Rebelión, 26-03-2013
Los panegiristas del régimen político y del sector privado aseguran,
contra viento y marea, que las "reformas
estructurales" constituyen la panacea del crecimiento y del desarrollo
económico del país. Abundan que sin ellas es prácticamente imposible que esto
ocurra; que el país indefectiblemente declinará y entrará en bancarrota. Para evitarlo,
dicen, es preciso tomar medidas, por demás dolorosas, pero "necesarias" para que ello no ocurra.
Las autoridades monetarias, en particular las del Banco
de México, han encendido focos amarillos para "prevenir" repuntes inflacionarios, dada la actividad de
aumento de precios de los productos de primera necesidad y otros como la
gasolina, la vivienda y la educación que se viene registrando en los últimos
meses. Advierten que si bien este estado de cosas todavía es "controlable", sin embargo, de
no tomarse medidas "adecuadas"
ello puede provocar, en el mediano plazo, un deterioro mayor de la economía
nacional.
En este contexto se inscribe el documento Análisis
Ejecutivo Económico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), en el sentido de que con las reformas habrá mayor inversión que
garantice un crecimiento sostenido del Producto Interno Producto de del orden
del 6%. Debemos puntualizar que estas declaraciones se hacen en un contexto
histórico estructural en que la economía mexicana acusa un promedio de
crecimiento anual no mayor a 3% en el largo período de 1982-2012; es decir,
justamente en las inmediaciones de la imposición y del despliegue del
neoliberalismo en nuestro país (1982-2013).
Además, estas declaraciones se hacen una vez que se han
aprobado sendas reformas de signo neoliberal en materia de educación y laboral
cuyos resultados obviamente aún no se pueden evaluar, pero sí denunciar su
carácter lesivo para la población en general, pero de manera particular, para
el mundo del trabajo, ya que por ejemplo, la reforma laboral legaliza el
contrato por horas y el pago fraccionado correspondiente por el tiempo
efectivamente trabajado; introduce y legaliza la subcontratación (outsourcing)
que atenta contra los derechos de los trabajadores y aumenta los períodos de
prueba a que se ve sometido el trabajador para poder ser contratado en el
futuro.
No satisfechos con estas reformas ya consumadas, los
empresarios pugnan por extender y profundizar este tipo de políticas que
benefician fundamentalmente a sus intereses de clase plasmados en sus negocios
y en las altas cuotas de ganancia que perciben, de tal manera que lo social
—empleo, salarios, educación, salud y bienestar social (que son categorías
fundamentales de la reproducción de la fuerza de trabajo y —debería ser— del
ser humano) queda completamente subordinado a la dinámica del ciclo del
capital, en la perspectiva que éste y el gobierno vislumbren en relación con la
tasa de rentabilidad y la marcha de los negocios empresariales.
Por otro lado, para que cristalicen y se hagan sentir los
beneficios para la población, nos dice el CEESP, es necesario consolidar las
reformas estructurales realizadas y avanzar en otras como la hacendaria, con el
fin de preservar la "… estabilidad
macroeconómica que se ha convertido en la envidia de muchas naciones".
Al respecto considera que "lo realmente importante es tener en cuenta que cada una de ellas [las
reformas] depende en buena medida del
resto" y que, en particular, la reforma hacendaria ha sido calificada
como las más relevante, ya que busca obtener gran parte de los recursos que se
requieren para "instrumentar los
programas sociales que se han planteado y así mejorar la distribución del
ingreso".
Según el organismo empresarial, con la reforma hacendaria
se lograría:
Corregir la debilidad de las fuentes de recursos del sector público.
Incrementar la base de contribuyentes que aporten al fisco.
Evitar la evasión fiscal.
Puntos que han sido repetidos reiteradamente
por los voceros empresariales y gubernamentales sistemáticamente.
