Escrito por Carolina S. Romero
Sábado, 16 Marzo 2013
La reinstalación de seis estudiantes expulsados del
CCH Naucalpan fue la demanda principal de alrededor de 50 estudiantes que
marcharon desde el Parque de la Bombilla a la Rectoría de la UNAM, donde
bloquearon Avenida Insurgentes casi dos horas.
Los manifestantes también exigieron un alto a la
campaña de persecución y criminalización mediática contra el compañero Luis
Alcántara, repudiaron la violación de la autonomía universitaria por parte de
la policía y rechazaron la mercantilización de la educación.
Sin embargo, en lugar de responder a la petición de
que una comisión competente negociadora saliera de la Rectoría para atender a
las demandas estudiantiles, las autoridades enviaron a una funcionaria para
decirle a la gente que si querían una respuesta a su petición, tendrían que
proporcionar sus direcciones. Alrededor de las 7:30 pm más de cien granaderos
desalojaron a los estudiantes que bloqueaban Insurgentes.
Se denunció que “en
los diálogos pasados la Dirección General de los CCH había dicho que no se iba
a reinstalar a ninguno de los seis expulsados de CCH Naucalpan. Se declararon
incompetentes. Sin embargo, hemos visto que hay uno de los expulsados que ya
fue reinstalado en CCH Vallejo. En ese sentido, venimos a exigir que de igual
manera, se reinstalen a los demás compañeros. Si fue tan rápido el proceso en
un caso, pues nosotros también queremos que así de rápido atiendan a los demás
compañeros porque han venido a solicitar información sobre su caso y no se les
ha notificado de nada”.
Aunque la funcionaria insistió en que ninguno de
los estudiantes expulsados ha sido reinstalado, los activistas afirman que el
estudiante que se llama Hugo tiene credencial estudiantil de CCH Vallejo y
asiste a clases en la mañana.
En entrevista, un compañero explicó que en las
protestas del 1 de febrero, los estudiantes organizados fueron acusados de
destruir la Dirección del CCH Naucalpan y agredir a algunos de los
trabajadores, pero lo más probable es que alguien más haya aventado una molotov
contra la entrada. En cualquier caso, afirma, “aunque es cierto que hubo un incendio, éste duró poco tiempo hasta que
se acabó la gasolina y no causó ningún daño a la dirección excepto por una
mancha”. Sin embargo, diez estudiantes fueron detenidos y seis más
expulsados el 5 de febrero, también acusados de atacar a unos trabajadores del
CCH, “aunque los activistas sólo
intentaron defenderse después de ser fuertemente golpeados por ese grupo de
choque compuesto por profesores y trabajadores. Además, las autoridades
permitieron que agentes de la policía municipal de Naucalpan entraran en el
plantel en violación de la autonomía para golpear a los manifestantes”.
Una estudiante expulsada leyó un comunicado que
aclara que los problemas en Naucalpan no se limitan a este plantel y no
empezaron con las protestas del 1 de febrero, o con las subsecuentes
detenciones y expulsiones, tampoco con la toma de la Dirección General del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) del 6 al 20 de febrero. Por lo
contrario, dice, los abusos han ocurrido durante todo el mandato de Lucía Laura
Muñoz Corona, la directora general de todos los CCH. Ahora existe un clima
represivo y el despojo de espacios estudiantiles en los colegios, donde equipos
de seguridad se dedican a perseguir, difamar, espiar, golpear a la disidencia.
Las autoridades quieren deshacerse de los estudiantes anti-autoritarios que han
estado organizándose para echar abajo medidas como la excesiva vigilancia en el
plantel, la instalación de cámaras de seguridad y la imposición de modificaciones
neoliberales al plan de estudios, conocidas como “la reforma de 12 puntos”, entre otras cosas.
Dice el comunicado que “el caso concreto del CCH Naucalpan es el ejemplo de la exagerada
impunidad de quienes ostentan el poder en la universidad; directivos, personal
de confianza, trabajadores y académicos todos con el poder suficiente para
sentirse más y hacerse valer más que un estudiante, actúan sin que nadie pueda
hacer algo...”
Una compañera afirma que “es mentira lo que dicen los medios –que los compañeros no son
estudiantes, que venden droga y que son gente violenta y peligrosa-. Son estudiantes regulares que quieren
cumplir sus estudios pero ya han perdido tres semanas de clases. Exigimos su
reinstalación antes de que sufran más daños”.
Las y los estudiantes expulsados afirman que
continuarán con las protestas hasta que las demandas se cumplan.
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