Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular presenta reglamentación y principios
Comunicado
No. 07
Territorio
Comunitario Nahua 24 de marzo 2013
Los Consejos de Gobierno Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y
Popular, consideramos razonable la posición del gobernador Ángel Aguirre Rivero
de no incorporar a la reglamentación las Policías Comunitarias y Policía
Ciudadana y Popular que en el caso de esta última aunque es de reciente
creación en territorio náhuatl, se inspira en los aportes de la Policía Comunitaria y cumple con el
requisito fundamental de que los efectivos (policías ciudadanos) son electos
por sus núcleos de población o comunidades, su trabajo es honorifico, nuestra
jurisdicción es el área indígena Náhuatl que abarca toda la Montaña baja
de Guerrero, región Centro y Norte. En la Montaña los municipios de Huamuxtitlan,
Tlapa, Cualac, Olinalá, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilapa. Nuestros armamento es
de bajo calibre, escopetas y rifles 22, tenemos uniformes, estatutos, principio
y reglamento, no nos encapuchamos y no le hacemos la guerra a nadie, luchamos
por la vida, la seguridad, el desarrollo de nuestros pueblos, por la paz y
tranquilidad.
El hecho de no tener 17 años como nuestros hermanos
de la CRAC-PC, no significa que en nuestro caso las leyes no apliquen; nos
ampara Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la ley número 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los
pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, por el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes 1989, además de los derechos civiles y políticos
constitucionales y otros convenios como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU.
La Policía Ciudadana y Popular y la
CRSJ recién conformada debe considerársele el mismo tratamiento como la
CRAC-PC; en caso contrario la PCP no será ningún apéndice de la Policía estatal
o Municipal y si es declarada fuera de la Ley llenaremos las cárceles pero no
permitiremos que la delincuencia siga enlutando a nuestros hogares y si nuestro
delito es querer vivir en paz y protegernos, tendrán que reformar rápido el
Código Penal para legalizar la violencia contra las comunidades y allanarle el
camino a la delincuencia organizada.
La Policía Ciudadana y Popular (PCP) opera en
4 municipios nahuas en más de 50 comunidades y con más de 500 efectivos. Para
su operatividad se eligió un Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia en cada
municipio, en el que participan los Comisarios Municipales, Comunales y Ejidales
y recientemente se ha estructura una Coordinación Regional de Seguridad y
Justicia CRSJ, que mantiene contacto con la CRAC-PC, de Ayutla y S. Luis
Acatlán.
Nuestro Sistema de Seguridad y Justicia, tiene
instancias de decisión las cuales son La Asamblea Comunitaria, la Asamblea
de Representantes, la Asamblea General y la Asamblea de Coordinación
Regional cada una con funciones y obligaciones específicas y las instancias de
operatividad cotidiana son: El Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia
CGSJ y la Policía Ciudadana y Popular PCP
Para la atención de la problemática se habilitó
provisionalmente una Casa de Justicia en Temalacatzingo, Cualac y
Huamuxtitlan, como espacios de atención al público. Promovemos la construcción
de un Centro de Reeducación y Desarrollo Humano CRDH en cada
municipio, para la reeducación psicosocial de las personas. Creemos que los
errores que alguna vez alguien comete y que son considerados delitos o
conductas antisociales, muchas veces, las personas son orilladas por las circunstancias
del ambiente social, político y cultural o de otra índole a cometer un error,
grave o leve; pero es un hecho, no todos son psicópatas (sicarios) y pueden ser
reeducados, para reintegrarlos a su comunidad como personas sanas.
Es bueno que el gobierno del Estado este
entendiendo esta situación. Es un hecho, nuestro Sistema de Seguridad y Justicia
Comunitaria no somos ni un peligro para nuestra sociedad, ni para las
instituciones; todo lo contrario, hemos disminuido la incidencia delictiva y
estamos empezando con el apoyo de muchos estudiantes y profesionistas de
universidades públicas y privadas la primer campaña de prevención de la
violencia, el delito y las conductas antisociales. Es deseable que el
gobierno, disponga claramente de las partidas presupuestarias para apoyar este
esfuerzo; sin embargo, sin ellos y en la medida de las posibilidades de las
comunidades lo iremos haciendo. Porque únicamente nosotros somos los
interesados de que en nuestros pueblos haya seguridad, paz tranquilidad y justicia.
