
El
campamento de Celendín fue destruido por las fuerzas policiales, por lo cual el
Comando Unitario de Lucha de Cajamarca decidió “construir dos casas para las rondas campesinas en base a trabajo de
minga para que los ronderos y visitantes puedan pernoctar y permanecer firmes
en la lucha” [14].
Esta lucha
por el control del territorio es respondida con la militarización de la región
por parte del gobierno, mientras Yanacocha cierra los caminos a los campesinos.
Las comunidades respondieron colocando carteles en todas las vías y en todos
los caseríos que dicen: “Territorio
rondero libre de minería”, seguido del nombre del lugar. Una práctica
similar a la que realizan las bases zapatistas para reafirmar el control de sus
espacios.
Los estados
de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17
muertos entre diciembre de 2011 y setiembre de 2012 según la Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH). Cinco comuneros fueron muertos en julio de 2012 en
Celendín y Bambamarca, tres por el intento de erradicar la pequeña minería
informal en Madre de Dios (frontera con Brasil y Bolivia), dos en Espinar
(Cusco) resistiendo a la minera XStrata, uno enfrentando a la minera Barrick en
Ancash.
El gobierno
de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de
Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control
del orden interno y califica a los que protestan como “grupo hostil” mientras las violaciones a los derechos humanos
cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares[15].
Nuevas formas de organización y acción
En los dos últimos meses apareció un nuevo
conflicto en la norteña provincia de Lambayeque. Los campesinos expresan el
conflicto de un modo muy sencillo que revela su visión del mundo: “El fundamento de nuestra resistencia
indígena, es por la intromisión e invasión en nuestro territorio ancestral de
la empresa Minera Candente Copper Corporatión-Cañariaco” [16].
Para
reafirmarse ante la opinión pública realizaron una Consulta Comunal el 30 de
septiembre en la que el 95% de la población se pronunció contra la minera. El
20 de enero realizaron un paro regional y el 25 la policía hirió a 24
campesinos durante un boqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente
Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.
Un párrafo
del Manifiesto del 5 de febrero revela el abismo entre el Estado y las
comunidades: “Exigimos como condición
para el diálogo el retiro inmediato de las fuerzas policiales de nuestros
territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la
seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad
de la presencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona”
[17].
Y agregan: “Somos autoridades originarias, comunales y
ronderiles que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y
derechos como pueblos, a no permitir la subordinación al colonialismo que rompe
la estructura genuina y natural de los pueblos originarios”.
Sin embargo,
numerosos analistas y observadores consideran que en Perú no existen
movimientos sociales y estiman que el movimiento contra la minería es
fragmentado y que no se articula entre sí. El investigador y activista Raphael
Hoetmer afirma: “Los movimientos del Perú
no son centralizados y articulados en organizaciones representativas nacionales
sólidas; más bien tienen un carácter fragmentado” [18].
En el mismo
trabajo, en el que polemiza con quienes aseguran que no existen movimientos,
constata “una situación donde los pueblos
no requieren de las organizaciones nacionales para movilizarse, pero a la vez,
hay dificultades para articular las distintas agendas locales entre sí y con
las agendas nacionales” [19]. De hecho las grandes organizaciones no juegan
ningún papel en la lucha contra la minería.
Luego señala
que las luchas consiguen victorias pero éstas no se traducen en la creación de
organizaciones potentes. “Hay grandes
dificultades para convertir estas victorias en organizaciones más fuertes” [20].
En efecto, constata que existen grandes luchas que ya no son dirigidas por las
poderosas organizaciones sociales de antaño, como la CGTP, la CCP o la más
reciente CONACAMI [21].
En este
punto es donde parece necesario cambiar la forma de mirar. Hugo Blanco, quien
vivió el período de las grandes organizaciones desde la CCP y ahora acompaña
los movimientos de Cajamarca, es muy claro. En su opinión se trata de coordinar
las luchas y a la vez avanzar “hacia una
democratización cada vez mayor del movimiento, en que sea la colectividad la
que mande y no los dirigentes. No desviando su actividad central hacia campañas
electorales” [22].
