Frayba: informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012.
Para leer
completo el Informe:
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México
19 de marzo de 2013
Boletín de prensa No. 07
Entre la política sistémica y las alternativas de
vida
Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Chiapas durante los gobiernos federal y estatal 2006-2012
Este Centro
de Derechos Humanos presenta “Entre la política sistémica y las alternativas
de vida, Informe sobre la situación
de los derechos humanos en Chiapas durante los gobiernos, federal y estatal
2006-2012”.
Desde las tareas cotidianas de documentación,
durante el período, corroboramos que el sexenio pasado se caracterizó por dar
continuidad y profundizar de manera sistemática, violaciones a los derechos
humanos en contra de la población en el territorio nacional.
En primer término, se destaca: las violaciones a los derechos
humanos hacia la población civil en general, con el argumento y en
nombre de la seguridad, utilizando mecanismos de control territorial a través
de la militarización del país; la tortura como método de investigación y
destrucción de la persona; el aumento desbordado de las personas desaparecidas
forzadamente; el incremento de los feminicidios y asesinatos que se suman a la
larga lista de casos en impunidad.
En segundo término: las acciones represivas en contras de las
comunidades y pueblos que resisten y reivindican derechos específicos, en
particular las agresiones al territorio de las Bases de Apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), como continuidad de la estrategia
contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.
De lo anterior, también podemos sostener que en el
sexenio que concluyó, la brecha entre los derechos reconocidos a los pueblos
indígenas y el ejercicio y práctica de éstos, fue cada vez más amplia.
Así mismo en el informe presentamos que en la
disputa por el territorio la legalidad del despojo territorial de los
pueblos indígenas ha seguido su marcha, a través de proyectos neoliberales que
contemplan elementos de seguridad nacional y protección a la inversión de
empresas ligadas a los gobiernos que tienen intereses en estos territorios de
gran riqueza natural.
La libertad de expresión y la defensa de los
derechos humanos se siguen
realizando en un contexto de guerra: La criminalización de la protesta social y
la persecución a los líderes sociales, por un lado; el acoso y persecución a
las defensoras y defensores de los derechos humanos, por el otro. Esto nos
habla de un Estado represor con métodos de control social al pueblo organizado.
El conflicto armado interno en Chiapas se caracterizó, en este sexenio por la continua y
amplia presencia militar, sobre todo en las comunidades indígenas en la zona de
influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La estrategia
contrainsurgente implementada va desde la confrontación directa hasta la
implementación de proyectos sociales en conjunto con algunas agencias de las
Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La estrategia se ha afinado, se ha adecuado a las
nuevas situaciones, se ha deslizado hacia nuevas tácticas de la guerra integral
de desgaste; ha utilizado los argumentos con un lenguaje en pro de los derechos
humanos, con énfasis en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de
un discurso de respeto a las comunidades autónomas y a las Juntas de Buen
Gobierno; discursos falsos y vacíos de contenido, ya que en el fondo está la
intención de acallar y controlar, apropiarse de sus argumentos y recursos,
dividiendo y provocando enfrentamientos en las comunidades.
Estos énfasis de violaciones a los derechos humanos
que hacemos patente continúan con el gobierno en el poder del Partido
Revolucionario Institucional, que por antonomasia se ha caracterizado por ser
represivo, demagógico y controlador de la vida de los ciudadanos, copta a
medios masivos y a cualquier otro grupo que quiera hacer sombra al sistema de
gobierno.
Ante estos tiempos adversos las comunidades, los
pueblos, las y los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos,
encuentran nuevas fuerzas, nuevas energías de esperanza para continuar con la
exigencia de justicia.
Como respuesta a este contexto de impunidad las
personas se organizan desde la memoria y en construcción de alternativas que
reinventan buenas y nuevas formas de vida en la defensa y ejercicio efectivo de
sus derechos como pueblos.
Las comunidades y pueblos en resistencia, continúan
en la defensa de sus territorios, su marco de derechos son los Acuerdos de San
Andrés y demás leyes y costumbres emanadas desde la autonomía, los cuales se
han ampliado en la construcción de su Gobierno alternativo y ejemplar. Un buen
gobierno: justicia, salud y educación acorde con sus necesidades, una
producción con respeto a la vida, la naturaleza y una democracia directa y
radical.
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