Martes,
19 Marzo 2013
México. El Estado mexicano, que señaló
de mentirosas a las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual durante la
represión en Atenco y Texcoco en 2006, ahora busca dar disculpas y lograr una
“solución amistosa” por las acciones, que son parte de su fracasada estrategia
por frenar la organización de abajo y a la izquierda. Las sobrevivientes lo
rechazan y reiteran que seguirán su demanda de justicia, que va más allá
incluso de las acciones jurídicas.
En un par de
meses se cumplirán siete años de los brutales operativos policiales ocurridos
en Texcoco y San Salvador Atenco. Su saldo es bien conocido: cateos ilegales;
cientos de detenciones arbitrarias; el asesinato de Javier Cortés Santiago y
Alexis Benhumea a manos de la policía; la tortura física y psicológica de
todas las personas arrestadas; y la expulsión ilegal de cinco personas
extranjeras. El caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la
violencia generalizada, fuimos sometidas a la tortura sexual, de la que se
documentaron por lo menos 26 casos.
La violencia
institucional no sólo se tradujo en cárcel, asesinato y tortura; luego
enfrentamos la represión judicial, procesos interminables; sentencias
inauditas -hasta por 112 años de prisión-. Tras conseguir la libertad de
todos y todas después de años de movilización y resistencia, no podemos dejar
de percibir que la impunidad ha sido el común denominador en este asunto.
En las primeras
horas de la detención, en el enorme comedor de visitas del penal de Santiguito,
nos encontrábamos las mujeres en silencio, esperando pasar a rendir
declaración. Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de
aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó
a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos,
comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Hemos vivido la
criminalización y estigmatización. Los diferentes funcionarios del gobierno
federal y estatal nos llamaron mentirosas, inventando que seguíamos un manual
utilizado por grupos radicales para inculpar falsamente a los agentes
policíacos de violación. La impunidad anunciada.
Acudir a las
autoridades para denunciar la represión parecía una locura. Ellos usaban a los
medios de comunicación comerciales para anunciar que no existían denuncias
formales, cuando según su preciado Estado de derecho debía seguirse una
investigación por oficio ante las evidencias físicas de tortura. Nosotras
decidimos no legitimar sus mentiras con nuestro silencio: Denunciamos.
Comenzó el largo
peregrinar acudiendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) -ahora
FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de personas). Pasaron dos años en donde rendimos declaración; ampliamos
declaración; nos sometieron a peritajes; más citaciones y demagogia; padecimos
a las diferentes fiscales que pretendían hacerse de capital político con
nuestra demanda de justicia. Elena Pérez Duarte, entonces fiscal, nos hablaba
como madre adolorida por sus hijas caídas en desgracia; después vino Guadalupe
Morfín, que con su prepotencia dijo que no había avances y que no nos
hiciéramos falsas ilusiones respecto a consignar el caso.
La Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaba una investigación
llena de irregularidades. Donde 29 policías habían sido señalados directamente
por una compañera denunciante, las autoridades procesaron a 9 de ellos por los
delitos de abuso de autoridad y actos libidinosos, pero nunca por tortura. En
resumen, todos los policías fueron absueltos y el costo emocional para nuestra
compañera fue devastador.
En este contexto
acudimos en abril de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con la petición de que investigara lo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006.
Supimos entonces que nos encontrábamos en medio de un proceso que por lo menos
se llevaría siete años más.
La simulación ha
sido la estrategia del Estado mexicano. En febrero de 2009, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en su dictamen respecto a la investigación del
caso, reconoce “la flagrante
violación a las garantías individuales y abuso de autoridad”. Sin embargo, a Enrique Peña
Nieto, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Wilfrido Robledo y cualquier
autoridad que haya participado en la planeación y ejecución de los operativos
se le deslindó de toda responsabilidad del ejercicio de la fuerza pública,
argumentando que los policías actuaron
por cuenta propia, diluyendo así la responsabilidad de la cadena de mando y
de los funcionarios partícipes.
En septiembre
del mismo año, la FEVIMTRA, declinó la competencia a la PGJEM, no sin que antes
Guadalupe Morín sacara su tajada política al declarar ante los medios de
comunicación la consignación federal del caso en el contexto de su salida de la
fiscalía para candidatearse para ser titular de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. ¡Qué más da una mentira en la carrera de altos vuelos de la
exfiscal!
Pasaron los años
y el Estado mexicano hizo todo lo necesario para perpetuar la impunidad. Fue
hasta julio del año pasado, que durante la exanimación a la que fueron
sometidas las autoridades mexicanas por parte del Comité CEDAW de la ONU
(Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer),
realizada en Nueva York, con bombos y platillos se anunció que la Procuraduría
había consignado y arrestado a dos policías por actos de tortura en agravio de
nosotras. Extraordinaria coincidencia que giraran órdenes de aprehensión el
mismo día en que se le cuestionaría al Estado acerca de las investigaciones.
El panorama le
cambió a partir del 14 de marzo el Estado mexicano. Durante la audiencia de
fondo ante la Comisión Interamericana, en un acto desesperado por mantener
intacta su imagen de garante de los derechos humanos ante organismos
internacionales, se dirigió a nosotras diciendo ofrecer “disculpas” y exigiendo su derecho de convenir una salida “amistosa”, un derecho que visto desde
el poder, está por encima de nuestro derecho de justicia. Dejamos de ser las
mentirosas, nos ofrecieron becas y apoyos. De sus bocas salió la palabra “solidaridad”, como si ésta pudiera
venir de los de arriba.
No fue difícil
tomar una decisión al respecto. ¡No creemos en las promesas de las autoridades
mexicanas! Hemos entendido durante estos años que lo que nos ha fortalecido y
nos permite seguir explorando los caminos hacia la justicia, la construcción de
la memoria y la reparación no está exclusivamente en los espacios jurídicos.
Hemos encontrado
eco y solidaridad en nuestras organizaciones y colectivos, incluso en la
sociedad en general. Nuestra apuesta sigue siendo la organización y el
fortalecimiento de los procesos colectivos. Sabemos que la tortura sexual es
una herramienta poderosísima usada para rompernos y desmovilizarnos.
Logramos hablar
del tema de forma franca y abierta, sin tabús, desmontamos la victimización y
el estigma, logramos colocar el término tortura sexual en un sitio visible, la
forma en que se instrumenta y el daño que causa. Avanzamos en estrategias de
afrontamiento individuales y colectivas. Nunca fuimos víctimas, somos
sobrevivientes, llenas de esperanza por cambiar el actual estado de las cosas.
Nuestra lucha no es por becas, programas y terapias psicológicas.
Los hechos en
Texcoco y Atenco no fueron la decisión de un par de policías nerviosos a los
que se les pasó la mano; fue un acto concertado por los tres
niveles de gobierno. Los tres partidos políticos más relevantes (Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución
Democrática) se hermanaron para reprimir y detener a la organización nacional
en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y La Otra
Campaña. Sus crímenes han sido en vano.
Seguiremos
caminando abajo y a la izquierda.
Comentarios