Es lamentable que la reacción derechista
nacional pida la horca para nuestras comunidades y solicite 70 años
más, quizá para ver si combaten el cáncer que ellos mismos engendraron. Esa
declaración del Congreso es una abierta y descarada protección a la
delincuencia organizada. Ni siquiera se han tomado la molestia de averiguar que
es la Policía Ciudadana y Popular o Comunitaria y la llamada autodefensa;
se juzga a priori y con una visión a rasa tabla se encasilla a todos, nos
parece una irresponsabilidad y un acto típico del autoritarismo priista.
Es un hecho que la Policía Ciudadana y Popular
(PCP) y la Policía Comunitaria (PC), estorban la libre operación de las
bandas de la delincuencia organizada, que habían convertido a los territorios
indígenas en trasiego y siembra de drogas, en zonas para cometer delitos;
esto es lo que les molesta a los diputados federales, “haber decidido nuestra autoprotección”.
Si no quieren reconocer nuestro Sistema de
Seguridad, no les vamos a pedir perdón, por habernos organizado y defendernos
de la delincuencia organizada, por aspirar a vivir en paz, por pedir justicia,
por no querer morir en la pobreza o en manos de la delincuencia, por ser
indígenas hablantes del náhuatl, por proteger lo poco que tenemos para comer. No
seremos los primeros, otros hermanos indígenas por lo mismo fueron acusados de
transgresores de la Ley.
Desde la colonia, a pesar de todas las
políticas de exterminio hacia los indígenas, no han podido desaparecernos de la
faz de nuestra madre tierra. Más de 500 años hemos resistido la
exclusión, represión, marginación, desprecio político y económico.
Si todo esto se convierte en delito, entonces seremos un chingo de
transgresor@s.
Los diputados en vez de conocer, oír y
llamar a los ciudadanos indígenas, con mucho odio suben a una tribuna a
condenar y azuzar a sus congéneres asuman actitudes bárbaras, condenan a priori
lo que desconocen y mandan a las fuerzas militares como la marina y ejército a amenazar
y reprimir a los pueblos. El 23 de marzo del año en curso el Comisario
Municipal de Chiuacingo aproximadamente a la una de la tarde, fue detenido y amenazado
de muerte por ser parte de la Policía Ciudadana y Popular y tiene plazo hasta
el día martes próximo para entregar a los dirigentes que son de la
Policía Ciudadana y Popular, le dijeron que en caso de no hacerlo será
desaparecido y asesinado y que así se seguirán con otros que ya les
fueron señalados, para ello se disfrazan de civiles y lo están requiriendo para
el martes a las 12 del día en el cuartel de la Marina en Olinalá. El
gobierno a través del Ejército y la Marina nuevamente han iniciado una
guerra sucia contra los ciudadanos y comunidades indígenas, que nos hemos
organizado para protegernos de la delincuencia organizada.
Hablan de que la delincuencia se va infiltrar en
nuestras estructuras, que será utilizada para otros fines, etc. No creemos lo
mismo. Porque aquí no contratamos ni hacemos pruebas de calidad, ni de
confianza, ni certificamos a nadie. Aquí el policía ciudadana, está
por conciencia y voluntad, no se aplica el bolígrafo, lo certifica una asamblea
comunitaria porque lo conoce como vive en su familia y comunidad, no se da más
prueba que la honestidad y sencillez que desde mucho tiempo atrás le reconoce
su pueblo y su desempeño depende del apoyo que le brinda su comunidad, que
muchas veces es habitada por familiares y amigos. La certificación
se la gana por su buena conducta en la comunidad.