El organismo empresarial considera que lo
anterior garantiza "la transparencia
y sencillez del sistema" que "estimularía
la inversión y, por ende, un mayor crecimiento económico, convirtiéndose en un
círculo virtuoso pues a mayor inversión mayor crecimiento y recaudación".
Pero aún dado lo anterior no es suficiente
para garantizar el crecimiento sostenido, por lo que es necesario, además,
completar la reforma mediante la implementación de ajustes y cambios en materia
energética "que permitan la entrada
al capital privado en sectores que hasta ahora son exclusivos del sector
público", afianzando,
de esta manera, el mecanismo estructural de la acumulación de capital por
desposesión. Con esta medida se elevarían los montos de inversión privada y
se "liberaría una cantidad
importante de recursos públicos para programas sociales en salud, educación y
seguridad".
Como podemos ver, se ha edificado el nuevo
esquema neoliberal que se está imponiendo en el país para profundizar el patrón
capitalista de acumulación dependiente sustentado en la privatización de los
energéticos, en la flexibilización de la fuerza de trabajo y su precarización
mediante la reforma laboral y en la entrada de los sistemas de evaluación desde
arriba para los profesores de educación básica a través de la reforma
educativa. Esta política se complementa con la reciente aprobación de la
reforma en materia de telecomunicaciones.
También el organismo empresarial se preocupa
por el tema de la seguridad pública, ya que de continuar el clima de inseguridad
en el país puede "…inhibir la
actividad productiva", puesto que eleva considerablemente los costos
de las empresas y obstaculiza la sacrosanta inversión. Pero también este tema
lo articula íntimamente con las reformas de marras al declarar que: "Dado el entorno que vive el país, es
evidente que no podemos pensar en las reformas de manera aislada y menos aún
sin un contexto en el que las reglas del juego sean lo más claras posible. El
Estado de derecho es fundamental para el éxito de los cambios que se proponen…debemos
contar con instituciones fuertes y confiables que se encarguen de hacer cumplir
las leyes, de tal manera que no haya posibilidad alguna de actos de corrupción
o de atentado a los derechos de propiedad. Llevar a cabo todo esto, nos
permitiría elevar la inversión a los niveles necesarios para que el crecimiento
de la economía sea superior a 6% de manera sostenida".
Argumenta que es fundamental preservar el
clima de seguridad y de garantía por parte del Estado porque la inversión, "…incide directamente en la producción,
el empleo y la productividad, y es por ello que la certeza jurídica, los
derechos de propiedad y la fortaleza de las instituciones son tan
relevantes". Con todo ello se "elevará
la productividad", "reflejándose
en un mejor nivel de vida de la población…No hay quien vaya en contra del
objetivo de mayor crecimiento y bienestar", concluye el CEESP.
Obviamente que nadie en su sano juicio está
en contra del crecimiento y del bienestar social; el problema no es este, por
supuesto, sino que radica en los mecanismos y las políticas que se implementan,
supuestamente, para alcanzar ese objetivo. Y es claro que después de
prácticamente tres décadas de aplicación de políticas restrictivas neoliberales
que han castigado severamente el gasto público, los salarios, el empleo, la
educación, la salud y el bienestar social, y a pesar de que sin chistar todos y
cada uno de los presidentes que han gobernado en ese período han expresado las
mismas palabras que el organismo empresarial, sin embargo, la situación para
las mayorías es cada día más alarmante y desesperada, más precaria y sin visos
de solución en el mediano y largo plazos.
Las políticas en curso que está impulsando el
nuevo gobierno sin duda van a resolver cuellos de botella para el libre desempeño
del gran capital nacional y extranjero que opera en el país, por supuesto, en
primer lugar, de las empresas transnacionales. Pero nuevamente, como al
principio del neoliberalismo, las necesidades y demandas de la población quedan
postergadas y sujetas al influjo y resultados de la aplicación de las políticas
neoliberales y de la implementación de las reformas denominadas "estructurales".
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
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