En pocas
palabras aborda tres temas claves: coordinar las luchas sin crear aparatos
burocráticos, que decida la gente (eso que los zapatistas llaman “mandar obedeciendo”), y evitar la
tentación electoral que distorsiona las luchas al incrustarlas en la institucionalidad
estatal. Aunque no lo dice, está hablando de una nueva cultura política. La
vieja cultura ya mostró sus limitaciones.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario
Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
Escribe el “Informe Mensual de Zibechi”
para el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es
Recursos
Raúl Zibechi,
Entrevista a Hugo Blanco, Lima, 22 de febrero de 2013.
Central
Única Nacional de Rondas Campesinas: http://cunarcperu.org
Cooperaccion:
http://www.cooperaccion.org.pe/
Hugo Blanco,
“Agua sí, Mina no”, Cusco, 2012.
Lucha
Indígena, Cusco. Periódico mensual dirigido por Hugo
Blanco.
Metals
Economics Group, “Tendencias de la
exploración mundial 2012”, Halifax, 2013.
Observatorio
de Conflictos Mineros en el Perú, “11º.
Reporte Semestral”, Lima, diciembre 2012.
Raphael
Hoetmer, “Los movimientos del Perú: Nueve
hipótesis sobre conflicto y movimiento social, y una afirmación epistemológica”,
en Crisis y movimientos sociales en Nuestra América, Programa Democracia y
Transformación Global, Lima, 2012.
Servindi
(comunicación intercultural): www.servindi.org
Estudio:
Tipos de rondas campesinas en el Perú:
Alan Ele, “Mujer Invisible: Historia de una visita a
la familia Chaupe”, Celendín Libre blog,
Notas:
[1]
Entrevista a Hugo Blanco.
[2] En
particular pueden consultarse sus cinco novelas épicas sobre la lucha de los
campesinos andinos por recuperar sus tierras: Redoble por Rancas (1970), Historia
de Garabombo el Invisible (1972), El
jinete insomne (1977), Cantar de
Agapito Robles (1977) y La tumba del
relámpago (1979).
[3]
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, ob cit, p. 28.
[4] Idem, p.
32.
[5] Idem, p.
30.
[6] Metals
Economics Group, “Tendencias de la
exploración mundial 2012”.
[7] Reuters,
16 de abril de 2012.
[8] Global
Investment Trends Monitor, UNCTAD, No. 11, 23 de enero de 2013, p. 6.
[9] La
Primera, 12 de abril de 2012.
[10]
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, “Resumen
de Exportaciones 2011”, en
[11]
Cajamarca es un departamento, además es una de las doce provincias del
departamento y es la ciudad capital departamental.
[12] Lucha
Indígena, junio de 2012.
[13] Se
estima que existen entre 200.000 y 250.000 ronderos en todo Perú agrupados en
unos 8.000 comités de rondas. En Cajamarca, cuna de las rondas campesinas, se
cuentan unos 100.000 ronderos activos. Ver http://cunarcperu.org
[14] Comando
Unitario de Lucha-Cajamarca, 1 de febrero de 2013.
[15]
APRODEH, “Ni un muerto más”, folleto,
Lima, setiembre de 2012.
[16] Manifiesto de las Comunidades y Rondas
Campesinas de Cañaris, Incawasi y Salas: Pueblos Originarios en Defensa del Agua
y la Vida, 5 de febrero de 2013.
[17] Ídem.
[18] Raphael Hoetmer, ob cit, p. 230.
[19] Ídem.
[20] Ídem,
p. 236.
[21]
Confederación General de Trabajadores del Perú, Confederación Campesina del
Perú y Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
[22] Lucha Indígena, marzo de 2013, p. 8.
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