Los Policías Ciudadanos no son personas
desadaptadas y no han elegido trabajar como policías, son campesinos,
albañiles, artesanos, ganaderos, pequeños comerciantes, profesores, médicos,
ingenieros, licenciados en distintas disciplinas, panaderos, amas de casa,
jornaleros, estudiantes y aun con sus limitantes económicas, no toman dinero
fácil que perjudica, porque aman a su pueblo y familia, no vienen por un rato,
ellos aquí viven, aquí tienen su familia, su hogar; son personas conocidas y
están en guardia siempre, combinan su trabajo personal con su deber
social, no pensamos ni vemos la vida igual que quienes están influenciados por
la cultura occidental. Para nosotros la comunidad, el deber social, el campo,
los bosques la tierra, el agua, las plantas y animales, son parte de nosotros
mismos y por eso únicamente son tomados por necesidad natural. La avaricia es
para los seres inferiores.
Ya lo expresamos y lo reiteramos, “no estamos en guerra contra las
instituciones”, nuestra iniciativa de organización es para dignificar
y rescatar el valor del Ser Humano, que se ha desvalorado en la lógica del
mercado.
Nuestra lucha es pacífica y la Policía Ciudadana y Popular
es una necesidad de las Comunidades para su autoprotección. En el pasado las
comunidades ya contaban con este sistema de seguridad y hoy únicamente nos
estructuramos y nos expresamos públicamente ¿Esto es delito?
Criminalizar a la PCP y su estructura,
no ayuda en nada y no estamos de acuerdo; además se violan las
propias leyes existentes (art.2° de la constitución mexicana) y los derechos
legítimos de los ciudadanos.
La reciente amenaza contra un comisario del
municipio de Cualac, nos pone entre la espada y la pared a los
pueblos indígenas, porque por un lado tenemos que defendernos de la
delincuencia organizada y por otro de las amenazas de la marina y el ejército acantonados
en Olinalá. Por eso, desde ahora hacemos responsable a la marina y el ejército de
cualquier agresión contra los comisarios y los ciudadan@s
que participan en la PCP. La amenaza de desaparecer, asesinar y
torturar son prácticas nefastas que denigran la dignidad humana y muestran a un
gobierno contrario a los interese de país que desprecia la vida. Emplean
asesores extranjeros como el colombiano que por más de 40 años sumió a sus
pueblos en la barbarie de la muerte.
Es probable que muchos indígenas hombres y
mujeres quizá llenen las cárceles por no dejarse matar, extorsionar o por no
querer participar como sicarios o distribuidores de drogas.
Por nuestra Dignidad, Libertad,
Seguridad, Justicia, Soberanía Popular, Desarrollo Comunitario estamos
dispuestos a pagar el precio. Nuestro linaje desciende de los Guerreros
Águila, estamos destinados a perpetuar nuestro linaje.
Llamamos a los mexicanos honrados y patriotas a
vigilar que aquellos que se dicen representantes del pueblo, lo sean y no se
conviertan como al parecer son ahora, tapadera de toda clase de rapiña contra
la riqueza de nuestra patria. Hordas de psicópatas que aprueban leyes para
la muerte.
La violencia es un factor que refleja la
esencia de un sistema social disfuncional, ¿cómo entonces puede existir una
sociedad sin violencia, si la esencia del sistema económico, político, social y
cultural, está basado en la violencia?; Por cierto, se legisla, se hace
legal, pero no deja de ser violencia. La violencia verbal de los diputados
priistas, panistas y algunos perredistas, contra las Policías Ciudadanas y
Comunitarias, es un ejemplo de ello. En este país al parecer hay la concepción
y tendencia en las más altas esferas de que todo debe arreglarse a golpes:
jurídicos, políticos, económicos, militares o policiacos.
Con el pretexto de defender los intereses de la
nación, explotan y oprimen a los que viven en esta nación. Existe un desprecio por
la vida y la naturaleza en los que gobiernan.
Por eso nuestra lucha, no es únicamente para
protegernos de la inseguridad y delincuencia organizada, si no de luchar
para que nuestros pueblos dejen de ser marginados, excluidos y se supere
la pobreza, el atraso económico y cultural. Ya lo hemos reiterado, nuestra
lucha es por la vida, la justicia, la seguridad y el desarrollo de nuestras
comunidades y la paz social.
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